El colapso del derecho y el retorno al patio trasero

Fernando Astudillo Becerra

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La gravísima agresión militar perpetrada en las primeras horas del sábado 3 de enero contra el territorio y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la cual incluyó bombardeos en centros urbanos y estratégicos como Caracas, La Guaira y Aragua, así como el secuestro y extracción forzosa de su presidente, no es solo un ataque contra un gobierno o un pueblo es una agresión directa a la convivencia internacional. EE.UU. ha decidido que el derecho y las leyes ya no importan.

Este acto constituye una regresión histórica, el imperio busca consolidar el unilateralismo más violento, quebrando los pilares básicos de la convivencia en la humanidad y sentando un nuevo precedente, de cómo puede, si quiere, atentar contra la seguridad de todas las naciones de América Latina y el Caribe. La acción militar ejecutada por Estados Unidos no encuentra amparo alguno en el marco legal vigente y representa una violación flagrante de las normas imperativas (ius cogens) que rigen a la comunidad internacional:

Se ha violado el Artículo 2, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas: "Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas".

Se ha quebrantado la prohibición expresa del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. No existe resolución del Consejo de Seguridad que autorizara tal despliegue.

Se ha violado el Principio de no Intervención: según lo establecido en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU, ningún Estado tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos o externos de otro. La pretensión de "juzgar" a autoridades extranjeras mediante una invasión militar ignora la inmunidad de jurisdicción y la autodeterminación de los pueblos.

"Todo Estado tiene el deber de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las naciones Unidas. Tal amenaza o uso de la fuerza constituye una violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y no se empleará nunca como medio para resolver cuestiones internacionales. Una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz, que, con arreglo al Derecho Internacional, entraña responsabilidad".

Se ha transgredido la Carta de la OEA violado los artículos 19 y 21, que declaran la inviolabilidad del territorio de un Estado frente a la ocupación militar o medidas de fuerza por parte de otro.

Los hechos en contra de Venezuela y su gobierno no solo agreden a un país, sino que certifican el estado de parálisis y obsolescencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se ha convertido en un foro de mera retórica, sin poder real: la ONU se ha transformado en un observador pasivo que se limita a emitir comunicados de "preocupación" mientras las grandes potencias ejecutan actos de guerra a plena luz del día. Su incapacidad para prevenir esta agresión demuestra que la seguridad colectiva es hoy una ficción jurídica.

La estructura actual, diseñada tras la Segunda Guerra Mundial, permite que el derecho internacional sea aplicado selectivamente. El derecho de veto y el peso geopolítico han convertido al Consejo en una herramienta para validar los intereses de unos pocos, dejando al resto de las naciones en un estado de indefensión absoluta.

Cuando una potencia puede invadir, bombardear y secuestrar mandatarios sin que existan mecanismos de freno eficaces, la ONU pierde su razón de ser. La paz mundial no puede depender de la voluntad de un solo gobierno; sin embargo, la inoperancia institucional ha permitido que volvamos a la "ley de la selva" o del más fuerte. El derecho colapsa frente a la fuerza.

Estados Unidos envía un mensaje claro: para ellos, nuestra soberanía y autodeterminación son ficciones que pueden ignorar a voluntad. La región está siendo tratada, una vez más, como un territorio de extracción y control, donde se siente con el derecho de intervenir directa o indirectamente en asuntos que solo competen a nuestros pueblos.

El silencio o la inacción de la comunidad internacional ante este ataque no es neutralidad, es complicidad en el desmantelamiento del orden jurídico global. La historia de las intervenciones militares de Estados Unidos está marcada por lo que diversos analistas y documentos desclasificados denominan "pretextos fabricados" o "narrativas de conveniencia", en chileno, grandes mentiras o distorsiones históricas, utilizadas por EE.UU. en los conflictos que provoca. Mencionemos solo tres ejemplos:

• México (1846): el presidente James Polk afirmó que México había invadido territorio estadounidense y derramado sangre tras un ataque a tropas de EE.UU. En la realidad, las tropas estadounidenses habían avanzado deliberadamente hacia territorio en disputa (entre el río Nueces y el río Bravo) que México consideraba suyo. Fue una provocación para forzar una guerra que permitiera la anexión de California y Nuevo México
• Vietnam (1964): el Incidente del Golfo de Tonkín El presidente Lyndon B. Johnson anunció que lanchas torpederas de Vietnam del Norte habían atacado dos veces a destructores estadounidenses en aguas internacionales. Documentos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), desclasificados décadas después, confirmaron que el ataque nunca existió. Fue una falsificación deliberada utilizada para obtener la resolución que permitió la escalada total de la guerra
• Irak (2003): invasión considerada por muchos analistas como la "madre de todas las mentiras" modernas, ya que perfeccionó el modelo de desinformación que hoy vemos repetirse en las denuncias sobre las razones del ataque a Venezuela. El gobierno de George W. Bush aseguró que Saddam Hussein poseía armas químicas y biológicas de destrucción masiva listas para ser usadas, y que tenía vínculos directos con Al-Qaeda tras el 11 de septiembre. Nunca se encontraron armas de destrucción masiva. Informes posteriores confirmaron que siempre supieron que no existían, toda una trama para justificar una decisión política de invasión que ya estaba tomada.

A EE.UU. le da igual el derecho internacional, pero no podemos sumarnos a su discurso, ni ponernos en su vereda si creemos efectivamente en la necesidad de paz, en la libre determinación y la soberanía de los pueblos.