¡Véndanlo de una buena vez!
Parto aclarando que fui invitado una vez a "Próceres", y que soy panelista semanal -no remunerado- de "Sin Filtros", el otro programa envuelto en esta pelea, y lo soy mientras escribo. Nada de esto fue conversado con nadie de estos programas ni representa su posición, sino solo la mía. El lector tiene derecho a saberlo antes de leer lo que sigue.
Hablaremos acá del famoso contrato que une a Porcel TV y TVN. Parto por el comienzo: en sí mismo, no es el problema, la ley faculta al directorio de TVN para arrendar bienes de su activo. Y la disputa que lo destapó es una guerra comercial entre privados en la que el programa al que asisto es parte y gana con el ruido. Nada de eso es asunto público.
Lo que sí lo es empieza en el artículo 2° de la ley 19.132: el objeto de Televisión Nacional es hacer televisión, no administrar metros cuadrados. Un arriendo aislado cabe en la administración del patrimonio; una cartera de arrendatarios -una clínica, una fundación, dos productoras- elevada a estrategia de diversificación de ingresos ya describe otra empresa. Cuando la manera de sostener un canal de televisión pasa a ser arrendar el canal de televisión, discutir si conviene venderlo dejó de ser una postura ideológica.
Cuando Ciper pidió las condiciones del contrato con Porcel TV, TVN se negó: respondió que todos sus acuerdos se celebran a valores de mercado. No hay documento, no hay licitación conocida, no hay comparación de ofertas: hay una afirmación. Las cifras que circulan vienen del arrendatario y nadie fuera del canal puede confirmarlas. Evelyn Matthei ya dijo lo evidente: que el canal muestre el contrato y, si no, que investigue la Fiscalía. La anomalía no está en el contrato: está en el canal.
Un privado invoca reserva comercial porque arriesga su patrimonio. TVN debe 56 mil millones del crédito con aval del Estado, vence a comienzos del próximo año y su propio presidente admite no poder pagarlo; en el Congreso duerme un proyecto que le inyectaría treinta millones de dólares fiscales. Quien pide esa plata no puede, la misma semana, negarse a decir a cuánto arrienda un estudio. O es privada y se financia sola, o es del Estado y se explica. Las dos cosas a la vez, no.
Se dirá que ese es el precio de la televisión pública. Nunca la tuvimos del todo: la ley 17.377, de 1970, ordenó que TVN fuera público, autónomo y pluralista, y la de 1992 conservó ese andamiaje pero le amputó la otra mitad, mandándolo a financiarse solo con publicidad. La BBC se financia con licencia obligatoria y no transmite avisaje; a TVN se le exige la misma independencia mientras le pide plata al mercado. No armamos la BBC criolla: compramos su declaración de principios sin su presupuesto.
Ese híbrido produce una patología propia: en un canal del Estado toda decisión comercial se lee políticamente, y con razón. Ninguna reforma de gobernanza corrige eso. La ley exige, además, quórum de mayoría absoluta del directorio para arrendar activos sobre 500 unidades tributarias. ¿Lo hubo? La Cámara tuvo que oficiar pidiendo diez antecedentes. Que haya que oficiar es la respuesta.
Y aquí la parte que duele en la derecha: quien preside el directorio fue designado por el Presidente Kast y descartó el cierre, pero no la venta de activos. Bellavista sigue ofertado mientras el Gobierno arma una comisión para decidir el futuro del canal. El que llegó prometiendo achicar el Estado se apronta a sostener con plata fiscal una empresa que va cuarta en sintonía y vende su sede por partes.
Se objetará que vender TVN es renunciar al único contrapeso de pluralismo en un mercado concentrado. Buen argumento, pero supone que el diseño actual lo produce. Un canal que no puede explicar sus propios contratos difícilmente garantiza nada a nadie. Si el objetivo es el pluralismo, hay que decir cómo se financia sin este hibridaje.
Vender TVN no es un capricho ideológico. Mientras el Estado siga siendo dueño, cada contrato será sospechoso aunque sea impecable. Y esa sospecha -no el déficit, no el rating- es el costo que ya no vale la pena pagar.