Sin protección al medio ambiente no hay inversión
La lucha contra el cambio climático es, sin duda, un objetivo global, pues sus resultados nos afectan a todos por igual; pero, al mismo tiempo, es una tarea esencialmente territorial, pues su éxito depende de las múltiples acciones, de todo tipo, que emprendan las comunidades organizadas.
En este sentido, si bien es importante que el país establezca metas nacionales, por ejemplo, en materia de emisión de gases de efecto invernadero, o de descarbonización de nuestra matriz energética, también es relevante que cada región defina sus propios estándares y exigencias y que sus comunidades logren identificarse con las medidas que se adopten.
Por ello, estimo que el veto presidencial ingresado por La Moneda para relajar medidas para que los empresarios se salten el trámite de evaluación ambiental en nombre de una ley pro inversión es un profundo error.
Resulta fundamental fortalecer estas medidas porque la inversión tiene que ir de la mano del cuidado del medio ambiente.
Estoy seguro que 16 regiones empujando sus propios planes y acciones, llegarán más lejos y antes que un solo plan tirado desde la capital.
En estos días, comenzarán a discutirse en el Senado las indicaciones al proyecto de ley marco sobre cambio climático. Y será esta una buena oportunidad para evaluar el verdadero compromiso que tiene cada sector con el cambio climático y con la descentralización.
Todos apoyamos la necesidad de impulsar la inversión especialmente en momentos de crisis, pero no puede ser a costa de las comunidades que eventualmente sufrirán los embates de la contaminación.
Por ello el proyecto pro inversión del gobierno no puede ni debe estar desvinculado de la iniciativa del Ejecutivo que propone una institucionalidad centrada en el Ministerio de Medio Ambiente para enfrentar el cambio climático.
Sobre el último punto, considero que dicha norma debe contemplar políticas, objetivos e instrumentos regionales, y también locales, pero no solo como una mera aplicación mecánica de aquellos de carácter nacional, sino que, por el contrario, debe tratarse de definiciones propias y diferentes en cada territorio, que no pueden limitarse a ser una bajada de decisiones centrales.
El Gobierno propone una estructura encabezada por el delegado presidencial regional, pero ocurre que su función principal es el gobierno y seguridad pública regional. En cambio, el futuro gobernador regional, que elegirá cada comunidad en abril próximo, tendrá a su cargo, junto con los consejeros regionales, el desarrollo de la región, con atribuciones en el plano económico, social y de ordenamiento territorial.
Si para el delegado presidencial, su primera obligación será el resguardo de la seguridad; para el gobernador regional, lo será el desarrollo, y es obvio que las acciones de adaptación y mitigación para el cambio climático, afectan fundamentalmente los modelos de desarrollo y ocupación del territorio en cada región.
El Gobierno debe ser coherente. Hace más de un año llegó a un acuerdo para perfeccionar la nueva institucionalidad de los gobiernos regionales, y aún no envía al Congreso dicho proyecto. Impulsó el Acuerdo de Escazú y ahora anuncia que no lo ratificará.
Con estas actitudes no cumpliremos ningún objetivo. Se requiere un cambio y confiar en las regiones y las autoridades que sus ciudadanos elijan, para salvar nuestro planeta de los devastadores efectos del cambio climático.
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