Crisis social y brecha con la política

Carlos Cerpa

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El estallido social y la  crisis política institucional que se arrastra ya por cerca de 5 meses, plantea un conjunto de desafíos que se derivan de las demandas de la población.

Pero lo cierto es que se observa un denodado esfuerzo por torcerle el rumbo a la movilización social, mediante tibias reformas y, sobretodo, se observa un esfuerzo sistemático por reducir la crisis a un mero asunto de orden público.

No han sido estos los únicos intentos. Previo a estas operaciones de verano, se buscó culpar al movimiento social del escaso crecimiento económico, cuando sabido es que antes del estallido el gobierno nunca logró hacer crecer significativamente  la economía.

Era tal el exitismo, que hace tan solo un año, el mismo Presidente de la República, se erigió en salvador del pueblo venezolano al asistir al show mediático de Cúcuta y buscó instalarse como líder de la derecha latinoamericana. Luego de  hablarle a la prensa internacional del “oasis” chileno, varios de  sus ministros hacían gala de un lenguaje hiriente para la población. Estaban en plena ofensiva política y la oposición en el suelo.

Se han buscado últimamente las causas del desplome campante en el país, en razonamientos ridículos del tipo de la injerencia extranjera o el famoso estudio Big Data.

Lo de fondo, sin embargo, sigue sin solución y sin un derrotero claro, salvo por el plebiscito del 26 de abril, que la derecha dura busca tumbar.

Digamos que lo de fondo está en las inequidades existentes en el país, una Constitución tramposa que ha impedido el juego de la política, el abuso en las relaciones sociales y económicas, el costo de la vida, los bajos salarios, el sobreendeudamiento de la población, y lo ya sabido en pensiones, salud, educación. Todo ello ampliamente documentado por instituciones serias de la sociedad civil o incluso la ONU durante años, sin que la elite se diera por enterada.

El resultado es que venimos viviendo al amparo de un Estado convertido desde los tiempos de la dictadura en el garante de la reproducción abusiva del capital y los privilegios; una política pervertida y colonizada en muchos casos por el clientelismo, las prebendas y la antipolítica, una cultura hiperindividualista derivada tanto de la ideología neoliberal y la incapacidad de la política para resolver las contradicciones de la sociedad, han sido en lo esencial los procesos que posibilitaron  el despliegue agresivo del neoliberalismo en Chile.

Dicho lo anterior, la derecha dura pinochetista hará lo imposible por mantener sus privilegios.

Pero el camino es claro. El esfuerzo sustantivo hay que colocarlo en el proceso constituyente que abrieron las movilizaciónes sociales, darle un amplio respaldo a la opción Sí Apruebo y la Convención Constituyente.

En este sentido, la carta firmada por 231 dirigentes de la ex Concertación  pasan por alto el protagonismo de la sociedad chilena que quiere cambios reales y no acuerdos insustantivos y elitistas.

Conviene señalar que, ganar el plebiscito del 26 de abril es solo el primer paso, porque el proceso no termina allí. El principal y más acuciante problema radica en la representación política que es necesario construir en poco tiempo.

Al respecto, son muchos los ejemplos de la historia que nos enseñan que la energía y generosidad de los pueblos por alcanzar mejores espacios democráticos resultan insuficientes cuando carecen de conducción política responsable y capaz de ponerse a la altura del proceso y sea ciertamente reconocida y legitimada por la población. Es una tarea hoy difícil por el desprestigio de la política,pero ineludible de acometer.

Lo esencial del momento político hoy, radica  en evitar que la derecha dura haga abortar el plebiscito del 26 de abril, por lo que resulta imprescindible  asegurar la soberanía popular sin chantajes ni desvíos militaristas.

Sin embargo, el sentido estratégico para superar la brecha entre “lo social y lo político”, podrá cobrar sentido y forma en la nueva Constitución, mediante formas modernas de participación ciudadana, que redistribuyan el poder político entre los representantes públicos electos según convenciones de la política institucionalizada y formas de democracia social directa, que le permitan a la ciudadanía revocarle el mandato a aquellas autoridades gravemente incompetentes para asegurar la convivencia de la sociedad o probadamente corruptas, entre otras razones de alto interés público. 

Aun en el caso de la política institucionalizada, será necesario reformar profundamente el régimen político, para evitar que el espacio público sea el escenario para la movilidad social o  el espacio para el negocio sectorial y privado. Debido proceso en todos los casos, pero es necesario acotar las licencias del poder político tanto como el económico. 

En esa dirección, y para empezar a dejar atrás la fundada percepción ciudadana de que la política se ha hecho parte del problema, es necesario abandonar los egos y el individualismo exacerbado de mucho líder, para dar paso a acciones concretas y  sinceras de unidad en pos de las demandas sociales. 

La salida a la actual crisis por la que atraviesa el país es simple y clara: más y mejor democracia con justicia social, un Estado moderno al servicio de sus ciudadanos y basado en el respeto irrestricto y en todo momento de los derechos humanos.