La urgente necesidad de detener el desmantelamiento de los campamentos en Jenin y Tulkarem
La decisión del 9 de junio de 2025 por parte de las autoridades de ocupación israelíes, de demoler aproximadamente 100 edificios en el campamento de refugiados de Jenin -además de una orden previa que apuntaba a otras 96 estructuras- representa una peligrosa escalada en la campaña en curso para borrar la presencia y la identidad palestinas. Según los informes, las demoliciones comenzarán en un plazo de 72 horas. Una vez finalizadas, el campamento de Jenin dejará de existir. Será fragmentado y reclasificado como bloques residenciales absorbidos por la trama urbana de la ciudad de Jenin.
Este hecho no es simplemente una cuestión administrativa o de infraestructura: es profundamente político, simbólico y estratégico. La eliminación planificada de los campamentos de Jenin y Tulkarem antes de que finalice este año representa una amenaza sin precedentes para la memoria histórica y colectiva de la experiencia del refugiado palestino.
Campamentos como el de Jenin no son meramente zonas residenciales; son símbolos duraderos de desplazamiento, resistencia y de la cuestión aún no resuelta del derecho al retorno. Su destrucción es un ataque no solo a los hogares, sino al propio relato de la identidad palestina.
La decisión del gobierno israelí de demoler estructuras residenciales en los campamentos de Jenin y Tulkarem constituye un nuevo crimen que se suma a una larga lista de violaciones contra el pueblo palestino. La orden más reciente de demoler un centenar de viviendas en Jenin evidencia un desprecio flagrante por el derecho internacional y los derechos humanos. Atacar campamentos de refugiados con destrucción y desplazamiento no puede justificarse bajo ningún pretexto. Es un intento calculado de quebrar el espíritu de un pueblo que jamás renunciará a su derecho a la vida, la dignidad y la patria.
Esta no es la primera vez que el campamento de Jenin enfrenta una campaña sistemática de demolición y desplazamiento. El 21 de enero de 2025, las fuerzas de ocupación israelíes lanzaron la operación "Iron Wall" en el campamento de refugiados de Jenin, adyacente a la ciudad del mismo nombre. En febrero, la operación se expandió para incluir los campamentos de refugiados cercanos a la ciudad de Tulkarem, en el oeste de Cisjordania -específicamente los campamentos de Tulkarem y Nur Shams-. En los primeros días de esta ofensiva, el ejército israelí ordenó la evacuación total de la población residente en dichos campamentos, los cuales hasta el día de hoy permanecen completamente vacíos.
Según datos proporcionados por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), aproximadamente 40.000 personas fueron desplazadas de estos campamentos y actualmente se encuentran alojadas en pueblos cercanos o en las ciudades adyacentes de Jenin o Tulkarem. Estos hechos evidencian que la actual decisión de demoler los campamentos no es un evento aislado, sino parte de una estrategia militar planificada para borrar la identidad colectiva y la memoria histórica de la población refugiada palestina.
Las implicancias simbólicas, históricas y estratégicas del desmantelamiento de los campamentos son enormes. Se trata de borrar una realidad que ha sido testimonio vivo de la injusticia no resuelta que enfrentan millones de refugiados palestinos. No se trata solamente de edificios: se trata de silenciar la memoria, disolver reivindicaciones políticas y reescribir la historia por la fuerza.
Estas demoliciones se suman a las múltiples tragedias que han soportado los refugiados durante décadas, personas que han vivido generación tras generación en estos campamentos durante 77 años, sosteniendo la esperanza de una solución justa y duradera. Al arrasar los campamentos, no sólo se destruyen los espacios físicos que guardan estas historias, sino que también se transmite el mensaje de que no habrá solución para su sufrimiento, negándoles incluso la perspectiva de un futuro digno y justo.
Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos de Naciones Unidas, a las organizaciones de DD.HH. y a los Estados con conciencia a actuar de inmediato. Prevenir esta eliminación no es solo una obligación moral; es un paso indispensable para preservar las bases de una paz justa y duradera.
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