Las ERNC y el desprestigio

La sabiduría popular ha acuñado un muy preciso término para referirse a las situaciones en que, producto de la transgresión de unos pocos, quienes han obrado bien son sancionados socialmente. Es cuando “pagan justos por pecadores”.

Así ha ocurrido desde que en 2005 Endesa hiciera públicas sus intenciones de construir 5 represas en los ríos Baker y Pascua, en la Patagonia chilena. Una iniciativa que luego, asociada con Colbún, llamó HidroAysén.

Desde un principio la empresa no se refiere a tales infraestructuras como “represas” (con construcción de grandes muros y extensas inundaciones), en todo momento le llama simplemente “centrales hidroeléctricas”, que son positivas en sí mismas al utilizar un recurso renovable como el agua.

Tal argucia comunicacional le ha hecho un flaco favor a muchos proyectos hidroeléctricos que no tienen la magnitud, la estructura, el tipo de operación ni la localización de HidroAysén. En su empeño en ponerse al mismo nivel de una pequeña central hidroeléctrica ha aportado a la estigmatización de toda iniciativa que utilice el agua para generar energía.

Homologación improcedente a la luz de las 6 mil hectáreas de inundación y la instalación de gigantescos muros en un territorio de calidad ecosistémica, cultural y social excepcional como es la Patagonia. Eso, sin considerar los miles de kilómetros de torres de alta tensión cruzando medio Chile.

Esto no es un invento. Lo demostró un sondeo de septiembre de 2010 del Centro de Encuestas de La Tercera que ante la pregunta sobre qué mecanismo de generación de energía el país debía preferir las respuestas fueron decidoras.

“Un 80% es partidario de energías limpias y no tradicionales, como eólica (un 37%), solar (un 36%) y geotérmica (un 7%). En cambio, sólo un 8% menciona energía hidroeléctrica y sólo un 3%, termoeléctrica”.

Tan desprestigiado estaba todo tipo de uso del agua, “pagando justos por pecadores”, que incluso el recurso fue superado por la energía nuclear que obtuvo un 22 % de las preferencias. Y eso que HidroAysén aún no se instala y que es algo que muchos esperamos nunca se concrete.

Algo similar podría ocurrir con el proyecto que hoy tramita el Congreso y que tiene por objetivo agilizar, al parecer a todo evento, la entrega de concesiones eléctricas. Éste aumentaría aún más los privilegios del sector de la energía por sobre los derechos de comunidades indígenas y de propietarios de terrenos agrícolas, turísticos o urbanos, y en desmedro de las áreas silvestres protegidas.

Como está planteado, es una amenaza concreta para el desarrollo de las energías realmente sustentables.

Porque al aprobarse esta legislación y ser utilizada preferentemente por las compañías controladoras del mercado de la energía para avanzar en sus faraónicos proyectos el efecto concreto será la desconfianza a toda inversión eléctrica. Independiente de su fuente, magnitud, localización, tecnología, aporte al desarrollo local.

Está claro que quienes están en un mejor pie para enfrentar la oposición ciudadana son las grandes compañías. Endesa y Colbún lo saben muy bien. No se puede comprender de otra forma que insistan en las más rechazadas represas de la historia de Chile si no fuera por sus espaldas económicas y las millonarias utilidades –sobre las cuales no se consulta- que proyectan obtener con un bien nacional de uso público como es el agua, y ad portas de una legislación que acrecentará el poder fáctico de los grupos económicos controladores del estratégico sector de la electricidad.

El martes ya partió la aplanadora.

Los senadores de Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y la DC en pleno, más la senadora socialista Isabel Allende, aprobaron modificaciones que construyen un escenario que, en concreto, perjudicará particularmente –aunque se diga lo contrario- a las inversiones en renovables no convencionales.

Ese día dieron su visto bueno a entregar privilegios a las eléctricas por sobre otro tipo de concesionarios en un mismo territorio y permitir que una concesionaria continúe con la construcción de obras aunque exista una orden judicial de suspensión siempre y cuando depositen en la cuenta del tribunal un monto determinado para el caso de que, en última instancia, un tribunal superior determine la demolición o paralización de éstas. Y de paso rechazaron asegurar que las empresas cumplan con las leyes medioambientales, indígenas, tributarias, laborales y previsionales.

Como ese día pudieron avanzar sólo en estas materias, el martes 2 de julio tienen la intención de continuar con un articulado aún peor, como se ha difundido en el video “ALTO a Ley de Concesiones Eléctricas para HidroAysén #votasinrepresas” que lleva ya unas 4 mil visitas.

Me duele Chile. Me duele su presente pero también su futuro. ¿Existe alguien que crea que por arte de magia legislativa terminará la oposición a iniciativas que pasan por sobre territorios y derechos que la ciudadanía considera esenciales? ¿Qué ante leyes injustas como las mencionadas será aceptada su ejecución así como así?

Llegará el día en que los dueños del país nuevamente reclamarán por las movilizaciones de un pueblo , sin hacerse cargo de la violencia silenciosa que se consolida en el Parlamento. Ya lo dijo Santo Tomás de Aquino hace ya muchos años: “La ley injusta no es ley sino violencia”.

Si de verdad se quería colaborar, se debió observar mejor. Y haber legislado para que las alternativas realmente sustentables ambiental, social y culturalmente tuvieran mejores mecanismos para avanzar en su materialización. Con ordenamiento territorial, manejo integrado de cuencas, consultas previas, redistribución de los beneficios que no sea un pago por vulnerar derechos.

Mucho se habló en el Senado sobre la mirada de estadistas. De pensar en el futuro. Algo que faltó considerando que esta semana el propio Banco Interamericano de Desarrollo, que nadie podrá acusar de ambientalista, relevó la importancia para el futuro de América Latina y el Caribe de las renovables no convencionales no hídricas, de seguro por el daño que las grandes represas han hecho a la percepción sobre la hidroelectricidad en general.

Al 2050 el potencial técnica y económicamente factible de utilizar será de 22 veces la demanda que a esa fecha tendremos como región. ¿Por qué no comenzar ahora a construir ese destino? ¿Es necesario destruir nuestro patrimonio cultural, ambiental y social en el camino? ¿Es indispensable tensionar y dividir nuestra sociedad, cultivando imprevisibles nuevos conflictos?

Honestamente, somos muchos quienes creemos que no.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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