Una sociedad Inhibida

Carabineros inhibidos en su acción policial, según declara la Presidenta y el propio  General  Director de la Institución; socialistas dispuestos a recurrir al Tribunal Constitucional para deslegitimar el control de identidad preventivo; un mensaje presidencial en que prácticamente no se abordó la delincuencia, siendo esta una de las mayores preocupaciones ciudadanas, un partido de gobierno (PC) sostiene que recurrirá hasta la Corte Interamericana de Justicia. ¿Qué nos pasa en materia de seguridad pública?

Posiblemente ninguno de los actores vinculados (parlamentarios incluidos) con la aprobación del control de identidad preventivo apueste a que este será una solución a la inseguridad ciudadana, no obstante se ha optado, por la mayoría, aprobar la ley como una suerte de señal que, por un lado, brinda más herramientas a Carabineros, y por otro, envía un mensaje a la ciudadanía de que  ahora se “pondrá mano dura” con la delincuencia.

Desde una vereda de responsabilidad social y política, cabe preguntarse si luego de ordenar las huestes oficialistas (PS y PC principalmente) empezaremos con lineamientos preventivos en materia de delincuencia que vayan más a allá de la función policial. Pareciera que no, es probable que se administre la ley recién aprobada y se deje la problemática de una visión multidimensional e integral para un futuro gobierno.

De hecho, algunos en la elaboración y tramitación de la agenda corta anti delincuencia sostuvieron  desde el infantilismo que ahora “vamos a meter con palas a los delincuentes a la cárcel”, en alusión al aumento de penas por delitos contra la propiedad recientemente aprobado, lo cual sería muy bienvenido por la ciudadanía.

¡Hablemos en serio! ¿Se ha propuesto alguna medida para que en la cárcel no sean formidables centros de aprendizaje del delito? Toda persona que ha estado en una coincidirá en que la situación es desesperanzadora y evidentemente la ley aprobada no es una solución a ello, sino que todo lo contrario.

La desorientación de las autoridades es evidente, y ciertamente requerían dar una respuesta a la ciudadanía a sus demandas por mayor seguridad. No obstante, toda la evidencia apunta a que la aprobación del control de identidad preventivo tenderá a licuar más el sello comunitario, de cohesión social y  responsabilidad democrática, banderas que encarna la Nueva Mayoría, pero que resultarán difíciles de esgrimir cuando se vea que en materia de seguridad pública la opción ha sido fortalecer las facultades y atribuciones policiacas y prácticamente no innovar en los asuntos de fondo en la prevención del delito (ejemplo el trabajo con jóvenes),  la rehabilitación y la reinserción.

Finalmente se advierte que lo que sucede en Chile en materia de seguridad pública, aumento en los delitos de mayor connotación social y una ampliación en la percepción de inseguridad, no es exclusivo de nuestro país. La seguridad pública se ha transformado en uno de los asuntos más debatidos y estudiados en el marco de las políticas públicas a nivel mundial, ya que es un desafío político evidente en un mundo en que por distintas razones se ha incrementado la cantidad de individuos que no respetan la ley, y cuyo tipos de delitos se van sofisticando y junto con ello erosionando el orden establecido. 

No obstante, la  respuesta desde el deber ser y la eficiencia de la misma no es la vía sancionatoria, ni la tecnología aplicada, sino algo que pareciera que vamos olvidando en la confusión cada vez más evidente de la política: crear vínculos afectivos entre los vecinos, para así crear comunidad.

Por supuesto ello requiere de convicciones (escasos en la política contemporánea, auto denominada pragmática). Única manera de buscar objetivos que tienen sentido en sí mismo, es decir en la persona y no la delincuencia como un fenómeno abstracto. 

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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