Hace unos días conmemorábamos unas de las fechas más problemáticas del calendario nacional, el 44 aniversario del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Para quienes hemos crecido en el sur de Chile, los días después del 11 hasta la primera quincena de octubre marcan en las localidades rurales de nuestro país, una serie de aniversarios violentos y tristes, en los que las desapariciones, los abusos y la violencia estatal y local señalaron el inicio de la represión y el terrorismo de Estado que la dictadura cívico-militar de Pinochet desplegó en los campos sobre organizaciones campesinas e indígenas.
En estos días 44 años atrás, distintas localidades rurales del sur de Chile, vieron llegar destacamentos militares que acompañados por terratenientes y policías locales generaron acciones concertadas para reprimir, desaparecer y torturar a campesinos e indígenas que participaron del proceso de Reforma Agraria y de las tomas de terrenos y recuperaciones que marcaron la movilización y la política rural en el Wallmapu y en el sur de nuestro país.
Paradojalmente, este fin de semana nuevamente y no de manera excepcional, sino recurrente desde hace 20 años por lo menos, hemos visto el despliegue policial nacional y local actuando con violencia desmedida, no solo contra activistas y militantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y Weicham Auke Mapu, con un saldo de ocho personas detenidas, pero también de una serie de denuncias de allanamientos y abusos a la población rural de las regiones Octava y Novena.
La Dirección de Inteligencia de Carabineros ha llamado esta serie de detenciones como “Operación Huracán”, diciendo que esto responde al resultado de una serie de investigaciones relacionadas con la quema de camiones el 19 y 29 de agosto pasado.
Las fuerzas policiales dicen tener evidencia que vincularían a los detenidos con las quemas de camiones antes mencionadas y de iglesias ocurridas en los últimos meses. Según las autoridades estas evidencias serían el resultado de seis meses de investigaciones y seguimientos a los detenidos, y este operativo solo sería el comienzo de próximas acciones tendientes a esclarecer los hechos antes mencionados.
Medios nacionales como Radio Universidad de Chile, The Clinic Online y El Desconcierto, han establecido, según testimonios de testigos presenciales de estas detenciones, que efectivos de carabineros e investigaciones actuaron de manera ilegal, sin presentar órdenes de detención, y sin respeto por los derechos fundamentales de las personas.
La violencia mostrada en las redes sociales sobre los procesos de detención y sobre las acciones sobre la población civil es de excesiva violencia, y no responden a un proceso judicial e investigativo regular.
Se ha invocado nuevamente la Ley Anti-terrorista, y el principal cargo de los detenidos es “asociación ilícita”. Independiente de las evidencias, que no le constan a la opinión pública, estamos frente a un Estado colonial, que sigue operando en el Wallmapu como un Estado invasor.
Las personas vinculadas a acciones de sedición en localidades rurales e indígenas son privadas de sus derechos ciudadanos y acceso a estar en libertad mientras se investigan sus acciones o compromisos con los “delitos” de que son acusados.
Población civil y familiares cercanos a los detenidos son violentados y maltratados como una manera de extender la violencia y el estigma de terrorista a sus personas, y así magnificar y amplificar la “legitimidad” de la Operación Huracán.
Es preciso preguntarse ¿por qué cuando observamos al Estado actuando en el Wallmapu hay tantas continuidades históricas entre la dictadura y el actual sistema democrático en el ejercicio de la violencia y el terrorismo de estado?
Si en otros ámbitos como los derechos de género y el secreto de la Comisión Valech, este gobierno está dispuesto a legislar y abrirse a acuerdos internacionales y a las demandas de la sociedad civil, ¿por qué en estos casos reactualiza los abusos con la población mapuche?, ¿acaso la democracia y las instituciones democráticas son sólo para algunos?
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