La gestión fiscal bajo la conducción de Javiera Martínez en la Dirección de Presupuestos -"la mejor Dipres de la historia", según el exministro Marcel- llega al último presupuesto con un serio problema de credibilidad. Tras años de supuestos optimistas y un déficit persistente -a pesar de las advertencias de expertos de distintos colores políticos-, lo urgente es claro: estimar ingresos con prudencia, cumplir con disciplina la regla fiscal y ordenar el gasto. Sin ello, simplemente no hay margen.
Con la salida de Mario Marcel y la llegada de Nicolás Grau a Hacienda, el presupuesto entra a su tramo final con cambio de mando a semanas de presentarse. Aunque muchos veían en Heidi Berner la continuidad técnica -y la opción de la primera ministra de Hacienda-, el Presidente optó por Grau. La lectura es política: replegarse a las bases ante un escenario sin cartas de continuidad y con pocas posibilidades de ganar, y proyectarlo para un eventual próximo ciclo. El problema es el timing: el último presupuesto de esta administración exige foco absoluto y pulso sobrio; cualquier cálculo electoral distrae de lo esencial.
Por otro lado, las cifras del último año no ayudan. El crecimiento proyectado es de apenas 2,5%, los ingresos tributarios no mineros siguen bajo presión y la meta de déficit estructural de -1,8% del PIB solo se sostiene si la recaudación en el segundo semestre crece cerca de 11%. La exdirectora de Presupuestos Cristina Torres estima que el esfuerzo real ronda el 12,4% para cumplir con la meta. Y su antecesor, Matías Acevedo, advierte que lograrlo sin recortar gastos es poco plausible. No son "agoreros": conocen la máquina por dentro.
Ante la inquietud por el déficit, la Dipres ha reforzado su "regla de oro" fiscal: mantener la deuda bruta por debajo del 45% del PIB. Aunque la dirección es correcta, hoy funciona como un atajo argumental, pues mientras no se supere ese umbral, se minimiza el incumplimiento de la meta estructural. Pero el margen es cada vez más estrecho y confiar en él sólo posterga ajustes que tarde o temprano serán inevitables.
Serán años difíciles. A partir de 2026, el margen fiscal será mínimo. El "balance compatible con la meta" ya se ve tensionado y cualquier desviación sacará al país de la regla. En simple: el presupuesto que se apruebe ahora puede dejar al próximo gobierno con las manos atadas si se vuelve a basar en proyecciones que no se cumplen. Mientras tanto, el Congreso tramita proyectos de alto impacto fiscal y de mercado -nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, condonación del CAE, sala cuna universal, sistema nacional de cuidados, entre otros-. Si avanzan con supuestos laxos, la restricción para el gobierno entrante será inmediata. La rotación de tres jefes de finanzas públicas en tres años tampoco contribuye a la confianza.
¿Hay margen para corregir? Sí, pero sin voluntarismo. El CEP ha identificado potenciales ahorros por eficiencia: hasta US$6.000 millones en un escenario optimista y cerca de US$3.000 millones en uno conservador. Sin embargo, la mayor parte del gasto está comprometido en leyes permanentes, remuneraciones, pensiones, transferencias y servicio de la deuda. Reducirlo requiere ley y mayorías en el Congreso. Por eso, el margen real hoy está en eficiencias, focalización y mejor ejecución, algo difícil de materializar en un escenario de fragmentación política.
Aquí la oposición tiene un rol clave: no basta con denunciar sobreestimaciones, hay que imponer prudencia en la discusión presupuestaria. Existe, además, una salida institucional que vale la pena impulsar: dotar al Congreso de una oficina técnica independiente que elabore sus propias proyecciones, estime el costo de las leyes y audite las metodologías oficiales.
El presupuesto no puede sostenerse en promesas. Decir "esta vez sí" ya no alcanza. La Dipres debe reconstruir su credibilidad con hechos, y la oposición, exigir realismo. Si se corrige ahora, aún hay tiempo. De lo contrario, el próximo gobierno no solo heredará un presupuesto estrecho, sino la ausencia de margen para gobernar.
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