Estamos viviendo en medio de una crisis climática y debemos pisar el acelerador a fondo en la carrera contra ella. El último informe multiinstitucional de la Organización Meteorológica Mundial destaca la gran distancia que hay entre lo que se pretende alcanzar para contenerla y la realidad que se observa y se mide, y advierte que, de no adoptarse medidas considerablemente más ambiciosas, las consecuencias serán devastadoras.
El descenso temporal de los índices de emisión producidos por el uso de los combustibles fósiles que se produjo durante los confinamientos por el Covid-19 fue solo una esperanza pasajera, detectándose que actualmente estos superan los niveles previos a la pandemia. Lo que preocupa es que la ambición necesaria para alcanzar los compromisos de reducción de emisiones para 2030 debe ser, según los expertos, siete veces mayor a la existente, para cumplir el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5°C, según lo fijado en el Acuerdo de París.
En otro informe, referido al Costo Humano de los Desastres, de la UNDRR (Oficina de ONU para la Reducción de Riesgos de Desastres) se entregan cifras impresionantes sobre las pérdidas estimadas en distintos rubros, producidas por el calentamiento global y el alza en el valor de los alimentos, proyectada en 84% al 2050, debido principalmente a las sequías.
Las ciudades, que acogen a miles de millones de personas y causan hasta el 70% de las emisiones producidas por el hombre, se enfrentarán a repercusiones socioeconómicas y medioambientales cada vez mayores. Se estima que en cada uno de los años comprendidos entre 2022 y 2026 la temperatura media anual global cerca de la superficie superaría la de los niveles preindustriales (1850-1900) y que ese aumento oscilaría entre 1,1°C y 1,7°C. Las grandes urbes estarán aún más expuestas al aumento de las precipitaciones intensas, la elevación acelerada del nivel del mar, las crecidas costeras agudas y el calor extremo, entre otros riesgos importantes. Este comportamiento, en Chile se torna igualmente crítico, por sus condiciones geográficas.
Así, las últimas investigaciones indican que para que haya alguna esperanza de efectivamente limitar el calentamiento a 1,5ºC, el uso de carbón debe reducirse en al menos 95% en todo el mundo, mientras que el consumo de petróleo y gas tiene que disminuir en 60% y 45%, respectivamente, para el año 2050.
Sin duda el sector privado juega en esto un papel clave y relevante, debiendo alinear sus metas con los compromisos mundiales del país, aún cuando Chile represente un aporte de solo 0,26% a las emisiones mundiales. El Estado tiene un rol crucial en acelerar las inversiones en desarrollo de fuentes de energía renovables, conversión a combustibles más limpios, mejoras en la eficiencia de los procesos de combustión, impulso de la electromovilidad, planificación en la gestión del agua y educación sobre la modificación de las tendencias de producción y consumo sostenibles. Sin embargo, si las empresas y organizaciones no implementan estas medidas y no se plantean objetivos ambiciosos, no hay avance posible.
Muchos países como Chile han aplicado políticas que han mejorado la eficiencia energética, han reducido las tasas de deforestación o han acelerado el despliegue e inversiones en tecnologías de energías renovables. Como sabemos, reducir las emisiones se torna más urgente que nunca, ya que estamos viviendo un punto de inflexión respecto al calentamiento global. La sensibilización sobre la urgencia ha aumentado, las medidas regulatorias y las exigencias de los inversores internacionales y certificaciones mundiales, obligan a apurar el tranco. Tenemos que prepararnos para materializarlas, porque de ignorarlas, nuestro planeta sería un lugar incompatible con la vida humana y sin esperanzas para las futuras generaciones.
La acción es ahora y las empresas que aborden con decisión estas medidas, se verán recompensadas en su viabilidad a largo plazo, en su reputación, y en la lealtad de sus colaboradores, proveedores y clientes.
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