Crisis social, responsabilidad y su círculo virtuoso

Hablar de resguardar los Derechos Humanos y de asegurar el orden público no es una contradicción. La seguridad pública es un Derecho inalienable en una sociedad democrática, al Estado de Derecho. La mal entendida ideología nos ha hecho creer que son derechos que están contravenidos. Un trauma que arrastramos desde la dictadura. Ese nivel de daño es tal, que parece no sabemos distinguir cuando el Estado se ve obligado por la vía constitucional a proteger a la ciudadanía.

Lo que agrava este punto y parece justificar esta supuesta dicotomía, es que separar delincuencia, lumpen, narcotráfico de una manifestación de grupo no ha sido una tarea relevante para este gobierno. Esto ha provocado que fuerzas de orden actúen con el mismo poder para reducir una marcha de ciudadanos como si fuera un saqueo flagrante. En estos últimos casos, testigos acusan ausencia de Carabineros, y escuchamos audios en que ellos se repliegan debido a la prohibición de usar armas antidisturbios. Un círculo vicioso.

Desde ahí debemos ser ciudadanos activos, aislando a estos grupos que buscan refugiarse en la demanda de equidad sacrificando paz social. La lucha está en la calle hasta el momento en que es secuestrada por antisociales y esa sensación de desamparo que muchos compatriotas tienen, se atribuye a grupos organizados lo que devela la falta de autoridad.

Entonces, temer a priori a nuestra institucionalidad por un punto ideológico debilita también el proceso de mejoras que esperamos, así como que la principal autoridad se desligue de su responsabilidad política.

Señales como la de las Fuerzas Armadas (obedientes y no deliberantes) al escudarse ante el informe de DDHH elaborado por Amnistía Internacional hace algunos días atrás, demuestran que La Moneda está desconociendo este hecho, síntoma de la falta de conducción a buen puerto de los cambios que exigen en este momento los procesos sociales que afectan al país.

No obstante, es el Presidente de la República elegido democráticamente, quien tiene el deber de velar por la conservación del orden público de acuerdo a la Constitución y las leyes. Es el jefe de Estado el responsable cuando usa las atribuciones especiales que las leyes señalan como extender su autoridad a la conservación del orden interno, siendo responsable de sus actos. Más aún, es la figura presidencial una de las claves de la estabilidad políticas del país. Esto no se me ocurrió a mí, sino que está estampado en la Constitución.

Cuando La Moneda en esas pomposas puestas en escena interpela al Congreso exigiendo sacar adelante su mentada “Agenda por La Paz”, yo me permito pensar: el gobierno se exige a sí mismo conocer e informar a la ciudadanía respecto quiénes quemaron supermercados y estaciones de metro, cuáles son las bandas de narcos de las que la misma autoridad se refiere como autoras de distintos hechos;  quiénes son los grupos que además de saquear La Serena y vanagloriarse de aquello,  buscan que se pierda respeto por autoridades e institucionalidad... terroristas que quieren Chile tenga miedo.

Entonces… ¿Dónde está el Código Penal, la Ley Antiterrorista y Carabineros para actuar contra estos antisociales?  Lamentablemente hemos caído en un círculo vicioso tan inoperante como desgarrador. Donde Chile y el respeto por los DDHH  paga las consecuencias.

El Presidente Piñera pareció pitoniso al decir que estamos en guerra, porque logró dividir al país. Pero ni siquiera para gobernar. Toda la responsabilidad la entrega al Parlamento con medidas como el resguardo de lugares críticos. Pues bien, nuestro deber es sacar adelante las leyes necesarias para enfrentar la contingencia, mientras el responsable es el Presidente si le pide al Congreso facultades para ejercer ese rol. No obstante algunos parlamentarios buscan saltarse la norma para dar señales políticas.

Por cierto que la salida es política y es hacia una nueva Constitución, marco desde donde construir este nuevo Chile más equitativo requiere responsabilidad de TODOS y cada uno desde nuestro rol como agentes de cambio. Y desde ahí quienes están trabajando para sentar las bases y sacar adelante esta salida constitucional  tienen la obligación moral y política de ponerse de acuerdo a la brevedad y descomprimir el proceso para buscar acuerdo; hay que estar a la altura fijando un camino claro, se deben abocar al mandato que ellos mismos se dieron cuando se firmó el acuerdo. 

No podemos perder de foco que la solución a la crisis pasa por conjugar una agenda social potente, un acuerdo importante en materia económica que impulse respuestas a las demandas financiada por recursos del Estado además del aporte relevante del sector privado - quienes parecen tomar palco y desviar la mirada en una recuperación económica - lo que si bien es urgente no es mera responsabilidad estatal.

Pero como punto de partida, esta solución comienza por ejercer nuestra propia responsabilidad: no desde la fuerza, y menos desde la ingobernabilidad  o la represión a legítimos movimientos sociales, pasa por comprender que responsables somos todos.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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