Hace un par de meses se publicaron las cifras de forestación a nivel país para el año 2022 (se entregan con desfase de un año). La superficie forestada ascendió a 1.575 hectáreas. La cifra es extraordinariamente baja y no compensa ni el uno por ciento de los bosques perdidos por incendios forestales en el mismo año. La Corporación Chilena de la Madera habla de 35 mil hectáreas anuales de retroceso de cobertura forestal en la última década. Un desastre económico y ambiental por donde se lo mire.
Sin embargo, como la superficie afectada es mayoritariamente de plantaciones forestales y no de bosque nativo, el escenario no parece incomodar a la autoridad. No se observa un sentido de urgencia desde la política pública para afrontar este problema. De hecho, no parecen reconocerlo como un problema. El Ministerio de Agricultura ha desestimado impulsar una ley corta de fomento forestal para pequeños y medianos propietarios cuyos bosques plantados hayan sido afectados por incendios. Por otra parte, han pasado quince meses desde el anuncio del envío al Congreso de un proyecto de ley de fomento forestal y hasta ahora no se conoce su contenido o la fecha de ingreso a discusión.
Aunque algo sí sabemos del proyecto. La autoridad lo presenta como un proyecto de "agroforestería sustentable", lo que ha obligado a los servicios dependientes del ministerio (Conaf e Infor) a salir a explicar el concepto. Pese al esfuerzo desplegado, el concepto no convence. Existe consenso en el mundo forestal que la agroforestería tiene un muy limitado alcance en Chile como estrategia de forestación masiva de terrenos forestales desprovistos de vegetación. La autoridad también ha señalado que el nuevo instrumento de fomento no será "más de lo mismo" y que debe ajustarse a los lineamientos de la Ley Marco de Cambio Climático. Es decir, no se incentivarán monocultivos forestales, optando por plantaciones mixtas, resilientes y con fines multipropósito.
El fomento a la forestación nunca fue una política pública que las actuales autoridades tuvieran contemplada al asumir el gobierno y, por lo mismo, es una materia que complica a quienes hoy están a cargo de la cartera de Agricultura. No está en su ADN político financiar con recursos del Estado plantaciones con especies comerciales (pino) para pequeños y medianos propietarios. No importa cuán evidente y dramática sea la crisis de abastecimiento de la pyme maderera o el nulo avance en la obligación de cumplir compromisos internacionales de forestación. Simplemente no parecen considerarlo prioritario.
Para matizar esta reluctancia, intentan construir un relato que les permita hacer suya esta obligación. Y lo agroforestal, lo multipropósito y lo resiliente, es la forma en que tratan de endulzar un trago amargo para ellos. Esto los lleva a defender proyectos de forestación boutique (i.e. agroforestería) o proyectos faraónicamente caros e impracticables desde el punto de vista de la exigencia por rentabilidad social de las políticas públicas, como son las plantaciones mixtas de especies nativas en suelos con procesos activos de erosión.
Pero este relato se basa en una falsa disyuntiva. No se trata en verdad de escoger entre plantar pinos en suelos degradados en apoyo de la pyme o plantar especies nativas en proyectos de altísimo costo y dudosa rentabilidad social. La verdadera encrucijada es saber si vamos o no a plantar en los próximos años, cualquier especie, a las tasas que el país requiere. Y hasta ahora todo indica que no lo vamos a hacer. No vamos a lograrlo simplemente porque nuestras autoridades no quieren hacer lo que se puede y se muestran incapaces de hacer lo que quieren. Y en ese conflicto ya se les ha pasado la mitad de su gobierno y con toda seguridad se les pasará la otra mitad.
En este escenario, más de lo mismo no parece tan malo después de todo: fomento a plantaciones forestales en suelos desnudos con activos procesos erosivos, sin restricción de especies, con fines productivos, orientado a pequeños y medianos propietarios, y que a su vez genere externalidades ambientales positivas (captura de carbono y protección de suelo), bajo los estándares de sustentabilidad que se han consolidado en los últimos años.
Si se convencen, aún están a tiempo de hacerlo. Pero.... ¿se convencerán?
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