Convicción y responsabilidad política, en la lupa social

José Orellana

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^{Co-escrita con Hernán García Moresco, profesor UAHC}

En otra oportunidad los suscritos hemos comentado la necesidad de un esfuerzo político ideal para enfrentar el tercer tiempo constitucional, tras el fracaso del segundo (el primero, denominado bacheletista; el segundo, post estallido social). Esto es formalizar de cara al 7 de mayo una única lista electoral que permitiese mayores grados de elegibilidad al interior del Consejo Constitucional (Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático hasta la Democracia Cristiana). En ese instante, se destacó el rol del Partido Socialista como el articulador de la idea e invitación a todas las tiendas partidarias que se encuentran integrando los conglomerados consignados, cuestión que finalmente no ocurrió, dadas las racionalidades propias de la competencia electoral. Implicó que los partidos de la alianza de gobierno vayan en dos listas. Otra/os mañosamente las llaman "las dos almas del oficialismo".

Con ello, se aceptó la hipótesis de que era poco probable que se repitiera la gesta política-electoral para la recuperación de la democracia de los '80 del siglo XX, cuando diversas colectividades partidarias, con pasados irreconciliables, concurrieron a un acuerdo amplio, que finalmente devino en la Concertación de Partidos por La Democracia (arco político que gobernó con el apoyo del centro y la izquierda). En ese momento el contexto era otro, colocando los propósitos del conjunto como cuestión principal, quedando supeditada la dimensión electoral a una más vital circunstancia, como era salvar la vida no sólo de militantes de las tiendas partidarias, sino que vivir en democracia (independiente de las miradas críticas y legítimas realizadas, posteriormente). De no concretase ello, implicaba que ganara la opción Sí en el plebiscito de 1988, prorrogando -implícitamente- la dictadura.

En el presente la gesta tiene otras dimensiones, tenemos una sociedad esencialmente mediática, donde las ideas están sojuzgadas al consumo en redes sociales. Las convicciones del ayer pasan a segundo orden, relegando el sentido de la razón, ideas o pensamiento a la mera acción publicitaria y no de principios. La valoración de la persona, de la comunidad y su futuro son parte del proyecto o ideario progresista-democrático (como se indica, aún en crítica) que debe -en particular- mirar y sopesar con una real autocrítica el proceso constituyente recién terminado el 4 de septiembre; donde debería agregarse que los meros mensajes y hechos heredados del proceso presidencial de 2021 no fueron suficientes, pues escribir una nueva Constitución, en un contexto democrático como en el que nos encontramos (imperfecto y todo), debe ser otorgando a la ciudadanía la participación en igualdad de condiciones en la discusión, transparentando que la sociedad es heterogénea en todo orden de cosas y no es posible subyugar las ideas de una/os por sobre otra/os.

Ser mayoría implica respetar las minorías, regla básica de las democracias en términos comparados, sino ¿cómo se explica la diferencia del proceso constitucional que se inició con 78,3% en 2020, cuando el plebiscito permitió iniciar la superación de la actual Constitución, para luego estrepitosamente ser reducido a 38,1% en 2022? (con fake news y comportamientos reprochables del alguna/os convencionales más otras posibilidades que permite el marketing).

De todos modos, se suman ideas y conceptos ya abordados a este nuevo proceso constitucional (junto con todas las legítimas críticas procesuales), como es la necesidad de un Estado Social de Derechos, vigente como nunca y funcional a situaciones dramáticas como son las catástrofes naturales, tal como las hemos vistos por estos días, a propósito de los incendios forestales en el sur de Chile (también terremotos, inundaciones y procesos de remoción en masa como los aludes, entre otros). Es, en un Estado Social de Derechos, donde la sociedad avanza hacia formas de convivencia más plenas. La satisfacción de derechos básicos redunda en bienestar individual y colectivo. La experiencia comparada así lo indica, haciendo de la gestión del riesgo (natural y otros), además un eje sustantivo en la vida cotidiana de una sociedad.
Instalados en este escenario, los resultados son medianamente previsibles respecto de cómo debería ser la integración del Consejo Constitucional el 7 de mayo. Hay que reconocer que una lista única de las fuerzas políticas partidarias que se encuentran detrás del gobierno y más allá, fuera del simbolismo que ofrece, su trascendencia habría implicado una señal de consistencia política a escala sudamericana-latinoamericana, constituyéndose en la excepción que ratifica la regla en esta escala geográfica internacional de análisis.

Por ello la trascendencia de los actos locales, en una sociedad virtualizada por las redes sociales, podrían eventualmente poner el foco en situaciones territoriales específicas y ampliarlas como resonancia y generalización de hechos nacionales (el territorio es fundamental, pero entendido, desde un análisis inter-escalar). Disputas electorales habrá y los medios de comunicación se focalizarán en ellos por el altercado, el tono de voz, la corporalidad, etc., pero la imbricación de la convicción y responsabilidad política, es el valor-mandato principal que deben tener los partidos políticos, por medio de sus dirigenta/es, en este nuevo proceso electoral (también otros actores del sistema sociopolítico).

Desde esta perspectiva, el enfoque territorial de la organización partidaria y de proyecto político con visión país, en una clave de tolerancia y pluralismo, permitirán ensanchar las fronteras de lo posible permitiendo el fortalecimiento de la democracia, única posibilidad viable desde lo político (para algunas y algunas, también desde lo moral y lo ético) para el desarrollo del país y del pueblo de Chile como se indica por estos días.

Finalmente, en el actual momento político, tal como lo refleja la encuesta CEP, donde la ciudadanía mantiene desde el 2021 una pequeña confianza en las organizaciones partidarias (4%), un PS liderado por Paulina Vodanovic en condición de presidenta, y Camilo Escalona, en condición de secretario general, contribuiría a un horizonte estratégico del sistema político positivo, en una síntesis que parece virtuosa (no exenta de disputas), donde la trayectoria y la nueva savia asume la responsabilidad de conducir desde lo interno y externo un proceso político que, ineludiblemente, este año y el siguiente, serán intensos.