En estos primeros meses de Donald Trump como presidente, su agenda ha decantado en una serie de gestos tan negativos, que han provocado un ciclo enorme de pesimismo no solo en el área política y constitucional, sino también en la forma de un costo moral que parecía imposible de profundizar tras los hechos de sangre en Charlottesville y la respuesta vacilante del millonario frente al supremacismo blanco. En estas últimas dos semanas, fuera de la histórica inundación en Texas donde nuevamente Trump apareció débil comunicacionalmente mintiendo sobre su presencia real en la zona de más daño, ocurrieron dos hechos relacionados con el tema de la inmigración, que se potencian simbólicamente uno sobre otro.
Primero, el pasado 25 de agosto Trump procedió a protagonizar un hecho gravísimo: usó su derecho a indulto (totalmente legal) para perdonar un crimen que afecta a la propia institucionalidad del país. Trump indultó al sheriff Joe Arpaio, quien estaba a punto de recibir condena por negarse a cumplir una orden ratificada ante la propia Corte Suprema, que lo obligaba a terminar su práctica de arrestar indiscriminadamente a latinos en su jurisdicción en Arizona bajo la mera sospecha de ser inmigrantes indocumentados.
Por lo tanto, Arpaio fue arrestado y procesado por no cumplir una orden judicial, que intentaba frenar sus actividades discriminatorias. El ex sheriff, quien finalmente perdió su reelección en el condado de Maricopa en Arizona (algunos jefes policiales son elegidos por los votos de los ciudadanos), siempre ha estado marcado por la polémica. Ha enfrentado una enorme cantidad de procesos judiciales, por una amplia variedad de crímenes y faltas administrativas, incluyendo mala conducta policial, abuso de poder, mal uso de fondos públicos, manejo impropio de procesos judiciales y de investigaciones de crímenes sexuales, además de violaciones electorales.
Según ACLU, la organización más importante en el tema de los derechos civiles, “el indulto a Arpaio es un apoyo presidencial al racismo”, que beneficia a un personaje que sólo recibió la defensa de los conservadores radicales anti-inmigrantes, de los que se hizo eco Donald Trump durante la campaña electoral, y que tuvo a ambos hombres codo a codo en varios eventos proselitistas.
Al igual que en otras numerosas decisiones de Trump, ese apoyo va totalmente en contra del sentimiento nacional. Un 60% de los estadounidenses, según un sondeo de NBC News, reprueba el perdón presidencial.
El indulto envió dos mensajes clarísimos a los tribunales federales y a la Corte Suprema: las leyes están por debajo de las decisiones políticas de la Presidencia, y el hecho de que un sheriff desacate una orden de la Corte Suprema está dentro de lo permisible.
El análisis de este indulto profetiza una posibilidad hasta ahora inimaginable, pero totalmente posible, que Trump podría indultar también a quienes sean acusados de traición u otros crímenes si se comprueba que sus asesores se coludieron con el gobierno ruso durante la campaña presidencial de 2016. Esto incluye la posibilidad teórica de que Trump se indulte a sí mismo, lo que increíblemente es posible legalmente. Lo de Arpaio, en ese contexto, es solo un ensayo.
Hoy Trump ha completado el círculo, anunciando a través de su ministro de Justicia, Jeff Sessions, el comienzo del proceso de desmantelamiento del llamado DACA, el programa creado por Obama por decreto, que otorga residencia temporal y autorización laboral a los hijos de indocumentados que llegaron al país siendo niños, y que han permanecido por años en el limbo legal.
Han sido 800 mil los llamados “dreamers”, o “soñadores” que se beneficiaron del programa, que evita la deportación y legaliza una infinidad de realidades de estos llamados “ciudadanos culturales”, quienes pese a no haber nacido en el país, han sido criados como cualquier otro estadounidense. Sueñan con acceder a la educación y a un empleo como cualquier otra persona.
Republicanos y demócratas han entendido que deportar a estos niños, ahora jóvenes y adultos que han vivido toda su vida en este país y que no tuvieron ninguna oportunidad de decidir su destino, sería un inimaginable exilio a países que la mayoría nunca ha siquiera visitado, entre ellos Honduras, México, El Salvador y Guatemala, entre otros. Muchos ni siquiera dominan el idioma español.
Y la clase empresarial, de la que se supone Trump se siente parte, también ha repudiado fuertemente la medida. Microsoft señaló en un comunicado de prensa que apoyará con todos los recursos necesarios las defensas legales de sus empleados. “El gobierno va a tener que pasar por sobre nosotros” si busca afectar a los 39 soñadores que ha contratado, señala el documento.
Facebook también se unió al rechazo. Su CEO en persona, Mark Zuckerberg, dijo que "este es un triste día para nuestro país. La decisión de terminar DACA no es solo equivocada. Es particularmente cruel ofrecer el sueño americano a jóvenes, animarlos a salir de las sombras y confiar en nuestro gobierno, y luego castigarlos por eso”.
Lamentablemente para Trump, los “soñadores” se han transformado en un grupo de gran simpatía nacional, que simboliza el deseo puro de superación social y que no tiene el “pecado original” que para lo conservadores es tan importante.
Ellos no rompieron la ley de inmigración en el mismo mérito como sus padres, son inocentes de culpa y víctimas de una situación que nunca controlaron.
Por eso es que las encuestas son claras; según un sondeo del periódico Político, uno de los más importantes de Washington DC, un 74% de quienes votaron por Trump apoya la legalización de los “soñadores”. Y un 64% de la población general aprueba darles estatus legal, según otra encuesta de NBC.
El hecho de que 2 de 3 estadounidenses apoya alguna forma de legalización habla sobre el ambiente sombrío que rodeó el anuncio de Sessions de este martes, un personaje del sur de EEUU que tiene una posición dura contra los inmigrantes.
Fue especialmente irónico escuchar las razones dadas por Sessions, representando el deseo de Trump, citando las normas legales o la base constitucional del país para justificar la persecución policial que comenzará contra 800 mil almas jóvenes que en este momento están en el plano público laborando como soldados de las Fuerzas Armadas, estudiando en las universidades, trabajando en cientos de miles de empresas del país, criando hijos ellos mismos, ya ciudadanos de nacimiento.
Dar razones relacionadas con el cumplimiento de la ley, cuando Trump acaba de indultar justamente a un sheriff condenado por desacato a la misma tradición legal que el gobierno defiende, para atacar a continuación a niños y adultos jóvenes víctimas de un sistema de inmigración disfuncional y politizado, es equivalente a matar a los sueños.
Y no hay nada digno respecto a eso.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado