Con ametralladoras y encapuchados no se dialoga
El amedrentamiento sufrido por la ministra Siches y la comitiva de Gobierno en Temucuicui deja en evidencia la gravedad y extensión de la violencia desatada en La Araucanía. ¿Qué habría ocurrido si uno de los disparos hubiera alcanzado a alguna de las autoridades? Las reacciones de La Moneda parecen no dar cuenta del ambiente catastrófico en el que la región se ha acostumbrado a vivir durante los últimos años.
El nivel de violencia en la macrozona sur provocó que la administración saliente y los parlamentarios hayan tenido que prorrogar el estado de excepción constitucional en 10 oportunidades. Para apreciar la magnitud de la situación, han sido mil las querellas presentadas por el gobierno entre 2016 y 2021 en las regiones de La Araucanía y Biobío, de las cuales 547 acciones legales dicen relación con ataques en contexto de la llamada violencia rural.
Aquí no estamos hablando sólo de quemas de iglesias, viviendas, empresas forestales, camiones, maquinarias, bodegas; sino que de familias afectadas, trabajadores y vecinos que muchas veces no tienen nada que ver con este conflicto y se ven dañados en sus bienes materiales, destrozan sus ciudades, incluso algunos han perdido la vida.
Los atentados de terroristas no pueden ser vistos como invitaciones para dialogar, ya que una de las partes está necesariamente en una situación de inferioridad de fuerza y por ello, sin un real espacio para negociar. En esa asimetría, uno en la mesa impone, el que tiene el arma. Con los terroristas no debe haber espacio para diálogos. Esto no es una toma, un paro o una marcha, no se trata de idealistas, son ataques contra la propiedad y la vida. Por lo anterior, se debe considerar el estado de excepción como una herramienta que ha demostrado ser eficaz y rápida para seguir intentando contener los ataques.
Como diputado que representa a una de las dos regiones más afectadas, le pido al Gobierno del Presidente Boric que enfrente al terrorismo de La Araucanía con seriedad. La violencia sostenida muestra que desde 2018 a la fecha se ha logrado detener sólo 14 personas implicadas en alguno de los 477 ataques cometidos desde ese año en la zona, según cifras de la PDI.
Por otro lado, desde 2016 existen 50 personas privadas de libertad, de las cuales 16 cumplen condena. Al mismo tiempo, el Ministerio Público de La Araucanía registra 31 prisiones preventivas en igual período, donde ocho imputados fueron formalizados por delitos de alta connotación.
Para avanzar hacia una política de interculturalidad y convivencia pacífica debemos separar de manera enfática a quienes están por el diálogo de los violentistas que se aprovechan de las demandas de los pueblos originarios para generar terror en la ciudadanía. Hago un llamado a actuar con coordinación al interior de La Moneda y utilizar todas las herramientas que la Constitución y las leyes otorgan, incluyendo el estado de excepción constitucional, para alcanzar dicho cometido.
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