Imputabilidad a los 12 años: una medida populista que criminaliza la pobreza
Como profesora, no puedo permanecer en silencio ante el intento de rebajar la responsabilidad penal de los 14 a los 12 años. Este proyecto de ley anunciado por la diputada de Renovación Nacional Camila Flores busca modificar el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Aun cuando el proyecto para imputar a los 12 años no tiene respaldo en el Senado actual, el riesgo persiste.
Esta iniciativa, impulsada desde el populismo punitivo, ignora la evidencia científica, viola estándares internacionales de derechos humanos y castiga a quienes el Estado abandonó primero: niños, niñas y adolescentes en contextos de pobreza, exclusión y violencia familiar. La evidencia científica y los estándares internacionales insisten en que a esa edad las niñeces no tienen aún la madurez suficiente para comprender plenamente sus actos ni para enfrentar un sistema penal diseñado para adultos, ni siquiera para adolescentes mayores.
La propia Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente establece un sistema diferenciado para jóvenes entre 14 y 18 años, con un enfoque socioeducativo orientado a la reinserción, reconociendo sus particularidades y vulnerabilidades. Adelantar la imputabilidad a los 12 años ignora estas garantías y contradice el principio de proporcionalidad y especialidad que debe regir el juzgamiento de menores. No obstante, cada vez que un caso mediático estalla, resurge el discurso simplista de "la mano dura", aunque la evidencia demuestre que endurecer penas aumenta la reincidencia, desatendiendo que la justicia para adolescentes debe ser restaurativa y no vengativa.
Por lo anterior, reducir la edad de imputabilidad no es una solución técnica, sino un atajo electoralista que se aprovecha del miedo social al replicar modelos fracasados en otros países, sin atender las propias evaluaciones que la citada ley da cuenta desde su entrada en vigencia, respecto de las precarias condiciones materiales, técnicas y humanas con la que cuentan los actores involucrados para la implementación de la norma, sumado a una escasa coordinación entre los dispositivos judiciales, de salud y de intervención y a una política pública de infancia y adolescencia incipiente.
Si no ha sido posible desarrollar un abordaje sistémico que garantice la reinserción social de los adolescentes infractores, rebajar la edad mínima a las 12 es una verdadera locura.
El profesorado chileno ya no tiene voz para señalar que la delincuencia juvenil e infantil no se combate con cárceles, sino atacando sus causas: deserción escolar, trabajo infantil, violencia intrafamiliar y el reclutamiento infantil por bandas criminales y sicariato que subsumen a nuestras niñeces en la droga, la coacción y la prostitución. Infamia que asola los barrios de nuestro país sin condición social y familiar.
En tal sentido, la presión para criminalizar a menores de 14 años es un síntoma de la incapacidad del país, para garantizar derechos básicos, frente al fracaso social reflejado en familias rotas por la pobreza y/o la violencia, estigmatizadas socialmente en lugar de recibir apoyo integral. Sumado a ello, al fracaso educativo de las escuelas públicas, que instaladas en barrios críticos carecen de médicos, psicólogos, antropólogos, trabajadores sociales y programas de prevención, siempre agobiados por una subvención escolar por niñeces vulnerables que no supera un monto anual de entre $90.000 y $215.000, contraponiéndose al gasto público carcelario por preso adulto que supera los $922.376 mensuales.
No podemos seguir esperando que la escuela, con recursos limitados y bajo presión constante, sea la única responsable de contener y resolver problemas que tienen su origen en la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Tampoco podemos dejar que las familias, muchas veces vulneradas y sin apoyo, carguen solas con el peso de la violencia.
Por eso hago un llamado al Senado chileno para que atienda las evaluaciones de la puesta en vigencia de la Ley 20.084 y rechace cualquier proyecto que criminalice a las infancias. Insto al Estado chileno a equiparar la subvención escolar respecto del gasto carcelario, priorizando las políticas de prevención. Y hago un llamado a la ciudadanía a exigir soluciones reales, no eslóganes punitivos que condenan a las infancias más pobres.
En tiempos de elecciones, conviene recordar que la seguridad pública no se construye encerrando a niños, niñas y adolescentes, sino invirtiendo en escuelas que los protejan, familias que los contengan y un Estado que les garantice un futuro. Eso se llama justicia social y la estamos pidiendo desde el retorno a la democracia.
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