Alertas de riesgos en uso de recursos fiscales

Hace unos días, el gobierno del Presidente Kast puso en conocimiento de los chilenos el Primer Informe de Inspección Total al Estado de Chile, donde se identifican ocho alertas de riesgo en el uso de recursos fiscales. Este Informe fue elaborado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y corresponde a una revisión al uso de los recursos fiscales en más de 500 servicios públicos entre el año 2025 y el 10 de marzo de 2026.

En él trabajaron más de mil auditores internos, para poder decirle con claridad a la ciudadanía cómo se gastó cada peso público en ese período, cumpliendo con el compromiso del Gobierno en orden avanzar con la mayor rigurosidad y asegurar el cuidado de los recursos públicos de todos los chilenos. Más allá de las alertas de riesgo detectadas, es importante señalar que esta información, marca un punto de inflexión en la discusión sobre la capacidad real del aparato público, para responder a las demandas ciudadanas y ejecutar con eficacia un programa de gobierno ambicioso.

Uno de los principales hallazgos del informe es la fragmentación del Estado, lo que permitió detectar superposición de funciones; una débil coordinación interministerial y la proliferación de programas con objetivos similares, todo lo cual generan ineficiencias que no solo encarecen la gestión pública, sino que también diluyen la responsabilidad política.

Este diagnóstico plantea un desafío directo para cualquier administración que aspire a implementar reformas profundas en plazos acotados y en el contexto del programa de gobierno del Ejecutivo, las conclusiones del informe adquieren especial relevancia. Su propuesta, centrada en orden, eficiencia y reducción del tamaño del Estado, encuentra en este diagnóstico un respaldo parcial, pero también una advertencia: reducir estructuras sin resolver los problemas de coordinación o sin fortalecer capacidades estratégicas, podría agravar las fallas detectadas en lugar de solucionarlas.

Por otro lado, el documento subraya la debilidad en los sistemas de control y evaluación. La falta de condiciones de medición claras y de mecanismos de seguimiento oportunos dificulta medir el impacto de las políticas públicas. Para un gobierno que ha enfatizado la necesidad de resultados concretos y medibles, este punto resulta crítico porque si no hay una rápida modernización de estos sistemas, cualquier intento de mostrar avances podría quedar en meras percepciones.

Otro aspecto que nos parece clave es la gestión de recursos humanos en el Estado. Se detectaron situaciones tales como más de 1.000 contrataciones nuevas suscritas entre julio de 2025 y febrero de 2026, con compromisos fiscales de mediano y largo plazo y la incorporación de más de 2.500 funcionarios a las plantas de servicios en los últimos meses de 2025, situaciones que evidentemente aumentan significativamente el gasto público.

A lo anterior se suma la rigidez en los sistemas de contratación, lo que unido a la baja movilidad interna y la escasa capacitación continua, contribuyen a limitar la adaptabilidad del aparato público y por lo tanto, tensionar la implementación de reformas que requieren equipos técnicos altamente especializados y capaces de responder con rapidez a contextos cambiantes.

Coincidimos plenamente en que las implicancias políticas del informe son claras: no basta con definir prioridades o ajustar presupuestos. Se requiere una estrategia integral de modernización del Estado, que combine eficiencia con fortalecimiento institucional y acá el reto del Gobierno es equilibrar su énfasis en la reducción del gasto, con la necesidad de invertir en capacidades estatales críticas.

En definitiva, el Informe no solo describe falencias, sino que también delimita el campo de acción del Gobierno. La viabilidad de sus propuestas dependerá, en gran medida, de su capacidad para traducir este diagnóstico en reformas estructurales coherentes, sostenidas en el tiempo y políticamente viables. No hacer caso de estas señales implicaría, a mi juicio, correr el riesgo de que las expectativas generadas vuelvan a chocar con la realidad de un Estado que hoy muestra claros signos de agotamiento.