Crecimiento, justicia social y responsabilidad democrática
Las decisiones económicas relevantes no sólo deben evaluarse por sus efectos inmediatos, sino también por las señales que entregan respecto del tipo de sociedad que estamos construyendo y de la forma en que distribuimos los esfuerzos que el desarrollo exige.
El reciente ajuste en el precio de los combustibles vuelve a poner en el centro una discusión que Chile no debiera eludir: la necesidad de resguardar un equilibrio razonable entre crecimiento económico, justicia social y estabilidad democrática. No se trata de desconocer las complejidades de la conducción económica ni las restricciones que muchas veces enfrentan las autoridades.
Gobernar siempre implica optar entre alternativas imperfectas. Pero precisamente por ello, resulta indispensable que esas decisiones se adopten teniendo siempre presente un criterio orientador fundamental: la protección del bien común y la equidad en la distribución de los costos sociales.
Cuando amplios sectores de la población perciben que los mayores esfuerzos recaen de manera reiterada sobre quienes dependen exclusivamente de su trabajo, lo que comienza a resentirse no es sólo la economía familiar. También se resiente la confianza, que constituye uno de los activos más importantes de cualquier sistema democrático.
La estabilidad de un país no descansa únicamente en la solidez de sus indicadores macroeconómicos. Descansa también en la convicción compartida de que las reglas son justas y de que los sacrificios se distribuyen de manera equilibrada. Por ello, las medidas que tienen efectos directos sobre el costo de la vida deben ser siempre evaluadas no sólo desde su racionalidad técnica, sino también desde su impacto social y su oportunidad política. La economía es una herramienta esencial del desarrollo, pero nunca debe perder su dimensión humana.
En esa misma perspectiva, Chile debe continuar resguardando con especial cuidado los principios que han permitido sostener su convivencia democrática en las últimas décadas: el respeto irrestricto a los derechos humanos, el valor de la memoria histórica y el compromiso permanente con la dignidad de las personas. La fortaleza de las democracias no depende únicamente de sus instituciones formales, sino también de la consistencia ética de sus decisiones.
La experiencia nacional e internacional demuestra que los países logran trayectorias de desarrollo estables cuando son capaces de compatibilizar crecimiento con cohesión social. Cuando ese equilibrio se debilita, las tensiones sociales tienden inevitablemente a aumentar.
Por lo mismo, parece razonable reafirmar algunos principios que históricamente han formado parte de las mejores tradiciones del pensamiento social democrático y del humanismo cristiano:
- Que el crecimiento económico encuentra su verdadera legitimidad cuando contribuye efectivamente al bien común
- Que el trabajo constituye no sólo un factor de producción, sino un elemento central de la dignidad de las personas y de la integración social
- Que el diálogo social fortalece la calidad de las decisiones públicas y contribuye a la estabilidad institucional
- Y que la justicia social no es únicamente un ideal normativo, sino una condición práctica para la gobernabilidad democrática
Chile ha avanzado cuando ha sabido construir acuerdos amplios en torno a estos principios. Y también ha conocido períodos de dificultad cuando ellos se han debilitado o han sido desplazados por visiones excesivamente parciales del desarrollo.
Mirando hacia el futuro, el desafío sigue siendo el mismo: consolidar un modelo de desarrollo que combine responsabilidad económica con responsabilidad social, crecimiento con equidad, eficiencia con cohesión.
Porque, en definitiva, la fortaleza de una democracia se mide no sólo por su capacidad de crecer, sino por su capacidad de integrar. No hay desarrollo sólido si el trabajo pierde dignidad. No hay estabilidad duradera si la justicia social se posterga. No hay democracia plena si el progreso no se percibe como una tarea compartida.
Esa ha sido, con distintos matices, una de las lecciones más persistentes de la experiencia chilena. Y probablemente seguirá siéndolo.