El caso Soria y el doble rasero de la justicia española

El eventual sometimiento a proceso de siete ex responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España por su supuesta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria, representa una histórica decisión que, paradojalmente, alegra y sorprende al mismo tiempo.

Como sabemos, Carmelo Soria, fue brutalmente torturado y asesinado en las mazmorras del pinochetismo en1976.

Con él se ensañaron de manera alevosa y cobarde. Fue salvajemente castigado y luego lanzado al canal “El Carmen” en los extrarradios de Santiago de Chile, con el burdo propósito de simular un accidente de coche. El cuerpo, además de las horribles torturas, presentaba una fractura de columna presuntamente a raíz de un artero golpe de karate perpetrado por uno de sus celadores. Todo un símbolo de la ignominia del genocidio chileno.

A pesar de la obstinación de la familia y de organizaciones de DD.HH. nunca fue posible hacer justicia en Chile y el caso finalmente cerrado en el 2010, luego de varias revisiones tras la llegada de la democracia.

Simplemente, según la justicia chilena “el delito estaba amparado en la Ley Amnistía”, decretada en 1978 por la propia dictadura militar (una "ley maldita" que nunca se ha intentado seriamente derogar). Todo un símbolo de la impunidad y negación de justicia en Chile.

A pesar de que, en su momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció contraria a su aplicabilidad, señalando al gobierno de turno, que en este caso no era posible aplicar dicha ley (de impunidad) dado que Soria era funcionario de la CEPAL, un organismo internacional.

Su bella e infatigable hija, Carmen Soria, como es natural y tras conocer la noticia sobre la orden dictada por la justicia española, declaró a los medios de comunicación que "me emociona que el país en el que nació mi padre y del cual él, por la Guerra Civil, tuvo que salir, sea el que reivindique y haga justicia a sus asesinos". Por su parte, Alfonso Insunza, su abogado, señaló que lo que no se hizo en Chile, “lo está haciendo España”.

Pero, ¿estamos hablando del mismo país? ¿Aquel que ostenta el dantesco record de tener el mayor número de fosas comunes del mundo después de la Camboya de Pol Pot? Con más 115 mil detenidos desaparecidos y 300 mil ejecutados políticos, para no hablar del esclavismo, el secuestro de niños y del exilio que supuso el holocausto español.

¿Estamos hablando de la misma justicia que defenestró al Juez Garzón por intentar juzgar todos estos crímenes?

¿De la misma justicia que haciendo mutis por el foro dejó sin contestar los recientes requerimientos de la jueza argentina Servini de Cubría en los cuales pedía información por los ex ministros vivos del franquismo?, como entonces lo estaba el “ejemplar” demócrata Fraga Iribarren.

¿Con los mismos jueces que se inhiben de impartir justicia por incompatibilidad con el juramento de lealtad que hicieran a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional (incluido el mismísimo juez Varela) y que han motivado recientes denuncias en tribunales internacionales contra el monarca Borbón y su reinado por negación de justicia?

Por lo que cabría preguntarse, finalmente, ¿cómo se entiende este doble rasero?

Y ¿quién hará (justicia) por todas las víctimas españolas lo que no ha hecho España?

Todo parece indicar, a juzgar por quiénes están detrás, que la respuesta estará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también denominado Tribunal de Estrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos  por la consecuencia y dignidad de quienes están verdaderamente detrás de todo esto, al igual que en el "caso Soria", la Fundación Presidente Allende, dirigida por Joan E. Garcés.