Aporte familiar permanente, una política pública, un derecho

Marzo es un mes de mayor esfuerzo familiar debido a que estas incurren en mayores gastos derivados de las matriculas en colegios, útiles escolares, uniformes y transporte, entre otros. De hecho, según estimó en 2013 la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), uno de cada cuatro pesos del presupuesto del hogar se destina durante marzo al pago de estos bienes y servicios, superando en 41% el gasto de estos mismos ítems durante el resto de los meses del año. No obstante, esta realidad no afecta a todas las familias por igual.

Así, y con el fin de dar un alivio a las familias de menores ingresos, desde el primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se establecieron transferencias sociales, los llamados Bonos Marzo, pero que siempre tuvieron el carácter de excepcional. Es decir, cada año se aprobaba una ley para pagar ese beneficio por una vez y sólo para el año respectivo.

Hoy la situación es distinta. En 2014 el primer Proyecto de Ley enviado por la Mandataria en éste, su segundo mandato, fue el que dio a esta medida de protección social un carácter institucionalizado y permanente. Es más, el beneficio hoy tiene otra designación: Aporte Familiar Permanente.

El carácter de permanente apunta a que, para hacer frente a las particularidades del mes de marzo, que son evidentes, no es suficiente una medida excepcional, sino una política pública de largo plazo que apoye el esfuerzo que deben realizar las familias más vulnerables.

Desde 2014 se han destinado, cada año, entre $ 127.000 millones y $ 141.000 millones al Aporte Familiar Permanente, favoreciendo cada mes de marzo a más de un 1.600.000 familias. Este 2017 el aporte ascenderá a $ 44.209 por beneficiario.

Estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han situado a Chile como uno de los países con peor distribución de los ingresos. Y aunque la Encuesta Casen 2015, cuyos resultados conocimos el año pasado, dio cuenta de una mejora estadísticamente significativa en los indicadores de desigualdad en la distribución del ingreso, aún nos quedan desafíos que, de acuerdo al sello de este Gobierno, los estamos abordando a través del fortalecimiento de la protección social.

En este contexto, las transferencias sociales instituidas en el Aporte Familiar Permanente -así como otras iniciativas y políticas de protección social, como la restitución del Bono Invierno para 352 mil pensionados, realizada en 2014 - se orientan también a combatir la brecha existente en la distribución de los ingresos. Esto, pues los mayores gastos de marzo acentúan esa desigualdad que hoy existe entre las familias chilenas, fundamento esencial para el establecimiento de este derecho social permanente.

De esta forma, este derecho se enmarca en una de las tantas políticas de protección social que este gobierno ha impulsado, siendo consistente con la lógica del fortalecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos.

Desde Facebook:

Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado

Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
Columnas recientes
Columnistas