¿Alambrado de púas o "bordes" razonables?
Se ha hecho común en estas semanas posteriores al referendo constitucional del 4 de septiembre el uso de conceptos como "bordes" o "límites" para un acuerdo entre partidos políticos en torno a un nueva Carta Magna en Chile, con lo que se quiere indicar que entre mínimos y máximos se debe concordar un piso y un techo que admitan la sustentabilidad de una nueva Constitución y su máximo aceptable. Esto, con la idea de "poner límites" o "bordes" al nuevo proceso.
Por cierto, las razones del Rechazo son múltiples y no hay una sola que pueda explicar todo lo ocurrido. Muchísima gente no contó con el tiempo suficiente para comprender la dimensión de muchas de las razonables propuestas históricas que se estaban planteando, especialmente en materia de derechos sociales. El mundo conservador y sus medios de prensa realizaron una campaña aguda y muy desafiante ante la sola idea de que la aprobación del texto constitucional significase alterar las bases jurídicas de más de 40 años de vigencia de la Constitución de orientación pinochetista con las cuales refundaron el Estado y consolidaron un inequitativo y desigual modelo económico y una elevada concentración de la riqueza. Parte importante de los exconvencionales contribuyeron también con una perspectiva que se demostró equivocada, al pensar que, con los ecos del estallido social y una mayoría relativa en la convención, había llegado el momento de desplegar sin mucho límite todos los sueños y anhelos atribuibles a la sociedad chilena, agobiada por problemas estructurales, sociales, políticos y económicos e incluso sanitarios. Pensar que había llegado la hora de transformarlo todo y ya, obnubiló los mejores criterios y razonamientos en favor de construir acuerdos con un mínimo de sentido.
Entre otros, los pueblos indígenas han sido los más perjudicados por esta renuncia masiva al reconocimiento de derechos sociales y políticos y fundamentales con el Rechazo. En 212 años de historia han sido excluidos e invisibilizados por el Estado nacional. Lo dice el histórico informe oficial de la Comisión Nacional de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los PPII (2004) y que cuenta con la firma de tres Presidentes de Chile. Ese informe es el marco de referencia, por excelencia, para cualquier debate constitucional. Y recordemos que desde el Pacto de Nueva Imperial, en 1989, se asumió el compromiso de considerar en la Constitución chilena el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, compromiso incumplido por todos los gobiernos, los partidos políticos y el Congreso Nacional hasta esta fecha.
Los convencionales indígenas también equivocaron la perspectiva histórica de este proceso, sobredimensionando el texto constitucional con iniciativas interesantes, como la de la plurinacionalidad, pero con una importante carencia pedagógica para comprender a cabalidad su importancia. El mundo conservador aprovechó varias propuestas de carácter indígena para aumentar el rechazo, sumando otros temas como derechos de propiedad, el aborto (pensando en electores evangélicos) y la modificación del sistema político, etc. Ingredientes, todos, que, sumados a una evidente carencia de fluidez entre partidos del oficialismo, llevaron a muchos electores a que se redacte otro proyecto. Y éste es el centro neurálgico de lo que viene. Sectores de derecha se han movilizado, entonces, para poner "límites" o "bordes" a este nuevo proceso: sus condiciones para concurrir a un acuerdo. Una especie de "lo toma o lo deja".
Es efectivo que en este tipo de procesos la tarea de un diálogo político transversal es fundamental para construir un consenso mínimo. Pero una cosa es desplegar una alambrada de púas que rasga la piel si se intenta traspasarla y otra es atender realmente a expectativas ciudadanas que deben estar representadas en un acuerdo en donde ninguna de las partes sienta que están siendo tratados como "vencidos o derrotados". Ni la derecha puede adjudicarse el éxito del 100% del Rechazo ni el mundo progresista puede considerarse derrotado totalmente. Ni lo uno ni lo otro. Lo que los votantes rechazaron, finalmente, es un texto constitucional pero no la idea de una nueva Constitución.
En la cuestión indígena los caminos son nítidos. El tema de la plurinacionalidad abrió un debate de futuro. No es un tema del presente, hasta que madure en la conciencia ciudadana. El nuevo texto constitucional, sin embargo, abre nuevamente los caminos para que el Estado, gobierno, partidos políticos y Congreso finalmente cumplan con un compromiso que sigue pendiente: elevar a rango constitucional lo que en Chile ya está vigente en su ley indígena y en el Convenio 169 y en los tratados internacionales sobre derechos indígenas firmados oficialmente por el Estado. Esto es: cumplir con la demanda histórica de reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No es más ni es menos. Y sobre este compromiso, desde la derecha hasta la izquierda se han declarado a favor, constantemente, en estas últimas décadas sus candidaturas presidenciales y sus orgánicas. No hay razón entonces para obviarlo ahora sin atender a las consecuencias que este eventual descuido puede significar para las relaciones entre Estado y pueblos indígenas de Chile.
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