Leña, otro ejemplo de un Estado ausente

Numerosas ciudades del país han sido declaradas zona saturadas de contaminación ambiental (material particulado) y, como lo indicó la Presidenta en su discurso el 21 de mayo, en el futuro otras se sumarán a esta condición.

Debido a factores climáticos y geográficos, los episodios de alerta ambiental se han vuelto recurrentes durante el período invernal lo que ha obligado al Estado a tomar medidas.

El problema, es que esta situación se enfrenta poniendo el foco en los episodios de crisis y sólo cuando se llega a niveles riesgosos para la salud; reactivamente el ministerio de Medio Ambiente restringe las fuentes de contaminación (industrias, calderas y chimeneas).Estos episodios son especialmente graves en el centro y sur de Chile, debido principalmente al uso de leña húmeda para la calefacción, el estado de las estufas y su mal uso.

Al respecto, el Gobierno desde su nuevo plan de descontaminación propone una solución simple para un tema complejo: prohibir o restringir el uso de este combustible, sin considerar que detrás de el hay una realidad que requiere trabajo, decisión y recursos para avanzar en una solución sistémica, que permita mejorar la calidad del aire y provea calefacción a un precio razonable a miles de familias.

Hoy la leña corresponde a cerca del 20% de la matriz energética nacional, y es un combustible abundante, renovable, su precio no se ve afectado por el mercado internacional o por sequía, sustenta parte de la economía campesina y es la forma más económica de calefaccionar una vivienda.

En síntesis, con este combustible tenemos una gran oportunidad, sólo resta tomar medidas que limiten las externalidades negativas. El actual Gobierno tiene la opción de abordarlo articulando a los cuatro ministerios relacionados (Agricultura, Economía, Energía y Medio Ambiente) para encontrar una respuesta coherente y, sobre todo, coordinada.

Entre las principales medidas, se debe declarar la leña como combustible, permitiendo regular su comercialización y estandarizar su producción, especialmente respecto a su contenido de humedad.Y paralemente, continuar con el programa de recambio y añadir la educación respecto al uso adecuado de las nuevas estufas, mejorar la aislación térmica de las viviendas, formalizar el mercado de la leña, y apoyar a los campesinos para que entreguen una oferta adecuada de madera seca, legal y de calidad.

En la actualidad, aproximadamente el 80% de la leña usada en el país proviene de fuentes ilegales, es decir, de predios que no tienen un plan de manejo como exige la legislación forestal y que podrían estar generando degradación del bosque nativo.

No obstante lo anterior, el Gobierno no presenta un programa que fomente la oferta de leña certificada y que acerque los precios de este producto a estratos sociales más bajos, que son al mismo tiempo, los que más la usan.

Por ejemplo, se estima que en la Araucanía, una familia mensualmente en la calefacción de su vivienda gasta cerca de $20.000 mensuales, al consumir leña ilegal y normalmente húmeda (principal foco de contaminación).

En comparación la leña seca y legal, para una vivienda similar, genera un gasto cercano a $30.000, y la opciones alternativas (gas o electricidad), implican un gasto de al menos $120.000. En este último caso, el costo es mayor al ingreso de muchas familias. Por ello, prohibir el uso de leña debería estar fuera del debate, pues es una muestra de la incapacidad del Estado de abordar el tema en su conjunto.

Resulta urgente y fundamental que se implementen políticas de desarrollo sustentable para este combustible, que garantice un producto de mejor calidad, que en su obtención no se degrade el bosque nativo y que además tenga precios competitivos con el mercado ilegal de leña, que aún persiste.

También es importante priorizar la disminución del consumo energético de las viviendas mediante el aislamiento térmico, factor en el cual el ministerio de Vivienda y las empresas inmobiliarias tendrían un rol clave, junto con educar a las personas en el correcto uso de los equipos de calefacción.

Por último, es necesario disponer de una amplia variedad de formas de calefacción, como el gas y la electricidad, pero a costos que la población realmente pueda pagar.

Mientras esto no ocurra, estaremos destinados a enfrentarnos a más episodios peligrosos de contaminación y la autoridad emitiendo prohibiciones de uso de la leña, con las consiguientes muestras trasversales de malestar ciudadano hacia un Estado que no coordina y aborda los temas de fondo.