Poder judicial, sus decisiones son políticas

En la determinación de sus decisiones, los Tribunales de Justicia están atravesados por una mirada política de dominación y de defensa de lo establecido, con escasas excepciones, sus sentencias y resoluciones pocas veces están en la perspectiva de proteger los derechos humanos de las personas y comunidades más débiles. Esa es una posición política de la judicatura y los ejemplos de ello son muchos.

Por esto es importante que la distinción entre la esfera política y la jurídica no se entienda como una separación irremediable, sería ignorar el hecho de que estas no son mutuamente excluyentes. El problema es la hegemonía dentro del Poder Judicial de una visión política capitalista y conservadora, protectora de la institucionalidad, del derecho de propiedad por sobre la vida y la integridad de las personas y los pueblos.

Dos de los aspectos donde se refleja lo anterior son en la violación sistemática de los derechos humanos y la justiciabilidad de los derechos económicos sociales y culturales, lo que se expresa en convenciones que establecen derechos que deben ser cumplidos, por lo que su ejecución no puede quedar librada a la discrecionalidad de los poderes políticos del Estado (Ejecutivo y Legislativo), y debe estar sujeta a la fiscalización o a la intervención judicial, tarea y función que dice relación con la implementación de esas políticas a los casos concretos, de acuerdo con los estándares jurídicos fijados principalmente en los tratados internacionales de derechos humanos aprobados por Chile.

Las leyes son el resultado de decisiones políticas y reflejan la elección de valores políticos, idealmente, el imperio del derecho, la democracia y el respeto de los derechos humanos. Estas están dirigidas a la prevención de prácticas de regímenes autocráticos o del ejercicio de un poder sin restricciones por parte de las autoridades políticas. Sin embargo, no siempre es así, no al menos en nuestro país, muchas veces los valores políticos seleccionados son aquellos que restringen las libertades políticas y sociales, irrespetan los derechos humanos, depredan el medio ambiente y buscan proteger y consolidar por medio de las leyes modelos de dominación.

En realidad, la política emplea a la ley como uno de los medios para su realización, por lo cual muchas veces las decisiones políticas adoptan la forma de normas o reglamentaciones jurídicas. En este sentido amplio, la ley es el medio a través del cual se transmiten los valores políticos y las ideas políticas se expresan por medio de la legislación. De modo que cuando los jueces hacen cumplir la ley en un proceso judicial, toman resoluciones que implementan y ejecutan las políticas y, en sentido amplio, las decisiones políticas consagradas por la ley.

Hay, además, otra característica de la aplicación judicial de normas que requiere de los jueces la elección entre opciones políticas o axiológicas al interpretar la ley, ya que usualmente el lenguaje del derecho es poco claro, los términos que utiliza pueden ser interpretados de diversas maneras; la naturaleza y la estructura de las normas jurídicas puede ser diferente; la aplicación legal de determinadas normas depende de su comparación y compatibilidad con otras; y en el ordenamiento jurídico no son infrecuentes las lagunas y antinomias, que deben ser detectadas y resueltas.

En este sentido, las decisiones judiciales son tanto jurídicas como políticas al aplicar o no una regla o un principio existente, o al elegir una interpretación posible y excluir otras.

En resumen, las fronteras entre lo jurídico y lo político no tienen una delimitación absoluta, y los jueces, indiscutiblemente, toman decisiones políticas.

Existe la posibilidad de que los jueces puedan, y deban, cumplir un papel en la exigibilidad de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales que se encuentran consagrados en el derecho vigente, ya que ellos son los llamados a la aplicación de la ley al caso concreto y deben ser los primeros en poner en práctica las normas del derecho internacional de los derechos humanos.

Los jueces también pueden y deben evaluar si los poderes políticos actúan de conformidad con las normas legales superiores que rigen su actividad. Cuando los poderes políticos crean reglas que no están permitidas, o no crean las que están obligados a crear, o mal aplican las existentes, los jueces deberían desempeñar un importante papel en el restablecimiento de los principios rectores del ordenamiento jurídico.

Muchas tareas pendientes, para un Poder Judicial que siempre parece olvidarse de su fin último: la Justicia.

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