El grito silencioso de Honduras

Mientras la autoridad electoral de Honduras legitimó desesperadamente el pasado 17 de diciembre el fraude de las presidenciales de noviembre, la OEA llama ahora a repetir las elecciones.

El problema de Honduras no son solo los hechos gravísimos de estas semanas y de esta década. El problema dramático real de Honduras es el terrible vacío comunicacional en que ha caído frente al resto del planeta. El país de más muertes violentas por 100 mil habitantes del mundo; gran centro de tráfico de drogas en las narices de una de las bases militares estadounidenses más grandes de Centro América; el único país que ha sufrido en el nuevo siglo un golpe de Estado exitoso al más estilo tradicional de los setenta; y el que ha sido golpeado por fraude electoral sistemático en las últimas dos elecciones, parecer ahogarse en la indiferencia casi total de la comunidad internacional.

Pareciera que el país está a la deriva total, sin ningún gesto concreto de reforma institucional realmente constructiva impulsada por su padrino forzado, los Estados Unidos.

La OEA admite la existencia de irregularidades electorales

Honduras tiene la palabra “escándalo” en cada rincón de su golpeada institucionalidad. En una cadena de hechos que comería cientos de páginas, todo comienza con las recientes elecciones, donde organismos como la OEA han enumerado una enorme cantidad de irregularidades en el conteo electoral.

Primero, el candidato Salvador Nasralla iba ganando por 5 puntos, para luego, tras cortes sorpresivos del sistema computacional y del conteo electoral, aparece el presidente de facto Juan Orlando Hernández ganando por 40 mil votos. El caso de Hernández raya en lo cómico: tras el enorme escándalo en que su presidencia ha caído, apareció tras las cámaras anunciando su triunfo y destacando lo “impecable” del proceso. La verdad, impresionante.

Es común escuchar de actores relevantes de la política hondureña sobre cómo dan por hecho que se manipularon directamente las actas electorales en la anterior elección, sufragio que (si todas estas denuncias son ciertas) fue efectivamente ganado por Xiomara Castro. Lo dicen así, casual y abiertamente, por supuesto, sin una base legal concreta. Son conversaciones de pasillo. Pero ahora en la reciente elección los rumores volvieron con más fuerza hasta convertirse en hechos concretos que incluso la OEA no pudo ignorar.

Esta vez, se procedió a un modus operandi similar, a vista y paciencia de la nutrida presencia de observaciones electorales. Atraso crónico del conteo, corte sorpresivo del sistema computacional, resultados opuestos a los que el conteo parcial venía mostrando. El mismo escenario: miles de actas electorales sospechosas que tanto en 2013 como ahora en 2017 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se niega nuevamente a corroborar. Por ejemplo, más de 5 mil actas que la OEA denuncia no fueron transmitidas por el TSE la noche de las elecciones. Hecho grave imposible de ocultar.

El caso de la OEA es sui generis. Potenciada la energía personal de su secretario general Luis Almagro con su campaña específica contra el gobierno de Venezuela, en el caso del escándalo concreto de Honduras, Almagro permaneció en silencio hasta el 6 de diciembre, cuando en un comunicado tuvo que formalizar las denuncias de irregularidades electorales y abrió la posibilidad de exigir nuevas elecciones.

Frente a lo absurdo y evidente del fraude electoral, en un hecho histórico, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA había reconocido días antes que tras el conteo fraudulento, no podía ratificar ganadores. Pero estas palabras han tenido poco eco a nivel comunicacional continental.

La OEA debiera ejercer con una extraordinaria fuerza toda la presión de la que es capaz, y de la que ha dado grandes demostraciones en la campaña personalísima de Almagro contra el gobierno de Venezuela. Pero el fraude en Honduras es tan escandaloso, que Almagro no tendría absolutamente ningún problema de legitimidad moral si quisiera ejercer tan solo una parte de la energía que desplegó contra la Presidencia de Venezuela.

Lo mismo con las agencias de cooperación internacional. Es su obligación moral y profesional ejercer toda la presión de la que son capaces, considerando todo el dinero que envían a Honduras, para que la elección fraudulenta de noviembre se anule y convocar a nuevas elecciones, esta vez con control férreo del proceso para evitar un nuevo fraude.

No importa quien sea el ganador en Honduras, el candidato de izquierda o de derecha. Pero se debe respetar de forma sagrada la voluntad de los electores.

Basta con escarbar mínimamente en la clase política e institucional de Honduras (una conversación informal de sobremesa, una cena de trabajo, una entrevista académica), y el olor ácido de la corrupción emana inmediatamente. Todo se sabe, todos lo saben.

La información es tan concreta, tan abiertamente obvia, que el observador internacional siente un gusto extraño en el paladar pensando en que los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, los funcionarios de la OEA, los expertos de las agencias de cooperación internacional, acceden diariamente a las mismas conversaciones, a las mismas revelaciones escandalosas. ¿Por qué la inacción?

Algunas pistas. Meses antes, entrevistando al ex presidente derrocado, Manuel Zelaya, le preguntaba: “Todos analizamos las causas del golpe contra su gobierno, pero ¿por qué cree usted mismo, Presidente, que lo derrocaron?”

Zalaya me respondió con firmeza, rápidamente. “Por Cuba y por Venezuela”, me señaló. Se refería a que no lo sacaron a la fuerza del cargo elegido por las urnas debido el tema de la Asamblea Constituyente que él impulsaba, o la lucha por reformar la Constitución y permitir la reelección presidencial. Esa es la versión oficial de quienes propiciaron el Golpe.

Zelaya da en el clavo cuando señala que la clase política y financiera hondureña, intacta en el poder por ya un par de siglos, nunca permitirá que un gobierno reformista (de izquierda o de derecha, pero principalmente progresista según los últimos hechos), sobreviva en Honduras.

Mucho menos inspirado por el bolivarianismo chavista o castrista, al que identifican como el enemigo del modelo socio-político y económico que garantiza su situación de privilegios.

La estructura política de Honduras, enquistada en el poder empresarial del país, es un constructo rígido que nunca ha sido reformado por una revolución popular, guerra civil o proceso de independencia y reformismo colonial como en el resto de las Américas.

En ese sentido, la estructura social de Honduras vive cercana a un neofeudalismo que se niega a democratizar el acceso al poder, y que se opone rabiosamente a la integración de nuevos grupos sociales y políticos.

Tiene razón Zelaya, que proviene del área latifundista de Honduras, por tanto, era hombre de la elite tradicional, para gran sorpresa de su ex sector, pues a pocos años de derrocarlo, la propia derecha del Partido Nacional y de Juan Orlando Hernández procedió, nuevamente a vista y paciencia de la OEA, de EEUU y de la comunidad de ayuda internacional, a autorizar su propia reelección a través de una Corte Suprema nombrada a dedo por el propio presidente Hernández.

Sin reforma constitucional. Sin plebiscito. Sin Golpe de Estado. Sin escándalo mundial. La verdad, un hecho difícil de comprender. Silencio de la comunidad internacional.

Todos los organismos y actores nacionales e internacionales que condenaron la consulta plebiscitaria de Zelaya para preguntar al pueblo hondureño sobre reformar a la Constitución y permitir la reelección en 2009, mantuvieron un férreo silencio cuando el propio presidente Hernández hizo lo mismo en 2015.

No hubo condena desde la OEA, no hubo amenazas de aplicar la Carta Democrática, ni amenazas de suspensión del Consejo Permanente. EEUU no castigó a los miembros de la presidencia de Honduras con sanciones económicas ni suspendió las visas de viaje. Ningún efecto notorio.

No es primera vez que la golpeada Constitución de Honduras es mancillada sin tapujos, de acuerdo a la voluntad de la elite en el poder. El país ejerce un enorme escándalo institucional cada año, autorizando antes al golpista Roberto Micheletti a ser precandidato presidencial, pese a estar clara y literalmente inhabilitado (los presidentes del Congreso no podían ser presidenciables). Pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema simplemente desconoció a la misma Constitución, y lo autorizó. Reforma a dedo por decreto.

Hay hechos de esta década pasada que rayan en el absurdo. La misma Sala Constitucional impidió en 2008 que el vicepresidente Elvin Santos pudiera ser precandidato presidencial, por considerarlo inhabilitado debido a que ejerció la presidencia transitoriamente cuando Manuel Zelaya salía del país.

En la campaña de primarias, Santos encontró una solución delirante. Nombró a Mauricio Villeda como su candidato-representante, divulgando a través de los medios de comunicación que la gente votara por Villeda, pues eso implicaba que estaban votando por él, dentro de la competencia en el Partido Liberal. Si ganaba Villeda, entonces él sería el candidato. Sorprendente.

El tema de EEUU es capítulo aparte. El país del norte ha gastado en Honduras la impresionante suma de 1.213 millones de dólares desde 2005 a 2016 (fuente, USAID). Estados Unidos tiene en ese territorio una de las bases militares más grandes de Centro América, Palmerola, la misma donde se detuvo el avión que se usó para expulsar a Zelaya del país en el Golpe de Estado de 2009.

Los fondos de EEUU del área de la seguridad llegan de forma generosa a las fuerzas armadas y a la policía. Y pese a todo este marco de ayuda internacional, Honduras está hundido, ironías de su nombre, en una situación crítica de seguridad con un claro componente de crisis humanitaria.

Miles de hondureños son asesinados cada año (60 a 88 asesinatos por 100 mil habitantes, según las fuentes, una de las tasas más altas del planeta). La mafia de las drogas se confunde con el Estado y las instituciones de forma más profunda que en México. La policía es temida incluso por los propios fiscales y ministros, y las pandillas aterrorizan a la población en cada rincón del país.  He sido testigo de cómo abogados funcionarios del Poder Judicial no se identifican frente a los agentes de seguridad en las calles para no caer víctimas de posibles emboscadas filtradas por los propios policías.

Es decir, en un hecho que no tiene explicación, la inyección de recursos de EEUU a la policía y a las fuerzas armadas de Honduras, las mismas que derrocaron a Zelaya, no está condicionada a resultados. Las mafias de las drogas, las pandillas y los asesinatos continúan sin tapujos, sin que los cientos de millones de dólares gastados tengan efecto alguno. Y con base militar estadounidense a pocos kilómetros de la capital del país. Otro escándalo que parecer no permear los pasillos en Washington DC.

La población de Honduras es tan crónicamente pobre, que el viajero puede encontrar adultos en estado grave de desnutrición, como vi personalmente en la Montaña de la Flor, donde sobreviven vestigios de tribus indígenas.

En esa zona, hasta la policía come una vez al día, y la población pasa a veces más de una jornada sin alimentos. Según el Banco Mundial, un 66% de los hondureños vive en la pobreza. Una mancha social enorme para todas las Américas. Una vergüenza para la elite financiera hondureña.

Todo este espectro de realidades sociales es producto de una realidad política dañina y tóxica contra la población hondureña, realidad que emana de la propia clase política en el poder, apoyada, a veces simplemente por inacción, por EEUU, la OEA y la cooperación internacional.

Pareciera que el experimento de izquierda de Zelaya radicalizó enormemente a estos tres estamentos, y han decidido simplemente mirar hacia el costado frente al reciente fraude electoral, con tal de mantener el status quo más conservador.

Ya van varios ex presidentes de Centro América con procesos judiciales por corrupción flagrante luchando por escapar de la cárcel.

Según demuestran las irregularidades electorales denunciadas por el informe de la MOE de la OEA, Hernández ha ganado de forma viciada algunos años de protección en el poder, pero si los rumores de las conversaciones de sobremesa en Tegucigalpa o San Pedro Sula son ciertos, los días de impunidad están contados.

Eso, en un escenario donde una posición ética y legítimamente moral de la comunidad internacional así lo decida.