Restricción vehicular o golpe bajo a la clase media

Gonzalo Peña

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Con la llegada del invierno a nuestro país será normal ver los grandes aforos que se producirán en los centros hospitalarios producto de las enfermedades respiratorias que afectan en gran medida a recién nacidos, niños y adultos mayores. Dichas enfermedades se dan en gran medida por las pésimas condiciones atmosféricas que presenta el aire en distintas localidades de nuestro país. Es por esto que el ministerio de Medio Ambiente recientemente lanzó un plan de restricción vehicular a vehículos con convertidor catalítico que hayan sido inscritos antes de septiembre de 2011 para una zona de alto tránsito en la Región Metropolitana, cuya puesta en marcha se inició el 1 de mayo y se extiende  hasta el 31 de agosto del presente año.

El objetivo es claro si se mira como una medida que ayuda a mitigar el problema de las partículas en suspensión de contaminante producto de las emisiones de CO_2, que genera el mercado automotriz.

Sin embargo y lo que a mi juicio es cuestionable es la nula mirada social que esta medida tiene, ya que afecta a un porcentaje no menor de la población de estrato social de clase media que son parte de ese aproximado millón y medio de vehículos que tendrán que someterse a la ordenanza por contar con vehículos que están en el target de “vehículo contaminante” sin proponer una alternativa de fondo que ayude realmente a solucionar el problema sin necesidad de excluir.

En materia de contaminación atmosférica el ministerio de Medio Ambiente ha dado muestras fehacientes de avances con planes y programas como lo establecido en el Plan de Descontaminación Atmosférica de la RM, pero esa medida claramente no ha sido suficiente si no se tiene pensado unir la tecnología, la fiscalización y la no exclusión.

Nuestro país tiene suficientes herramientas tecnológicas, investigativas y geográficas que están al alcance de la institucionalidad como por ejemplo, incentivo a la inversión público-privada de calefacció residencial comunitario utilizando energía de la biomasa; abaratamiento del costo de los paneles solares con apoyo estatal en el soporte técnico para el uso en los sectores residencial e industrial y en gran magnitud en el incentivo a la electrificación del transporte público generando una reducción de material particulado fino y de gases contaminantes, asociado por cierto con una fiscalización eficaz y por último un incentivo del Estado a la clase media emergente para adquirir un vehículo más nuevo, para así cambiar el paradigma de una medida que a todas luces es poco solidaria con aquellas familias que por diversas razones deben emplear su vehículo para trasladarse en sus diversas actividades y que no lo podrá hacer producto de que su vehículo es considerado “viejo” y eleva los niveles de contaminación.

Por tanto es el tiempo de efectuar una política pública real, eficiente e inclusiva que aproveche la disponibilidad energética renovable sin afectar a la clase media que sin duda es el sostén de crecimiento de nuestro país.