Nueva cárcel de alta seguridad, entre la urgencia y la seguridad de vecinos

Daniel Montalva Armanet

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Ante el anuncio del Presidente Boric sobre la construcción de una nueva cárcel de alta y máxima seguridad en la Región Metropolitana, recordamos las manifestaciones y rechazo de los habitantes de Alhué -en 2011- a la entonces propuesta de construcción de un nuevo centro penitenciario en la comuna.

La necesidad de una nueva cárcel es evidente y tiene sentido de urgencia en un país con sobrepoblación carcelaria, agravada por el aumento de delitos graves, sumado a las iniciativas legislativas actualmente en tramitación que restringen la obtención de beneficios y aumentan las penas de diversos delitos. Así, el debate se centra no en la necesidad de su construcción, sino en la comuna que la albergaría.

La oposición actual de las autoridades de la comuna de Santiago y otros actores, así como ocurrió en su oportunidad con Alhué, se basa en el concepto anglosajón "Nimby" (not in my backyard), que se traduce como "no en mi patio trasero" o "sí, pero aquí no".

Se trata de una reacción comprensible, ya que la comunidad puede valorar las externalidades positivas de una nueva cárcel, relacionadas con la seguridad pública, dignidad para los reclusos y protección a los derechos humanos, pero no quiere sufrir las externalidades negativas de convivir con un centro penitenciario.

Este principio se refleja en la Constitución, que establece la igualdad ante las cargas públicas. Por ello, toda nueva obra con importantes efectos sociales, ambientales, sanitarios y viales debe pasar por un análisis de impacto en el entorno.

Independientemente de la ubicación del nuevo centro penitenciario, lo que está claro es que su construcción afectará a sus vecinos. Por eso, es crucial que el proyecto sea lo menos nocivo posible, con obras de mitigación adecuadas y compensaciones para los afectados.

Por lo anterior, parecería complejo el precedente de la presentación de un proyecto de ley cuyo objeto, como lo señaló el Presidente, es exceptuar a la construcción de la nueva cárcel de diversos trámites y permisos con objeto de acelerar las obras solo para que así esté lista lo antes posible.

Esto es especialmente relevante tomando en consideración que, si bien es una buena noticia, las 500 plazas que considera la nueva cárcel no serán suficientes para descomprimir la población carcelaria, actualmente cercana a los 60.000 reclusos, y la que solo el último año aumentó en más de 5.000 reclusos.

Si bien como país necesitamos de manera urgente más cárceles, quienes tendrán que ser vecinos de dichos recintos penitenciarios se merecen que para la construcción se realice un análisis responsable de impactos y se establezcan las debidas medidas de mitigación y compensación, para así no cargar unos pocos con los costos de políticas públicas que beneficien a todos.