Qué duda cabe que el plebiscito del pasado 25 de octubre significó un gran triunfo para la sociedad, en donde los actores principales fueron los movimientos sociales que con ese casi 80% que marcó la opción Apruebo le dará la oportunidad a la ciudadanía de reescribir en democracia los deberes y derechos constitucionales que nos regirán para las próximas décadas, en un ambiente donde lo fundamental serán los acuerdos y el bien común.
Sin embargo, y como se dice en la jerga popular “otra cosa es con guitarra”, ya que en abril del 2021 nuevamente la ciudadanía deberá concurrir a las urnas para elegir democráticamente a los constituyentes que serán los verdaderos representantes para redactar la nueva carta magna, donde los futuros constituyentes tendrán el enorme desafío de plasmar las grandes demandas que la ciudadanía clama de justicia y equidad, donde el agua sin duda será uno de los temas centrales de la discusión.
No obstante lo anterior es importante señalar que Chile atraviesa por una de las mayores mega sequías de la historia, siendo uno de los países con mayor estrés hídrico a nivel planetario, además contamos con el desprestigio de ser el único país del mundo que privatizó el acceso al agua, haciendo caso omiso a lo establecido el año 2010 por la Asamblea General de Naciones Unidas que lo consagra como un derecho garantizado por el Estado.
Es por esto que el desafío de la nueva Constitución será enfrentar el modelo de distribución, acceso y uso de las aguas, ya que esto no ha sido ratificado en la legislación vigente, puesto que estableció en el Código de Aguas de 1981, el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento de aguas en forma gratuita y a perpetuidad, donde además la Constitución vigente le otorga calidad de propiedad privada en su Artículo 19 Nº24, generando enormes desigualdades, puesto de que el agua es considerada un bien de consumo transable, potenciando el brutal mercado del agua que solo viene a dejar de manifiesto la propiedad de algunos pocos sobre este bien público, dando licencia para el acaparamiento y especulación de la misma en desmedro de otros.
Finalmente la futura discusión constitucional, respecto al recurso hídrico debe centrarse en algunos principios que son fundamentales.
Gestión por cuencas hidrográficas, ya que solo así se podrá contabilizar y controlar el agua disponible y desde ahí efectuar una eficaz GIRH (Gestión Integral de los Recursos Hídricos).
Establecer el régimen público de las aguas, para que realmente sean consideradas un Bien Nacional de Uso Público y no quede solo en un slogan como es hasta hoy y así castigar fuertemente a los especuladores y acaparadores.
Establecer ante todo la prioridad del uso de las aguas para el consumo humano, ya que aun hay ciudadanos que no cuentan con el vital elemento para sus necesidades básicas, más aun en tiempo de pandemia.
Modernización de la Institucionalidad como la creación de una Subsecretaría del Agua que sea garante de la distribución, uso y acceso del recurso, y por último la sustentabilidad de los sectores hidrogeológicos o acuíferos, fortaleciendo además la calidad de las aguas y la preservación ecosistémica.
Sólo así Chilenuestro País podrá mitigar el daño ocasionado durante tantos años con la huerfanidad constitucional en materia de los recursos hídricos para poder ostentar la tan ansiada Sustentabilidad.
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