Una nueva y mejor salmonicultura

Hace algunas semanas, en su visita a la Región de Los Lagos, el Presidente de la República afirmó que el gobierno va a apoyar la inversión privada en la medida de que esa inversión se realice con criterios de sustentabilidad y en armonía con las comunidades.

Y si bien se mostró crítico con la industria del salmón -la tildó de poco reflexiva sobre si misma- esbozó una reflexión en torno a encontrar un punto de equilibrio entre la protección del medio ambiente y el impulso a una actividad productiva que genera inversión y empleo para miles de personas en la zona sur austral.

Es bueno repasar la historia. Décadas atrás, el Estado -a través de Corfo- introdujo diversas especies en ríos y lagos del país, sin plena conciencia de sus efectos. Desde los años '80 y especialmente a partir de los '90, la iniciativa la tomó la empresa privada con el apoyo fiscal a través del otorgamiento de concesiones, la apertura de caminos, la habilitación de muelles, escuelas, postas, electrificación y todo lo necesario para que pudieran desarrollarse las actividades productivas, no solo la acuicultura, también la pesca artesanal o el turismo.

Por cierto, se cometieron errores. La regulación fue escasa, en parte porque no existía ni el conocimiento ni la sensibilidad necesaria acerca de la sustentabilidad ambiental. Hace 30 años había pocos expertos y no existían carreras profesionales y técnicas en el área. Hubo tambien una débil preocupación por las comunidades, por las condiciones laborales y por crisis sanitarias que golpearon a la industria.

Hoy la situación es diferente. La industria está consolidada, hay nuevas tecnologías y la especialización profesional es de primer nivel, al igual que la generación de ciencia y conocimiento aplicados. Las condiciones laborales han mejorado notoriamente. Por lo tanto, lo lógico es que la salmonicultura se fije nuevos y mayores desafíos para los próximos 30 años, con la participación de las comunidades y los actores públicos y privados.

Hoy hablamos de asegurar soberanía alimentaria y de diversificar la acuicultura a través de la producción de mitílidos y de algas. Habrá que definir nuevas metas de producción con estándares cada vez más exigentes en materia ambiental, entendiendo que en este rubro competimos con países europeos. Para esto es fundamental la ciencia, la tecnología y la innovación. Y, por supuesto, una legislación firme pero justa, capaz de establecer un marco normativo claro, ajeno a fundamentalismos de cualquier tipo.

En ese contexto, un tema a debatir es la permanencia de las salmoneras en las áreas protegidas. ¿Es posible cultivar salmones en esas zonas y a la vez, cumplir el mandato legal de su protección? La industria afirma que es posible producir de manera sustentable. Ese es un debate que debe producirse en el marco que ha establecido el propio presidente, buscando equilibrio entre cuidado ambiental y crecimiento. Hay, de hecho, una normativa en discusión sobre esa materia en el Congreso.

Un desafío enorme para mejorar la regulación -incluso más allá de la elaboración de una nueva ley de pesca y acuicultura- es la creación del Ministerio del Mar, que, entre otras cosas, permitiría concentrar distintas funciones que hoy dependen de diferentes autoridades. No es posible que una concesión o permiso tome 10 años o que ciertos procesos que son vitales para la actividad dependan de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas.

También, en el Chile descentralizado que todos queremos, tienen la palabra las autoridades regionales y locales. Las condiciones están dadas para propender hacia lo que llaman "una nueva salmonicultura".

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