Nuevo Informe Valech: crímenes fueron la norma, no la excepción

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura acreditó en su segundo informe cerca de 10 mil casos, los que unidos a los más de 27 mil señalados en la primera entrega completan 40  mil víctimas.

Estamos en presencia de una verdad histórica impactante.  Ya en la década de los 90, el informe Rettig remeció a Chile al dar cuenta detallada de los asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por agentes del Estado de la dictadura.

Ahora, tenemos una  comprobación documentada de lo que siempre dijimos los que luchamos contra ese régimen: las violaciones a los derechos humanos no fueron una excepción, sino la norma durante esos 16 años.

La Comisión Valech dio por acreditados los nuevos casos y desechó otras 20 mil denuncias por razones que no se han clarificado del todo. Independientemente de lo que suceda finalmente con esas denuncias rechazadas, el número final de víctimas entre ambos informes ya  demuestra la magnitud y masividad de las violaciones a los derechos humanos.

Estamos hablando de 40 mil chilenos que está demostrado que durante ese régimen sufrieron la prisión política y la tortura, mientras que en el país se imponía un modelo económico, político y social injusto.

Debemos pensar que además debe haber muchos chilenos que no alcanzaron a vivir para poder dar su testimonio de las torturas recibidas y que otros prefirieron mantener su experiencia traumática en reserva.  Pero ya la cifra de 40 mil es impactante y da cuenta de la brutalidad del régimen que sufrió nuestra Patria.

El segundo Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura nos recuerda una vez más el valor de  los derechos humanos para la sociedad chilena como un imperativo permanente.

No basta con comprobar lo que pasó, debe haber un fuerte y claro “nunca más” y un compromiso por evitar que nos pasen por el lado situaciones atentatorias a los derechos humanos que aún en nuestros días se pudieran producir.

Hemos dicho que los movimientos sociales no deben ser perseguidos ni criminalizados, rechazamos la aplicación de la Ley Antiterrorista a los mapuches y el maltrato a nuestros jóvenes que se manifiestan pacíficamente por la educación.

Debemos considerar también que la protesta social que hoy remece a Chile se produce en gran medida por un sistema educacional que fue impuesto precisamente cuando en el país se aplicaba habitualmente la prisión política y la tortura y que se ha mantenido gracias al cerrojo que pone la institucionalidad heredada de esa dictadura.

La lección que nos han dado los jóvenes está en sintonía con lo que constata la segunda parte del informe Valech.

Ellos quieren un Chile más inclusivo en el que los anhelos de la sociedad sean recogidos por el sistema político y en el que la represión de las ideas quede para siempre como un deplorable recuerdo del pasado.