Perros asilvestrados: Debatamos en serio
La semana pasada, en la Cámara de Diputadas y Diputados, rechazamos el proyecto de ley que permitía la caza de perros asilvestrados por parte de personas particulares. Es importante reconocer que este debate estuvo marcado por caricaturas de lado y lado, reproduciendo algo que se ha convertido en una costumbre en nuestro Congreso Nacional: Discusiones poco honestas y superficiales que terminan sin hacerse cargo de los problemas.
El drama que enfrentan las comunidades rurales a lo largo de todo Chile a causa de los ataques de jaurías de perros asilvestrados es real y tiene consecuencias importantes para la cotidianidad de las personas, el bienestar de los ecosistemas y/o el desarrollo de actividades económicas como el turismo, la agricultura o la ganadería. Sin embargo, la rechazada iniciativa era un mal proyecto, que eximía al Estado de actuar decididamente ante esta problemática, dejando que las personas afectadas se las arreglen entre ellas, con todos los riesgos que ello implica.
Un perro asilvestrado es aquel que ha nacido o ha vuelto a su estado salvaje, viviendo sin supervisión o control directo de seres humanos, volviéndose peligroso para su entorno. No obstante, un particular difícilmente podría distinguir físicamente a un perro asilvestrado de uno abandonado, callejero, comunitario o de un vecino.
Si un animal está agrediendo personas, si un animal agrede o mata a otros animales en parques nacionales, reservas ecológicas o zonas rurales, son las entidades del Estado como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), por ejemplo, las que deben tomar acción. Instituciones de este tipo evidentemente deberían tener mejores herramientas que un particular para identificar y contener estas situaciones.
¿Cuál es nuestra propuesta en el corto y mediano plazo entonces? Que el Estado actúe. En concreto, capturando y retirando los perros de la vía pública, aumentando la fiscalización y sanción a dueños irresponsables o bien produciendo el traslado a caniles municipales, realizarles una evaluación profesional de conducta y recién allí, optar por la entrega en adopción con esterilización, chip y desparasitación. Y en caso de ser considerado peligroso, la aplicación de eutanasia por parte de un médico veterinario. Para realizar todo esto, es claro que se requieren recursos, los cuales debemos ver como una inversión para enfrentar algo que es un problema medioambiental, económico y del cotidiano de las comunidades rurales.
Asimismo, creo que hay aspectos del proyecto rechazado que podemos recuperar e implementar, como la propuesta de desarrollar planes de instalación de cercos de seguridad de predios, por ejemplo, en parques nacionales o reservas ecológicas. No obstante, la urgencia de este tema no puede llevarnos a ignorar que la solución más profunda y de largo plazo es el fomento de la tenencia responsable. Los perros asilvestrados o simplemente peligrosos no aparecen simplemente en zonas rurales, pues son animales que tienen o tuvieron dueño en algún momento y fueron abandonados. Sin ir más lejos, las organizaciones animalistas señalan que cerca del 90% de los ataques a fauna silvestre, ganado o personas son realizados por perros con dueño.
Por lo mismo, es importante que las autoridades trabajemos para reformar la ley 21.020, más conocida como "ley Cholito", estableciendo la obligatoriedad de la esterilización de animales, aumentando la fiscalización y las penas para el abandono de animales, prohibiendo los criaderos de perros y fomentando la educación en tenencia responsable. El Congreso Nacional no puede estar proponiendo soluciones simplistas a problemáticas que son complejas. La ciudadanía espera mucho más de nosotros y debemos estar a la altura.
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