Aysén: la gente olvidada

Aunque las movilizaciones sean de reciente aparición –un fenómeno social impulsado por los jóvenes y que puede asombrar a los viejos– lo que muestra el conflicto social de Aysén es la pugna que subyace con el modelo económico: los intereses de las empresas están por sobre las necesidades de las personas.

A raíz de la reacción descalificatoria del Gobierno, el país ha constatado que éste prefiere optar por las empresas ante que por las necesidades de las personas.

Es decir,  lo que subyace en este conflicto, es la pugna ideológica de las autoridades por defender el statu quo para cautelar los negocios y prerrogativas de las empresas, frente a una región organizada que exige sus derechos.

Los senadores Horvarth y Walker denunciaron que el Gobierno ha ninguneado a los dirigentes sociales, “los deja esperando, no los saluda, se niega a dialogar” dicen, creyendo que se trata solo de un mal manejo gubernamental de la crisis, pero, amparado en el orden social, lo que el gobierno defiende es una posición ideológica.

El Gobierno no quiere ceder.

Es evidente que busca –como lo hizo con los estudiantes– desgastar, agotar y radicalizar el conflicto, es su forma de notificar que optó por las empresas, por el modelo y no por las necesidades de los ayseninos.

No es necesario ser experto en estadísticas para registrar a simple vista la escandalosa concentración económica y, por ende, su vergonzosa mala distribución, a pesar que los Gobiernos se complazcan con “sus” estadísticas.

Es la gente olvidada, frente a la acción de los grandes conglomerados.

La misma gente que en el Norte grita: “Agua sí, oro no” ante el envenenamiento del agua de sus valles. La que reclama en Lota contra la pesca de arrastre. O, en Castro contra la construcción de un hiper mall.

Conmueve ver a los ayseninos movilizados para cambiar su suerte.  Ellos se han ganado el corazón de los chilenos, en su lucha han demostrado, capacidad, claridad, inteligencia, honestidad.

Ellos, no han desconocido al Gobierno ni a sus autoridades, sin embargo, como respuesta han recibido solo portazos.

Ahora los parlamentarios anuncian que tratarán el tema en La Moneda con el Presidente Piñera.Ojalá, que eso ayude y no agrave el conflicto.

Porque desde hace mucho tiempo, es preocupante ver a los representantes populares lejos de la gente, más preocupados de sostener el modelo que corregir sus horrores.

No se esperaba esa actitud cuando se luchó por la recuperación de la democracia, más aún, si nuestros representantes saben que la mejor inversión para la estabilidad democrática es la justicia social.

La sociedad debe controlar sus empresas, es ilegítimo que éstas, con la excusa generar empleo, depreden los recursos gratuitamente, paguen remuneraciones indignas amparadas en leyes injustas y en la desregulación laboral, persigan sindicatos e impidan la negociación colectiva.

Es inaceptable que existan sueldos por debajo de la línea de pobreza, porque al final eso termina convulsionando a la sociedad y poniendo en peligro a los valores democráticos.

Estas injusticias generan pérdida de confianza en la democracia y en las instituciones democráticas, debilitándolas.Pero, esto tiene solución.

Aunque siempre sea difícil deshacer lo hecho, hay que intentarlo, hay que replantearse un modelo de desarrollo económico, político y social participativo, a escala humana, orientado al bien común.

Cuando el Santo Alberto Hurtado, llamaba a superar los problemas sociales, instaba al “cambio de las estructuras sociales: atacar, no tanto los efectos, cuanto las causas del mal” decía, y agregaba, “para hacer plenamente justicia a los demás, hay que ponerse en su sitio, comprender sus razones y sus necesidades”.

Fuerza a los ayseninos. No más regiones ricas, con personas aisladas y empobrecidas.

Desde Facebook:

Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado