Construir sobre el camino recorrido
La entrevista del ministro Jaime Campos en "Mesa Central" reabre un debate necesario para el país: cómo construimos una política de fomento forestal capaz de responder a los desafíos productivos, ambientales y territoriales del Chile del siglo XXI.
Chile necesita discutir seriamente el futuro del sector forestal. La caída sostenida de las plantaciones, el aumento de suelos degradados y la necesidad de fortalecer estrategias de captura de carbono y restauración ecosistémica evidencian que el país no puede seguir sin una política pública moderna de fomento y manejo forestal sustentable.
También es cierto, como señaló el ministro, que Chile posee una larga tradición en esta materia. La política forestal chilena permitió recuperar millones de hectáreas degradadas, desarrollar capacidades industriales relevantes y posicionar al país como referente internacional en distintos momentos de su historia. Negar ese aporte sería desconocer una parte importante del desarrollo productivo y ambiental del país.
Sin embargo, la discusión actual no puede abordarse únicamente desde la nostalgia del pasado ni reeditando instrumentos diseñados para otra época. El principal desafío es, justamente, construir una política forestal capaz de aprender tanto de los aciertos como de las evidentes limitaciones del modelo anterior.
Durante el gobierno del presidente Boric trabajamos intensamente en esa dirección. Se desarrolló un proceso técnico y político amplio, con participación del mundo académico, organizaciones ambientales, pequeños y medianos propietarios, sector productivo y actores territoriales. Ese trabajo permitió construir consensos relevantes que no debieran perderse en la nueva discusión prelegislativa.
El primero es entender que el fomento forestal del siglo XXI no puede limitarse exclusivamente al aumento de superficie plantada. Debe integrar restauración de paisajes, protección de suelos y aguas, adaptación al cambio climático, prevención de incendios, recuperación de biodiversidad y fortalecimiento de economías rurales sostenibles.
Ya no se trata únicamente de cuánto plantar, sino de cómo plantar y para qué, como lo muestran experiencias recientes de plantaciones multipropósito, con diseños más resilientes, mayor diversidad de especies y más capacidad de adaptación frente al fuego y al cambio climático.
El piloto impulsado en la Región del Biobío en el marco del Plan de Fortalecimiento Industrial es un buen ejemplo de ello: plantaciones mixtas en fajas, combinando especies productivas y nativas, buscando compatibilizar recuperación productiva, restauración ecológica y reducción de riesgos de desastres. Ese tipo de experiencias representan precisamente el camino que debiera profundizar una nueva política de fomento forestal.
Un segundo elemento fundamental es la legitimidad social del desarrollo forestal. Durante demasiado tiempo el debate quedó atrapado entre posiciones irreconciliables: por un lado, quienes defendían acríticamente el modelo histórico; por otro, quienes tendieron a demonizar toda actividad forestal. Superar esa polarización exige reconocer, una vez más, que el desafío no es "más o menos forestación", sino qué tipo de forestación promovemos.
Ahí también resulta clave fortalecer el rol de pequeños y medianos propietarios, de comunidades rurales y de gobiernos locales. Programas como +Bosques muestran que la restauración y el manejo sustentable pueden transformarse en herramientas concretas de desarrollo territorial, generando empleo, capacidades locales y recuperación ambiental en comunas afectadas por incendios y degradación de ecosistemas.
Por último, el nuevo marco deberá dialogar con las oportunidades que hoy ofrece la agenda climática internacional. El manejo sustentable no es solo un desafío ambiental: también representa oportunidades de financiamiento verde, innovación y desarrollo rural para el país.
Así lo valoramos en el pasado gobierno, cuando concretamos la firma de un acuerdo de colaboración inédito entre los ministerios de Economía, Agricultura y Medio Ambiente, junto con la Corporación Chilena de la Madera, Fundación Chile y BancoEstado, para impulsar proyectos de reforestación abriendo el mercado de bonos de carbono voluntarios y regulados, a pequeños y medianos propietarios forestales.
Espero que el nuevo proyecto recoja el aprendizaje acumulado en los últimos años. Existe trabajo técnico realizado, consensos construidos y una discusión pública mucho más madura que hace una década. Chile necesita una nueva política forestal. Pero necesita, sobre todo, una política forestal legítima, sostenible y capaz de proyectarse por las próximas décadas. Ahí está el verdadero desafío.