Ante la crisis, un Estado integrador

Camilo Escalona

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Los hechos se han producido con rapidez, en cosa de semanas en Chile ha ocurrido un vuelco impresionante, y no cabe duda que un primer efecto se refiere al colapso de la arrogancia con que el bloque gobernante se veía a si mismo y comprendía la realidad del país, la soberbia se desinfló como pinchazo de neumático. El oasis del que habló Piñera era un espejismo.

Es cierto que no sólo está perplejo el bloque de la derecha política y económica que bajo la dictadura impuso el “Estado mínimo” y la privatización de la economía, instrumentos principales de las desigualdades y abusos que agobian la vida de la comunidad nacional, aún así ganó las recientes elecciones presidenciales y pensó gobernar a lo menos por tres periodos consecutivos.

También hay sorpresa en la oposición por la masividad y fuerza de la protesta social ya que en sus filas se subvaloro la magnitud de la desigualdad imperante y la marginalidad que provocan dos realidades enteramente divergentes dentro de la institucionalidad de un solo país, en una parte, la precariedad y en la otra la prosperidad, el resentimiento frente a la autocomplacencia, y el abuso extremo en las relaciones sociales.

No cabe duda que en la debilidad de la lucha contra la desigualdad influyó el deterioro de la conexión de las estructuras partidarias con las organizaciones sociales y territoriales de base. Se instaló la idea que bastaba con que los Partidos políticos fuesen de “opinión”, y aquello se entendió equivocadamente, como exclusiva competencia mediática.

Hubo críticas a la proliferación de proyectos individuales que agravaron el exhibicionismo personal, pero no se alcanzó la rectificación que se requería, las fuerzas partidarias disminuyeron su activismo político y su labor programática, sea porque el discurso tecnocratico no dió cuenta del quiebre social creado por la codicia neoliberal, o simplemente, porque se desconoció cuán profunda era la desigualdad en Chile. Por eso, hay que ser categóricos, se cerró un ciclo y se debe comenzar uno nuevo.

Hay que asumir, además, que la conversión de algunos personeros en activos lobistas, como contactos de sectores empresariales, en definitiva, el famoso “raspado de la olla” tuvo un efecto devastador en la legitimidad de las fuerzas políticas, en particular, de las que han tenido la responsabilidad de gobernar, por cuanto se da por hecho que los negociados o irregularidades son prácticas habituales “de los políticos”, haciendo de todos ellos un solo saco, cuyo malos hábitos no requiere ser demostrado.

Asimismo, una distorsionada comparación con las graves dificultades de distintos países del continente, acentuó la soberbia y la idea de una supremacía patriotera que hoy sólo algunos se atreven a repetir.

Así ocurrió al dogmatizarse el crecimiento económico, los “cerebros” de esta creencia señalaron una y otra vez, que esa era “la gallina de los huevos de oro” sin reparar que sin instrumentos redistributivos, generaría una lacerante injusticia social que, a su vez, provocaría una crisis de gobernabilidad sin precedentes en democracia como ocurrió.

Ahora la expansión de capitales sin justicia distributiva está echando abajo la puerta, y tal como los acreedores de las grandes compañías, viene a pasar la factura. Las voces que lo advirtieron no fueron tomadas en cuenta. En el 2012, cuando solicite a la biblioteca del Congreso Nacional el Informe: “Retrato de la desigualdad en Chile”, su impactante contenido fue ninguneado por la derecha, calificándolo como material de campaña electoral.

Mientras los balances empresariales tuvieron números azules las personas no importaron. Ahora que el impacto de la protesta social trae cifras con rojos alarmantes, los hasta hace poco sonrientes inversionistas, sienten que la soberbia se desinfló y ya dudan que el daño producido tenga remedio.

En suma, la transición democrática no logró superar el endiosamiento y la gravitación de las eminencias grises del neoliberalismo, avanzó en reformas políticas y quedó atrás en las reformas económicas y sociales, y coincidió con una época global marcada por el retroceso de los ideales de solidaridad y justicia social que, articulados con los valores democráticos de libertad y democracia, son pilares esenciales de la civilización humana que ahora Chile reclama.

Al igual que la desintegración social que coincidió con la gran crisis mundial de 1929, el resultado fue un sistema económico sin integración social que acumuló sorda rabia en un amplio sector del país, cuyas manifestaciones por su extensión y masividad han creado una crisis de gobernabilidad en Chile. En consecuencia, una nueva orientación estratégica debe dirigir el proceso institucional y económico, hacia un Estado de integración social.

Ahora bien, la imagen pública está formada y en buena parte de los manifestantes se identifica por igual al que quiso cambiar el orden establecido con aquel que lo defendió sin ceder en nada. Por eso, pueden provocarse brotes de populismo autoritario que intenten manipular la movilización con un discurso anti sistémico que favorezca las soluciones de fuerza.

El Estado debe dejar atrás su ya fracasada subsidariedad, con vistas a un Estado integrador, social y democrático de derechos que se haga cargo de la exclusión y establezca bases estructurales sólidas que derroten la desigualdad, cohesionen e integren el país y terminen la cadena de abusos que llevaron al estallido social.

El gobernante hace como que cede para no ceder en nada, si ese inmovilismo se impone y no hay cambio alguno, se debilitará aún más la gobernabilidad democrática. Piñera no debe caer en la tentación autoritaria. El anuncio de una Agenda de Orden Público para reprimir mejor a los manifestantes y a la oposición apunta a una solución represiva altamente preocupante.

La convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional es una señal de amedrentamiento que sólo echa más leña a la confrontación social. Todavía Piñera busca una guerra que no existe.

Además, provocar la deliberación de los mandos castrenses con la reunión del COSENA esta fuera de lugar, por el contrario, no debiese olvidar que la tutela militar fue excluida en las reformas constitucionales del 2005.

Así también, en su entrevista publicada el sábado en El Mercurio, dice que prepara sus propias reformas constitucionales para enviarlas al Congreso Nacional. Piñera revela que cree que la solución está en lo que él diga o haga, muy por el contrario, el camino está en la democracia, en la participación ciudadana, en la convergencia más amplia y pluralista de voluntades que se exprese en una nueva Constitución, que represente una mayoría nacional, cuya amplitud y fortaleza le den el sustento necesario.

El Estado en Chile es una institución impersonal, en la que nadie puede atribuirse facultades que no le estén expresamente conferidas, por eso, lo que se solicita de Piñera es que de su acuerdo para una reforma constitucional que por vía del Plebiscito abra la ruta hacia una nueva Constitución Política.

La oposición ha planteado un Plebiscito para avanzar en un marco constitucional que evite una confrontación civil que abra espacio para una pretensión autoritaria.

Los partidos políticos deben actuar ahora y avanzar hacia una nueva Constitución. Así,  podrán asumir en plenitud su responsabilidad política dando la debida respuesta a la nación chilena.