La COP25 en el país que privatizó hasta las aguas

Andrés Kogan Valderrama

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Durante el mes de diciembre del presente año se realizará en Santiago la vigésima quinta versión de la Conferencia de la Partes (COP25), la cual desde su primera versión en Berlín el año 1995, ha intentado dar respuestas globales en lo que refiere a reducción de la concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera. 

Es así como en este cuarto de siglo de conferencias, realizadas en distintos países en el mundo, poco y nada se ha logrado al respecto en términos de políticas climáticas concretas desde los Estados, que frenen el extractivismo existente. Muy por el contrario, han sido instancias que han dejado en evidencia la falta de compromiso por materializar grandes acuerdos a nivel global, no haciéndose cargo así de una crisis que tiene alcances no solo económicos y políticos sino civilizatorios. 

Los fracaso en la concreción de los Protocolo de Kyoto (1997), el Acuerdo de Copenhague (2009) y el Acuerdo de París (2015), ilustran como desde los Estados más contaminantes del planeta no existe voluntad y una total indolencia con la crisis civilizatoria actual, sintetizada con la noción de Antropoceno, acuñada por el premio Nobel de química Paul Crutzen, en donde los efectos del capitalismo ha llegado a niveles extremos de cambiar los ciclos del planeta y su composición geológica de miles de años. 

Frente a este escenario actual, llega a ser muy simbólico que Chile sea su nuevo anfitrión, considerando que fue el primer país en el mundo en implementar políticas neoliberales en todo ámbito durante la dictadura, y por tanto de imponer un modelo de vida en donde el lucro y el consumo son sus pilares más importantes. De ahí su particularidad de ser el único en haber sido capaz de privatizar las fuentes y la gestión de sus aguas a nivel constitucional. 

Es decir, haber sido capaz de construir un mercado del agua legal, en donde es posible separarla de la tierra para su compra y venta, como explícitamente lo plantea la Constitución de 1980: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. 

Esto sumado a que Chile es uno de los pocos países en Americe Latina que no tiene aún ningún tipo de reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, lo que responde justamente a un modelo extractivista de carácter minero-forestal-agroexportador-salmonero que niega la existencia de comunidades Mapuche, Aymara, Diaguita, Atacameño, Rapa Nui, Quechua, Kolla, Yagán y Kawésqar en los diferentes territorios, enmarcado dentro de un Estado monocultural que excluye a lo que no es considerado chileno. 

En otras palabras, estamos en presencia de un Estado extractivista, racista y de mercado, que tiene el descaro de organizar la próxima COP25, a pesar de ser el epicentro mundial de la privatización del agua y de producir múltiples zonas de sacrificio en diferentes territorios con sus prácticas etnocidas y ecocidas, en el nombre del progreso, el desarrollo y la lucha contra la pobreza.

Además de ser un Estado que ha sido cómplice de los asesinatos de activistas socioambientales, como es el caso de Alejandro Castro, Macarena Valdés, Camilo Catrillanca, como también del encarcelamiento de Alberto Curamil, recientemente elegido con el Premio Goldman 2019. 

En consecuencia, Chile podría ser presentado en los grandes medios como un ejemplo de lo que no hay que hacer en términos socioambientales, en donde la contaminación, el lucro y hasta el robo del agua, como pasa en el Provincia de Petorca, han sido una constante en estos últimos 30 años, como ha denunciado el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima). 

Por suerte existen múltiples organizaciones socioambientales en Chile resistiendo y proponiendo otras formas de relación con los territorios, las cuales muchas de ellas estarán presente en la Cumbre de los Pueblos 2019 a realizar paralelamente a la COP25, la cual buscará congregar y articular a diferentes actores de distintos lugares del mundo, de manera de hacer frente colectivamente al extractivismo no solo en Chile sino a nivel plurinacional, ya que lo que ocurre con las aguas trasciende las fronteras de los Estados Nación. 

La profundización del extractivismo de países como Bolivia y Ecuador, a pesar de tener constituciones Plurinacionales que contienen Derechos de la Madre Tierra y de la Naturaleza respectivamente, nos debieran hacer reflexionar hasta qué punto los Estados pueden terminar coaptando las demandas de los movimientos socioambientales y recolonizando los territorios, en el marco de una guerra civilizatoria entre Estados Unidos y China por el control de los bienes comunes a nivel mundial. 

Por lo mismo, la próxima Cumbre de los Pueblos 2019 puede ser una gran oportunidad para pensarnos plurinacionalmente y buscar alternativas de vida sustentable a través de los territorios.