Chile puede cerrar las carboneras al 2025

Hace unos días, 8 parlamentarios de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, del Frente Amplio, PPD, PS y DC, liderados por el parlamentario ecologista Félix González, presentaron un proyecto de Ley que permitiría cerrar en forma inmediata las termoeléctricas a carbón con mas de 30 años de operación y todas las demás al 31 de diciembre de 2025. Es decir en el curso de los próximos 6 años.

Con ello, además, el gobierno  cumpliría con los Planes de Descontaminación de Quintero/Puchuncaví, Huasco, Tocopilla y Coronel, y evitaría la saturación de contaminantes en Mejillones. Chile podría así poner fin a las Zonas de Sacrificio, donde día a día el Estado permite la violación del Derecho Constitucional vigente en el Artículo 19 Nº 8, “el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. 

Posiblemente las empresas eléctricas y el gobierno nuevamente dirán que no se pueden cerrar las carboneras al 2025, tal como han dicho que no se pueden cerrar al año 2030, porque quieren seguir rentando a costa de la salud de la población.

También dirán que aún no se han construido las centrales de reemplazo, y que se incrementará el costo de generación y de transmisión porque se deben construir nuevas líneas de transmisión y todo deberá pagarlo la señora Juanita, es decir, todos nosotros, por lo cual es inviable. 

Pero todo eso no es verdad, primero porque según los últimos datos entregados por el Coordinador Eléctrico, la potencia Instalada a noviembre de 2019 es de 25.283,8MW y la demanda máxima horaria a la misma fecha es de 10.694,4MWh/h por lo que en un sistema donde hay más del doble en oferta respecto de la demanda se hace mucho más factible cumplir con un cierre de termoeléctricas a carbón a 2025. 

Específicamente, el sistema eléctrico nacional informa una potencia bruta máxima de 6.824,53 MW de parte de las hidroeléctricas, un 2,157,16 MW de las eólicas, un 2.741,50 MW de las solares y un 44,91 MW de las geotérmicas, lo que da un total de 11.768,1 MW, además de la potencia bruta máxima de las termoeléctricas que es de 13. 376,10 MW. 

Para prescindir de las termoeléctricas a carbón a 2025 es necesario que la energía que hoy generan las carboneras, puede ser proporcionada en forma inmediata, aunque transitoriamente mientras se desarrolla el parque de generación en base a energías renovables, por el parque existente de centrales a gas eficientes de ciclo combinado operando con gas natural y/o diesel, las cuales están hoy conectadas a Sistema Eléctrico Nacional y disponibles para su operación. 

La distribución tampoco debiera ser un problema, dado que estas líneas de transmisión se encuentran construidas sobre la base de la actual capacidad instalada y la demanda va a la baja respecto de la gran oferta de centrales conectadas a nuestro sistema eléctrico.

Es importante puntualizar que, para este reemplazo, no se altera el plan de expansión de la transmisión de líneas eléctricas, y por tanto no se requiere construir ninguna línea de transmisión adicional a las que ya se han determinado como necesarias para la integración de las nuevas obras de generación renovables. 

Las centrales operativas existentes de ciclo combinado suman una capacidad de 3.400 MW (mega watts) y 1.400 potenciales realizando inversiones relativamente bajas de ser necesario después del 2025, es decir casi igual capacidad que las de carbón 4.960 MW. 

Adicionalmente el famoso subsidio por “Estado de Reserva Estratégica” que el gobierno está pensando regalarle a las carboneras que cierran, con cargo a todos nosotros, se podría utilizar para cubrir el costo de usar un combustible menos sucio, mientras entra en vigencia la ley que reduce la rentabilidad de las empresas eléctricas. 

En síntesis, el fin del carbón en Chile puede adelantarse al 2025, y eso es lo que los parlamentarios de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados tendrán que argumentar de manera técnica para reducir el grave impacto de las termoeléctricas a carbón sobre la salud de la población y de este modo lograr que se reduzcan las emisiones contaminantes, como así también rebajar las ganancias de las empresas, la mayoría de ellas trasnacionales, algunas de las cuales rentan el doble que en sus países de origen.

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