Crisis de seguridad y el desafío del fortalecimiento del Estado ¿conviene constitucionalizar el tema?

Luis Ruz

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^{Coescrita con Pablo Ortiz Muñoz, magister en Seguridad y Defensa Anepe, investigador asociado CDC}

No hay duda de que el problema que domina la agenda es la seguridad en las calles y barrios. La percepción de inseguridad es lo que más aqueja a los chilenos. Así lo reflejan todos los estudios de opinión que sitúan esta problemática como la principal preocupación social. El reciente informe de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2022 muestra una creciente demanda de la ciudadanía por una respuesta efectiva del Estado ante un problema de una alta complejidad que se explica por sus diversas causas y consecuencias. Este desafío diario se manifiesta, entre otros aspectos, en la cesión de parte de nuestras libertades y la percepción de vivir con inseguridad.

En el persistente debate sobre las causas, la gravedad y los responsables de la inseguridad en nuestro país, es esencial objetivar el análisis. Según los datos proporcionados por el Ministerio Público, se confirma un incremento significativo de los delitos, con un aumento de la violencia impulsada por el uso de armas de fuego. Este fenómeno se refleja especialmente en los homicidios, que están directamente vinculados al crimen organizado, ya sea por disputas territoriales o venganzas entre bandas delictuales. Contrario a las suposiciones previas, la realidad del crimen organizado en Chile se presenta de manera diversa, dando lugar a problemáticas específicas según las macrozonas territoriales. Desde la sustracción ilegal de madera en el sur hasta el negocio ilícito vinculado a la migración en el norte, pasando por el robo de vehículos y extorsiones en la zona central. Aquello da cuenta de multicausalidad del fenómeno.

En estos días, la migración irregular ha ocupado el centro del debate, lamentablemente enfocado de manera equivocada en cuestiones constitucionales. Experiencias internacionales, como las de Dinamarca, Islandia, Suecia, Finlandia y Noruega, destacan por la implementación de políticas migratorias estrictas respaldadas por amplios acuerdos políticos internos, además de propiciar espacios de cooperación entre estas cinco naciones nórdicas. Entre las medidas adoptadas se encuentran deportaciones conjuntas, el cierre de pasos fronterizos y requisitos más rigurosos para la obtención de ciudadanía y beneficios sociales. Es decir, la experiencia comparada indica que, para abordar un problema tan complejo, se requiere coordinación y también la capacidad de cooperación entre las instituciones relacionadas.

En el caso de Alemania, se han adoptado medidas igualmente estrictas en virtud de un acuerdo entre el gobierno federal y los estados federados. Estas acciones incluyen la restricción de beneficios sociales en lo que respecta al monto aportado por el Estado para refugiados, la entrega de vales canjeables únicamente por alimentos para evitar el envío de dinero a los países de origen y la reducción de los tiempos de tramitación de solicitudes de asilo. El objetivo es agilizar la incorporación a la fuerza laboral de aquellos migrantes cuyas solicitudes de asilo son aceptadas, así como la deportación de aquellos cuyas solicitudes son rechazadas.

Otro aspecto relacionado con la crisis de seguridad, que se ha ocupado para la discusión constitucional, tiene que ver con el control de fronteras. La experiencia internacional, una vez más, destaca que la gestión de las fronteras es una cuestión que requiere políticas y estrategias bien definidas. Además de la dimensión institucional de cada Estado, la cooperación internacional juega un papel crucial. Esto se evidencia, por ejemplo, en la colaboración entre Estados Unidos y Canadá, que se consolidó a raíz de las lecciones aprendidas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Del mismo modo, los casos de Alemania, Dinamarca y Suecia ofrecen ejemplos claros de avances en esta materia, impulsados por las lecciones extraídas de la crisis migratoria de 2015.

Además de la colaboración internacional, es fundamental la integración de soluciones tecnológicas para un control inteligente de las fronteras. Al respecto, resalta el ejemplo de Brasil y su sistema de vigilancia fronteriza avanzada (Sisfron), que, al implementarse completamente, simplificará la supervisión de una extensa y compleja frontera. Este sistema integra radares, sensores y sistemas de comunicación para detectar e informar en tiempo real los movimientos físicos que se produzcan en la frontera brasileña.

Otro tema que ha captado la atención, en el contexto de la crisis de seguridad, es el empleo de las Fuerzas Armadas, ya sea en el marco de un estado de excepción constitucional o en virtud de la ley 21.542, también conocida como la ley de infraestructura crítica. En este punto, se ha destacado en el debate la pertinencia de utilizar este mecanismo en virtud de la disuasión generada por la presencia militar. Se ha señalado especialmente el caso de Suecia, que en septiembre de este año movilizó a sus Fuerzas Armadas para respaldar las labores policiales frente al aumento de homicidios vinculados al crimen organizado.

Sin embargo, en nuestra realidad, debemos tener presente que la sola movilización de las Fuerzas Armadas con el propósito de disuadir no constituye la solución integral del problema, ya que no aborda las raíces profundas del crimen organizado. Por cierto, se puede acudir a ellas para situaciones específicas. Sin embargo, nuestro camino, más bien, está ligado al fortalecimiento institucional, especialmente en el ámbito de la inteligencia, tanto de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) como de los departamentos de inteligencia de Carabineros y la PDI. Además, es crucial fortalecer las fuerzas policiales, los Tribunales de Justicia, el Servicio Nacional de Aduanas y otros actores involucrados, todos coordinados dentro de una estrategia nacional integral contra el crimen organizado.

Volviendo a la realidad local, ante el impacto generado por la ENUSC y la crisis de inseguridad que observamos en la actualidad, es imperativo abordar con seriedad el fortalecimiento del rol estatal para salvaguardar la paz y seguridad. La necesidad apremia en asuntos como la recuperación de barrios tomados por el crimen organizado, donde vemos con frecuencia el reclutamiento de jóvenes para acciones delictuales que han abandonado el sistema educativo. En esta dirección, es central que el Ministerio de Educación aborde con urgencia la deserción escolar en coordinación con lo que puede hacer el Ministerio de Desarrollo Social y las organizaciones pertinentes. Además, resulta fundamental replantear la política carcelaria, dado que las bandas criminales continúan operando sin restricciones desde el sistema penitenciario.

En relación con los avances, es justo destacar la agenda gubernamental de seguridad que contempla 31 proyectos, cuya implementación debe acelerarse. Entre estos proyectos, se incluyen la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el fortalecimiento de las municipalidades para abordar temas de seguridad y la prevención de delitos, la implementación del sistema de inteligencia financiera y el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado. Estos proyectos están actualmente en discusión en el Congreso Nacional y son fundamentales para dotarnos de una institucionalidad apropiada para enfrentar el desafío actual.

Los resultados de la ENUSC deben ser el catalizador que impulse acciones concretas y responsables, enmarcadas en acuerdos políticos amplios. Ejemplos como los mencionados anteriormente nos inspiran a alcanzar lo posible de manera conjunta. Por el contrario, ceder a la tentación de buscar culpables y, sobre todo, priorizar ganancias políticas de corto plazo mediante la instrumentalización de un problema de gran impacto en la vida de los ciudadanos, como es la seguridad, podría generar consecuencias irreversibles en el mediano y largo plazo. Debemos asumir que este asunto es altamente complejo y que, por lo tanto, no resiste mezquindades políticas de ningún sector. Se trata de un asunto de Estado, lo que implica apoyar una política consistente, orgánica y oportuna.

Por todo lo anterior, parece razonable que la problemática de seguridad se aborde desde la perspectiva de mejorar la gestión de todos los programas, instituciones e instrumentos públicos orientados a la prevención y persecución de los delitos. Junto con lo anterior, facilitar la coordinación con las organizaciones privadas y de la sociedad civil que pueden colaborar en esta materia. Hagamos una discusión honesta, sin el fragor y tironeo de una elección. La Constitución, por sí y ante sí, no resolverá la cuestión de fondo que está principalmente en el ámbito de la estrategia y la gestión estatal. Todos queremos y apoyamos la modernización de la institucionalidad pública en materia de seguridad, pero aquello supone no caer en promesas falaces que no resolverán el problema de fondo.