El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas

Jaime Gajardo Falcón

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Entre los más importantes proyectos que este Ministerio de Justicia impulsa ante el Congreso Nacional, y cuyo contenido se encuentra ya en sus etapas finales de aprobación, está el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

Se trata de una iniciativa largamente esperada, un desafío y un tema siempre presente que administraciones anteriores de diferentes signos políticos han tenido en carpeta, y que por fin verá pronto la luz, fruto de importantes acuerdos transversales y gracias a los esfuerzos que esta administración hizo por dotarla de mayores recursos para hacerse cargo verdaderamente y con buenos estándares, de las tareas que la ley le establece.

Entre estas, apoyar el acceso a la Justicia de todas y todos los ciudadanos y entregar orientación, asesoría, representación jurídica y asistencia psicosocial a las víctimas de los delitos que ocasionan socialmente más daño. Por ello se concibe en el nuevo servicio de acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, varias clases de prestaciones, que van más allá de la atención, información y representación jurídica, destacándose las prestaciones de psicosociales especialmente para víctimas de delitos.

Hoy, ad portas de que se concrete esta nueva institucionalidad, su ley y sus políticas públicas asociadas, decimos que, si bien hemos avanzado al lograrlo, el desafío recién comienza y para ello se requerirá esfuerzos técnicos y operativos importantes, tanto del nuevo servicio público como de los demás actores institucionales del sistema.

Este servicio contará con la valiosa experiencia de las Corporaciones de Asistencia Judicial que, desde varios años tienen a su cargo, a través de profesionales y egresados de Derecho, la asistencia a personas de escasos recursos. El nuevo servicio permitirá a las y los ciudadanos acceder a la justicia de forma más amplia, con prestaciones profesionales que viabilizarán las condiciones para acceder a la justicia.

El servicio, asimismo, se hará cargo de la representación y asistencia psicosocial, en caso de grupos especialmente vulnerables como los niños, niñas y adolescentes, tanto respecto de aquellos que sufren graves vulneraciones como que de quienes por disposición de los tribunales deban ser representados judicialmente, tal como lo establece nuestra ley de garantías de los derechos de la niñez y la adolescencia y las convenciones internacionales al respecto.

En cuanto a la defensa de las víctimas de delito, se constituye la Defensoría de Víctimas que concentra los programas públicos con la mayor cobertura y experiencia en estas defensas, potenciándola además con una cantidad importante de recursos tecnológicos y profesionales para dar a las personas el apoyo jurídico y sicosocial requerido ante la ocurrencia de graves delitos. Se trata de que las personas no deban acudir a sucesivos lugares o programas buscando apoyo, y puedan encontrar todas las prestaciones principales que, en cuanto víctimas, necesitan. Hoy a través de dos programas se atiende anualmente a alrededor de 50 mil personas, brindando cerca de 190 mil atenciones de diversa naturaleza. El proyecto contempla recursos para aumentar significativamente tanto el número de funcionarias y funcionarios a cargo del área, como las atenciones que brindarán y los medios para hacerlo.

Toda la política pública de combate del delito y mejoras a la seguridad tendrán un cierre armónico y efectivo en la medida que podemos asegurar a las víctimas su atención y el seguimiento y gestión de sus casos. Como dijimos, este camino recién comienza, y esperamos pronto estar emprendiendo las primeras acciones de implementación del nuevo servicio que permitirá acceder a la justicia y defender a las personas en su calidad de víctimas, cuando estas lo requieran.