Apruebo Dignidad y el PC: entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad

Luis Ruz

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No hay duda que nos encontramos en el punto más álgido de la crisis de seguridad que atraviesa el país. Luego del asesinato de Daniel Palma hay un antes y un después. Si ya veníamos con una pesada carga emocional luego del crimen de la carabinera Rita Olivares, lo sucedido con el cabo colmó todos los límites. El tercer homicidio de un carabinero en menos de un mes terminó por transformarse en la gota que rebalsó un vaso que ya estaba lo suficientemente lleno. La agenda pública quedó ceñida por la conmoción pública y la impresión de que estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia y el crimen organizado.

Es cierto que se han tomado medidas, pero a la luz de lo que percibe la ciudadanía, parecen insuficientes. La sensación de inseguridad y la rabia contenida han obligado al Gobierno a reaccionar con rapidez. Sin embargo, persiste la sensación mayoritaria que existe una deuda en seguridad. Como prueba de esta crisis, la tramitación de ley Naín-Retamal fue finalmente promulgada en medio de la consternación y el luto que causó la muerte del cabo Palma.

El Presidente Boric anunció un plan denominado "Calles sin violencia", que contempla 1.500 millones de dólares para adquirir equipamiento y elementos de protección para las policías y para financiar reformas, como la del Ministerio Público, que supone la modificación de su planta de funcionarios, entre otras medidas.

A esta altura del partido parece obvio, pero vale la pena recordar que el combate contra la delincuencia implica una mirada sistémica. No es suficiente medidas parciales o focalizadas, sin atender a la multiplicidad de factores que concurren en este problema. Una estrategia integral conlleva más recursos para tecnología, más dotación y preparación para Carabineros y la PDI, mejorar la inteligencia, reformas para mejorar la capacidad investigativa del Ministerio Público, una adecuada segmentación de las cárceles y un apoyo político irrestricto hacia la tarea de la persecución del delito y toda organización criminal. Eso sí, hay que tener muy claro es que todo debe hacerse con sentido de urgencia e implementar acciones que se encuentran tanto en el nivel operativo como estratégico.

Desde la perspectiva política, este momento complejo toma al Gobierno nuevamente dividido. Aunque sus autoridades digan lo contrario, las señales de sus dos coaliciones han sido distintas en esta materia. Por ejemplo, si se quería dar una señal con la aprobación de la ley Naín-Retamal, la verdad es que no se logró del todo. Y no fue posible porque diputados de Apruebo Dignidad y del Partido Comunista, luego de la aprobación de la ley, optaron por hacer un punto político indicando que no estaban de acuerdo con todo el alcance del texto. Solo recordar que diputados de AD y el PC estaban preparando una presentación al Tribunal Constitucional cuando se produce el homicidio del cabo palma que causó indignación en la ciudadanía.

Considerando la coyuntura, no es comprensible la actuación de Apruebo Dignidad y del Partido Comunista como partidos de gobierno. Esta disposición identitaria del FA y el PC termina por afectar la eficacia y la conducción del Ejecutivo. Es cierto que puede ser legítimo ofrecer observaciones y matices en el debate de cualquier legislación, pero el punto es la oportunidad y el contexto que afecta al propio gobierno en un área tremendamente sensible y difícil.

¿Cómo explicar esta actitud? Solo queda pensar que AD y el PC se mueven entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad, como lo explicó Max Weber en su famosa conferencia a estudiantes en Munich.

La ética de las convicciones supone valores y juicios absolutos, con posturas inflexibles y verdades dogmáticas que no aceptan tesis contrarias. Esta ética de las convicciones se confronta con la ética de la responsabilidad que supone asumir la realidad, que significa hacerse cargo de los problemas reales del mundo. Y los asuntos cotidianos y la política misma tienen que ver con la realidad más que con las convicciones individuales. Por cierto, esta discusión no termina con la idea que hay que optar por una u otra de manera excluyente. La ética de la responsabilidad y la ética de la convicción no son términos absolutamente opuestos, sino elementos complementarios que han de ser ponderados por las personas con vocación política, según Weber. Pues bien, al parecer, aquí es donde está el problema y la confusión de los dirigentes de la izquierda chilena.

Tras su actuación y sus opiniones, queda la impresión que tanto AD y el PC no logan comprender que cuando se es gobierno debe primar la correcta conjunción entre los ideales propios y la responsabilidad que significa asumir los problemas de la sociedad sobre la cual se gobierna. Y hoy, en Chile, el principal problema es la inseguridad y la manera de abordar a un tipo de violencia a la que no estábamos acostumbrados ni conocíamos.

Esta actitud, a simple vista, demuestra dos cosas: la falta de comprensión de la cultura de gobierno y de coalición y la total desconexión con la principal demanda que la ciudadanía manifiesta hoy y que es recogida en todos los estudios de opinión como lo es la seguridad.

Cuando se gobierna no siempre es posible recibir los reconocimientos y elogios. En ciertos momentos, como el que vivimos en materia de seguridad ciudadana, no es razonable procurar tener un pie en La Moneda y el otro en la Plaza Italia para no perder popularidad. Gobernar también supone asumir costos cuando se toman decisiones complejas y se enfrenta la realidad.

Para finalizar esta reflexión, recuerdo nuevamente las lecciones de Weber respecto de las cualidades del político, y éste enseña que son tres: la pasión para abordar una tarea o causa, la distancia para actuar con la debida frialdad (racionalidad) para no caer en actuaciones de aficionados y la responsabilidad para asumir las obligaciones que tiene por delante.

Parecen lecciones pertinentes para un gobierno que requiere con urgencia equilibrar las convicciones con la realidad. Para sacar al gobierno adelante, tanto AD como el PC deben procurar con prontitud unir las convicciones y las causas en las que creen con el necesario criterio de la responsabilidad para actuar sobre la realidad. Al gobierno le queda poco tiempo y margen ¿será posible para AD y el PC? Por el bien de Chile, esperemos que sí.