Para quienes defendemos y respetamos la democracia como un principio básico de la convivencia humana, hace rato que el régimen chavista encabezado por Nicolás Maduro había devenido en una dictadura, subyugando al pueblo venezolano, sometiendo a millones de ellos al hambre y la miseria, y a otros tantos millones a salir de su país para buscar mejores oportunidades.
En concreto, un régimen que a lo menos merecía ser calificado de autocrático, que se legitimaba con elecciones carentes de transparencia y control externo al gobierno, que maneja a su antojo a las Fuerzas Armadas, a la Asamblea Nacional, el Poder Judicial y al Consejo Electoral. Toda la institucionalidad capturada por quienes detentan el poder hace dos décadas.
De hecho, gran parte de los países de la región y el resto del mundo que abrazan la democracia, incluyendo a Chile, ha evitado referirse al gobierno de Maduro como una dictadura, y han preferido mantener los canales diplomáticos abiertos, pese a las flagrantes y continuas vulneraciones a los derechos humanos de los venezolanos por parte de Maduro y sus secuaces.
Pero tras las elecciones de este domingo algo cambió. Las contundentes señales de que las elecciones fueron un fraude, entre otras razones porque no se permitió el ingreso a Venezuela de observadores internacionales que no fueran afines al régimen, las trabas impuestas para que un gran número de venezolanos dentro y fuera del país no pudiesen votar y la no entrega de las actas oficiales de la votación dan cuenta de que el resultado dado a conocer por el gobierno es una gran mentira.
En concreto, el régimen y Maduro se graduaron oficialmente de dictadura, y aquellos que digan lo contrario están siendo cómplices y aliados de esa dictadura. Este estatus oficial obliga al resto de los países democráticos de la región y del planeta a adoptar medidas concretas y contundentes para presionar la dimisión de los jerarcas venezolanos y así terminar con este aberrante régimen.
La decisión de Maduro de expulsar a los representantes diplomáticos de varios países del continente que no reconocieron su manipulado triunfo, es otra muestra contundente de la tiranía que gobierna a Venezuela, y que ahora comienza su fase de aislación total de la comunidad internacional, validado sólo por regímenes que siguen su misma línea.
Permitir que el dictador se mantenga en el poder de manera ilegal e ilegítima hasta 2031 no sólo supone profundizar la condena que pesa injustamente sobre el pueblo venezolano, sino que también ahondará la crisis migratoria que afecta a toda la región y la transnacionalización del crimen organizado que ha impulsado el régimen de Maduro.
El pueblo venezolano ha dado muestras de coraje al ir a las urnas pese a todas las amenazas de las que fue víctima por parte de la tiranía, y ese coraje debe ser apoyado por las naciones democráticas hasta lograr que se restablezca la democracia en el país caribeño, para que vuelva a ser el lugar próspero que era antes de que cayera en las garras de la izquierda radical, que ha impuesto un yugo hasta ahora infranqueable.
En esa línea, el Presidente Boric debe ser consistente con los principios democráticos que dice defender, dejando de lado posiciones tácticas para no incomodar a sus socios del Partido Comunista, y lidere las expresiones de repudio y medidas concretas para rechazar esta nueva pulsión antidemocrática de la dictadura chavista.
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