¿Sabe usted qué es Ecocidio?

Apréndalo, porque está por convertirse en parte de nuestra idiosincrasia, un desgraciado comportamiento de algunos malos chilenos que significa “asesinato o exterminio del medioambiente”. Lo que quiere decir, envenenar a las personas que allí viven, poniéndolas en peligro de graves enfermedades con consecuencias que van desde deficiencias neurológicas, parálisis de miembros de sus cuerpos y hasta muerte por cáncer al pulmón. 

Ya hay en el país por lo menos cuatro zonas de ecocidio claramente identificados, donde respirar es un peligro. Son las olímpicamente llamadas “zonas de sacrificio”, Antofagasta, Bío-Bío, Los Lagos y ahora, Quintero-Puchuncaví ¿Quién querría vivir allí? Nadie, por supuesto.

Pero hay muchos chilenos obligados a hacerlo porque allí nacieron, crecieron, estudiaron, formaron familia y trabajan. Y allí  sobreviven sin perspectivas en el corto plazo de mejoras en la calidad del aire que respiran. 

Lo que ocurrió en dos comunas de la región de Valparaíso, con la intoxicación de decenas de escolares en Quintero y Puchuncaví, nos despertó del letargo medioambiental en que estábamos. Ya hay 190 niños envenenados por el aire que deben respirar y las personas contaminadas alcanzarían el medio millón  si contamos las que aún no han acudido al hospital. 

Y la situación es parecida, igual o peor, en Antofagasta, en las regiones de Bío-Bío y Los Lagos, por  contaminación del aire, agua o mares debido a las industrias extractivas que sin cumplir requisitos medioambientales básicos, están acabando con el oxígeno y reemplazándolo por metales pesados, arsénico u otros venenos para el organismo humano. 

Mientras nos regocijábamos de estar llegando a equipararnos con los países desarrollados, descuidábamos la exigencia y fiscalización real para que esa actividad económica no fuera dañina para los chilenos. El crecimiento no puede ser a cualquier precio. 

La situación  ha hecho crisis una vez más (la primera fue en los años 60 en Antofagasta cuando se descubrió arsénico en el agua potable), pero ahora la alarma sonó más fuerte porque ha ocurrido en la región de Valparaíso, a sólo 150 kilómetros de Santiago, en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Un verdadero desierto rojo donde las chimeneas y el humo industriales no dejan ver ya el hermoso paisaje del Océano Pacífico.  

Las 19 industrias que allí funcionan desde hace décadas no cumplen con los estándares  mínimos para mantener el medioambiente libre de emanaciones durante sus faenas. 

Chile, como Estado, les ha fallado a estos chilenos. Se ha preocupado más del crecimiento económico que del derecho de los ciudadanos de estas “zonas de sacrificio” a vivir en un medioambiente sano. 

“Nos sentimos vejados en nuestra dignidad humana, vulneran nuestros derechos en forma aberrante”, dice Carolina Orellana, líder del Cabildo Abierto donde - una vez más - han sido las mujeres las que han levantado la voz y se han organizado para detener esta catástrofe sin precedentes. Acusan de que el gobierno oculta lo que sabe sobre cuáles serían industrias responsables porque las protege. Y de que ha suspendido las clases escolares en lugar de paralizar las faenas hasta que haya mayor claridad y medidas más eficaces.

Las intoxicaciones de escolares han seguido y denuncian que el 90 por ciento de los niños están con irritación en las vías respiratorias, ausencia de sensibilidad en las piernas o problemas neurológicos y adultos con cáncer al pulmón. 

Más desalentadas quedaron aún cuando supieron que nuestra Cancillería, postergó la firma al Tratado de Escazú,  lo que debió hacer junto a otras naciones de América Latina y el Caribe en la reciente Asamblea General de la ONU. Un tratado que hasta ahora Chile había impulsado y que tiene como objetivo justamente abrir el acceso a la información, a la justicia y a la participación ciudadana frente a estos problemas. 

¿Qué piden nuestros compatriotas de Quintero-Puchuncavía? Como buenos chilenos, “una legislación que impida que hechos como los que están ocurriendo vuelvan a suceder”. 

Es decir, que exijan a esas industrias cumplir con todos los requisitos y normas internacionales, pues las empresas que las acatan en los países desarrollados no provocan ecocidio. Así  como hacer partícipe a la comunidad de los planes reguladores que amenazan con aumentar el parque industrial en esas comunas. 

Pero ¿cuándo se cumplirán estas peticiones, si se acogen?

¿Y cuánto tiempo tardarán en verse resultados positivos en el aire y mar de esas comunas? Décadas, con suerte. Y entretanto sus 34 mil habitantes seguirán envenenándose. 

Mientras tanto, habría que actuar ¡ya! Igual que ante la erupción de un volcán, un terremoto o tsunami: evacuar a la población, ponerla a salvo en un lugar donde puedan respirar buen aire para que se puedan recuperar y no seguir envenenándose. 

El derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación con la gravedad de lo que ha sucedido en Quintero-Puchuncaví, es un derecho humano que no admite más demora. 

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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