Indulto a detenidos del 18-O, pésima señal legislativa

El proyecto presentado por senadores de la oposición para indultar a los detenidos del estallido social de octubre del año pasado no sólo es cuestionable puesto que en Chile no hay personas privadas de libertad por sus ideas, sino que además es una pésima señal para un país en donde impera el estado de derecho.

El estado de derecho implica que todos los chilenos, sin distinción, estamos sujetos a leyes que fijan límites a nuestras acciones, las que son de público conocimiento, por lo que como ciudadanos debemos respetar la normativa y someternos a la sanciones penales que las autoridades establezcan por conductas que atentan contra nuestras leyes vigentes.

Estar a favor de una iniciativa que busca la extinción de la responsabilidad penal, sería decir que estamos dispuestos a olvidar, sin siquiera esperar el resultado de la investigación que debe determinar responsabilidades, indicando que como sociedad estamos dispuestos a aceptar este tipo de conductas, las que muestran una clara irreverencia ante la autoridad del estado y a nuestros propios compatriotas, sin importar el daño provocado.

Si estuviésemos dispuestos a indultar a más de 5 mil detenidos ¿quién responde por las 25 estaciones del Metro que fueron quemadas o vandalizadas? ¿qué le decimos a las 14.823 pymes que sufrieron saqueos, vandalismo o bajas en sus ventas? o ¿quién se hace cargo de los más de US$1.400 millones de pérdidas en infraestructura?. La mal llamada "revuelta social" no puede terminar sin sancionar a quienes sean responsables.

Según cifras oficiales, la Fiscalía ha formalizado a un total de 5.084 personas por diversos delitos cometidos durante las manifestaciones del 18-O, de las cuales 648 personas se encuentran en prisión preventiva a la espera del juicio correspondiente y un total de 725 detenidos cumplen una condena.

El llamado que debemos hacer como autoridades de una República Democrática, según el artículo 4 de nuestra Constitución, donde impera un estado de derecho, es a respetar la labor de nuestros fiscales y tribunales, que deben determinar cuál es la responsabilidad de esas personas, así como también la independencia del Poder Judicial, puesto que todo proceso implica una investigación profunda, dada la complejidad de los hechos acontecidos en el marco del estallido social y, más aún, en un país que ha tenido que aprender a convivir con una pandemia.

Quiero insistir que en Chile no hay presos políticos, porque no hay ninguna idea política que pueda defenderse tras una bomba molotov, saqueos o ataques a locales comerciales, cuarteles policiales e Iglesias que han sido impunemente vandalizadas e incendiadas en nuestro país. En un país civilizado no es necesario destruir para expresar ideas o movilizarse.

Este proyecto quiere normalizar y justificar la violencia inusitada que tuvimos que enfrentar en Chile, puesto que si un indulto de esta magnitud se concretara, estaríamos diciendo a los chilenos que no sólo pueden salir a manifestar su opinión, sino que también podrán provocar daños y enfrentamientos, sin tener que responder por aquello.

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