Candidatos presidenciales y proyectos eléctricos

No deja de llamar la atención que, ante el emplazamiento de los periodistas a los candidatos presidenciales sobre si apoyarían determinados proyectos energéticos que actualmente están en el debate público, éstos respondan desconociendo la institucionalidad ambiental que nos rige.

Hidroaysén es el caso más emblemático, pero han surgido también pronunciamientos de algunos de los candidatos y candidatas por los proyectos hidroeléctricos en el río Achibueno (Región del Maule), Alto Maipo (Región Metropolitana), entre otros.

Por una parte, hay candidatos como Parisi, Sfeir, Claude, MEO que rechazan, por distintas consideraciones, proyectos como Hidroaysén.Aunque no queda claro qué implica este rechazo.

En la práctica todos los proyectos energéticos que la normativa señala (Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente), deben pasar por una evaluación ambiental, es decir, un proceso administrativo claramente definido en sus etapas, plazos y requerimientos.

¿Dónde se aplicaría entonces el “rechazo” que señalan estos candidatos. No se entiende.

Posiblemente estos candidatos ignoran que la aprobación o rechazo de proyectos energéticos en Chile (o cualquier proyecto sometido a evaluación ambiental) no funciona a partir de una decisión arbitraria y personal del Presidente o Presidenta de la República.

No hay tal cosa como un pulgar hacia arriba o hacia abajo como con los gladiadores en el coliseo romano, que selle el destino de un proyecto.Tampoco un plebiscito, como señala MEO.

Incluso en la discutida intervención del Presidente Piñera respecto al proyecto Barrancones, su intervención se limitó a hacer gestiones personales con los titulares del proyecto, ya que en el plano legal el proyecto había recibido su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y perfectamente los titulares pudieron haber desatendido la solicitud del Presidente. Inadecuado como fue, al menos no se forzó la institucionalidad ambiental (aunque sí se la debilitó).

Por otra parte, hay otros candidatos que usan un lenguaje más sutil al referirse al futuro de determinados proyectos eléctricos. Es el caso de Bachelet e Hidroaysén, en el que no queda clara su opinión al respecto. Afirma que el proyecto tal como está no es viable.

Es decir, se refugia en consideraciones técnicas para plantear un rechazo.Sin embargo, el proceso administrativo de evaluación ambiental discrepa de su planteamiento y le entregó la RCA al proyecto. En este caso, o la institucionalidad ambiental no funciona, o la candidata está equivocada.

El mismo argumento utiliza la candidata con el proyecto hidroeléctrico del río Achibueno.En este caso señaló textualmente "vengo a comprometerme con ustedes -si soy electa Presidenta- en mi gobierno no vamos a apoyar el proyecto hidroeléctrico en la cuenca del río Achibueno porque no cumple ni con los estándares técnicos, ni procedimentales y mucho menos con los estándares de participación ciudadana".

De acuerdo a lo que afirma la candidata, con tal nivel de incumplimiento el proyecto se caería solo y no sería necesaria una intervención adicional, de rechazo o apoyo. Caso contrario, si el proyecto tiene una formulación impecable, tampoco requiere una intervención adicional de la autoridad.

¿A qué se refiere entonces con “no apoyar” el proyecto? Acaso se estaba refiriendo a una hipotética situación como la que ocurrió en su administración, en la que se apoyó el proyecto central termoeléctrica Campiche de AES Gener a través de la modificación realizada por el ministerio de Vivienda a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) respecto del uso de suelo de actividades productivas en la zona de emplazamiento del proyecto? ¿Es ese el apoyo incremental, al margen del proceso administrativo de evaluación ambiental, al que Bachelet se refería?

Si fuera así, se podría leer de su declaración que en esta ocasión no cometería el error de apoyar el proyecto del Achibueno como lo hizo con Campiche.A pesar de que la ex Presidenta debiera saber que, legalmente hablando, los proyectos no necesitan “apoyos”.Cumplen o no cumplen.

Cualquiera sean las interpretaciones que se puedan hacer de las afirmaciones de Bachelet, o de lo que opinan los restantes candidatos presidenciales respecto a su apoyo o rechazo a proyecto energéticos, la verdad es que todos comparten como denominador común una falta de entendimiento de cómo funciona (o debería funcionar) la evaluación ambiental como proceso administrativo del Estado. Los candidatos no pueden sentirse libres de manifestarse a favor o en contra de decisiones que llevan un curso administrativo alejado de su esfera de decisión.

Pareciera existir un convencimiento de que es más relevante la intervención presidencial, o los recursos judiciales en Tribunales, para sacar adelante o hacer fracasar proyectos “complejos”.

Este menosprecio por la importancia resolutiva de la evaluación ambiental es lo más preocupante de las recientes intervenciones de los candidatos y candidatas presidenciales.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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