Un portazo en la cara a los trabajadores del Poder Judicial
Coescrita con Karin Mendoza Sepúlveda, secretaria nacional Anejud Chile
El 2025 terminó marcado por la crisis de probidad más profunda en la historia de nuestro Poder Judicial. Hemos sido testigos, con mucho dolor y desilusión, de destituciones de ministros de la Corte Suprema y de revelaciones que han sacudido los cimientos de la confianza pública. En este escenario, lo mínimo que la ciudadanía y los servidores judiciales esperaríamos es un apego irrestricto a la legalidad. Sin embargo, lo que ocurre hoy tras los muros de los tribunales es una paradoja dolorosa: la institución encargada de dar a cada uno lo suyo, le quita a sus propios trabajadores la posibilidad de defenderse.
En diciembre de 2025, la Corte Suprema aprobó el Acta 302-2025 que regula al personal a contrata en el poder Judicial. Si bien esta norma derogó el Acta 188 -tras la fuerte presión de Anejud-, el perjuicio de fondo se mantuvo. Esta regulación administrativa no sólo ignora la Ley de Presupuestos 2026 (Ley 21.796), sino que vulneraría derechos adquiridos consagrados en el Código Orgánico de Tribunales. En términos simples: la cúpula judicial pretende que un "Auto Acordado" tenga más peso que una Ley de la República.
Buscando amparo ante esta arbitrariedad, el 30 de diciembre interpusimos un recurso de protección en favor de los estamentos de empleados y secundarios. Pero el sistema nos dio un literal "portazo ": el 31 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible nuestra acción, alegando que la protección "no es la vía idónea".
¿Cuál es la vía entonces? Si el Pleno de la Corte Suprema ya agotó la instancia administrativa y ahora la Corte de Apelaciones de Santiago clausura la vía constitucional por secretaría, no hablamos de quienes toman las grandes decisiones, sino de funcionarios y funcionarias que atienden día a día a usuarios, tramitan los expedientes y sostienen el sistema.
El Acta 302-2025, rompe el principio de progresividad de los derechos y aniquila la confianza legítima de miles de familias. Además, es económicamente irracional: en un año de austeridad, prohíbe que un funcionario de planta realice suplencias cobrando solo el diferencial de sueldo, forzando contrataciones externas mucho más costosas y menos eficientes por la falta de experiencia. No nos queda nada más que señalar que esto es el triunfo de la burocracia sobre el mérito y el ahorro fiscal.
Como Asociación Nacional de Empleadas y Empleados del Poder Judicial, seguiremos luchando por los derechos de nuestras y nuestros compañeros, no podemos permitir que la crisis reputacional del Poder Judicial la paguen las y los trabajadores de base. Elevaremos este caso al Tribunal Constitucional y si es necesario a organismos internacionales. No aceptamos más una justicia para unos pocos, mientras el país exige transparencia total. Los trabajadores judiciales necesitamos y exigimos un trato justo y digno. La estabilidad de quienes servimos a la justicia no puede ser moneda de cambio ni eludirse con tecnicismos procesales. Los derechos fundamentales se respetan, partiendo por casa.
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