La casta eran los trabajadores

Marisol Aguila Bettancourt

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El fin del trabajo como lo conocíamos, por los cambios de la estructura productiva en su paso de una economía industrial a una de servicios, se viene anunciando desde hace años, a lo que se suma el avance descontrolado de la automatización, nuevas tecnologías y una inteligencia artificial (IA) desregulada que está reemplazando puestos de trabajo a un ritmo desenfrenado.

Pero nada de eso es la principal amenaza al empleo en Argentina, si es que la Cámara de Diputados ratifica en marzo la regresiva reforma laboral que Milei logró aprobar en el Senado en media sanción (aprobación de una de las dos cámaras), con anuencia del bloque provincial alineado con gobernadores (que incluyen, contradictoriamente, a algunos peronistas) que nuevamente sucumbieron a las amenazas del gobierno nacional de recortarles financiamiento si no votaban a favor de sus proyectos.

En la misma línea comenzaba el gobierno de Milei en 2024, sin mayoría inicial en ambas cámaras, pero logrando -con la coacción a las provincias (es un régimen federal)- la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) aduciendo "circunstancias excepcionales", lo que implicó que los parlamentarios sorpresivamente votaran a favor de limitar su propias atribuciones legislativas y de permitir que el Ejecutivo legislara en materias que normalmente requieren aprobación del Congreso.

En ese momento, la central sindical más antigua de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT) lograba que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictara una medida cautelar contra el capítulo laboral del DNU, argumentando que no podía presumirse una correlación entre las dificultades económicas del país y las reformas laborales. Asimismo, la justicia laboral declaró la inconstitucionalidad de estas reformas que desregulaban el mercado del trabajo y limitaban derechos sindicales.

Dos años después, los sindicatos y la CGT (criticada por su tibieza frente a los despidos y retrocesos de los trabajadores, y la ausencia de un llamado activo a la movilización social) negociaron con el oficialismo y lograron mantener su facultad de cobrar aportes solidarios a los trabajadores, en una maniobra de corte más corporativista que defensora de los derechos laborales.

La reforma laboral de Milei, que alarmantemente tiene amplias posibilidades de aprobarse dada la estrategia de cooptación mileísta, es un brutal retroceso para la clase trabajadora argentina. Flexibiliza al máximo el mercado del trabajo con jornadas laborales que podrían llegar a 12 horas diarias que irían a un "banco de horas" (sin pago de horas extra), un salario "dinámico" y hasta pagado en especies, reducción de la remuneración en pago de licencias médicas, fraccionamiento de vacaciones, indemnizaciones en cuotas y cambios en su base de cálculo, ampliación de los servicios esenciales limitando la huelga, creación de un fondo para pagos de despidos con recursos patronales que antes iban a la seguridad social, pago en cuotas de las empresas a los trabajadores por condenas judiciales.

Lo más lamentable es que no son pocos los trabajadores (de plataformas, por ejemplo) los que ven en el proyecto de ley de "modernización laboral" una esperanza de entrar en el mercado del trabajo cuando salgan "los que no quieren laburar", cayendo en la retórica oficialista de que se terminará con el "negocio de la judicialización" (olvidando que el Derecho Laboral existe, justamente, para proteger a la parte más débil de la relación laboral, que es el trabajador) y que la reforma permitiría pasar a "blanco" (formalidad) a quienes están en "negro" (informalidad), que en Argentina superan el 40%.

De lo que no habla el relato mileísta es del aumento de la precariedad que representa la reforma laboral que desregula el derecho al trabajo y las conquistas de un movimiento sindical fuerte y de larga data como el argentino, que en su momento logró que el derecho a huelga tenga rango constitucional. No es casualidad que el proyecto surja desde el recientemente creado Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que supuestamente busca reducir el gasto público y aumentar la eficiencia del Estado, pero en realidad persigue desmantelarlo en favor del libre mercado, aunque con ello debiliten las políticas sociales y disminuya el bienestar de las y los trabajadores.

Nombres como el del ministro de esa cartera Federico Sturzenegger (procesado por megacanje de deuda en 2001); la actual senadora (que coordina desde el Congreso la reforma laboral) y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich; o el ministro de Economía, Luis Caputo (que ha endeudado reincidentemente a la Argentina con el FMI en distintos gobiernos) se repiten en la historia argentina desde los tiempos del escapado en helicóptero De la Rúa (que llevó a la grave crisis institucional del 2001), del corrupto Menen o del impune Macri, que en sus gestiones buscaron desmantelar la matriz socio política y económica argentina.

Además de los jubilados que han visto disminuir dramáticamente su pensión, la casta finalmente eran las y los trabajadores argentinos, que en los dos años del gobierno de Milei han perdido 300 mil empleos asalariados registrados, han sufrido el aumento de la canasta básica, la baja del consumo producto de la contracción económica y el freno a la obra pública, el cierre de más de 21 mil empresas pequeñas y medianas, y una inflación que no refleja el aumento del costo de la vida (el Indec aún no actualiza la obsoleta forma de medir la inflación, por lo que renunció su director). Una reforma a todas luces regresiva para los derechos laborales de una Argentina viviendo el loop de una crisis económica eterna.

Los entramados y estrategias del gobierno de Milei deben leerse como una alerta para el caso chileno durante el próximo gobierno de Kast, que en campaña logró instalar el relato de que "Chile se cae a pedazos" (cuando todos los indicadores económicos dicen lo contrario) y que se requiere un "gobierno de emergencia" (un símil de la argentina "circunstancias excepcionales"), que peligrosamente podría servir de argumento a estados de excepción legal y constitucional.

En materia laboral, el ya desregulado mercado del trabajo chileno -que sigue bajo los principios del Plan Laboral de José Piñera impuesto en dictadura-, se podría enfrentar a políticas como las enunciadas por Kast de mayor flexibilidad aún (actualmente las "necesidades de la empresa" como razón de despido injustificado son el pan de cada día) porque supuestamente "las políticas asistencialistas han destruido el mercado laboral", que incluyen -entre otras- una indemnización a todo evento en cuenta individual, una medida peligrosamente inspirada en la agenda desmanteladora de Milei.