Críticas al proyecto de ingreso ético familiar

Con la mira en las próximas elecciones municipales, el gobierno ha puesto suma urgencia a la discusión del proyecto de Ingreso Ético Familiar en la cámara de Diputados.

Para hacer memoria, la apelación a un Ingreso Ético (así bautizado por el obispo Goic) surgió en 2007 a partir de las movilizaciones de los trabajadores subcontratados y se refería a un ingreso decente del trabajo, en el contexto de la precarización del empleo y de los bajos salarios que le son propios.

Aclaremos de entrada que este proyecto de ley nada tiene que ver con aquello. Bajo el nombre de fantasía o de la marca “Ingreso Ético Familiar“, esta iniciativa del gobierno de Piñera no es otra cosa que una propuesta de diversos subsidios monetarios destinados a los hogares más pobres.

Siendo digno de destacar que un país que está creciendo se plantee aumentar los subsidios a los que menos tienen, la denominación de este proyecto induce a equívocos, puesto que su propuesta se reduce a abordar instrumentos que ya tienen recorrido en Chile, es decir, transferencias monetarias directas para los hogares más vulnerables, pero ninguna referencia a los ingresos del trabajo.

Una vez más, políticas sociales compensatorias que deben hacerse cargo de las desigualdades del mercado laboral. Pero, en este caso específico, sólo de los más desiguales de los desiguales, lo más pobres, omitiendo a amplios sectores medios que también están desprotegidos.

Si bien el mensaje presidencial que acompaña el proyecto, de manera desproporcionada define al Ingreso Ético Familiar como un“concepto innovador y revolucionario“, la verdad es que el juego de palabras es lo único novedoso en la iniciativa.

Por el contrario, su fundamentación y eventual implementación pueden ser una penosa regresión a modalidades de política social, no sólo superadas en Chile, sino en buena parte del planeta.

Es cosa de leer la propuesta que entregó el ministro Lavín a la Cámara de Diputados. En el mensaje presidencial del proyecto sobre Ingreso Ético Familiar, al igual que en su momento lo fuera el proyecto que creó el Ministerio de Desarrollo Social, el gran ausente son los derechos.

Haciendo abstracción de que en el país ya se ha legislado por políticas sociales con derechos garantizados (tal como el Auge para la salud, los derechos de la infancia en Chile Crece Contigo y los derechos de los adultos mayores con la pensión básica solidaria), este nuevo proyecto sobre Ingreso Ético familiar no garantiza nada a nadie.

Y no sólo porque en ninguna parte del texto legislativo aparece el concepto de derechos -y menos aún garantizados- sino porque todos los aspectos relevantes sobre la materialización de los subsidios quedan fuera de la ley y se dejan librados a reglamentos cuya responsabilidad recae en el Ministerio de Desarrollo Social, en acuerdo con el ministerio de Hacienda.

Adicionalmente a lo anterior, todos los años deberá pelearse en la ley de presupuesto un financiamiento para dichos subsidios, al no estipularse obligatoriedad alguna.

Es decir, el actual gobierno ha presentado un proyecto de ley que formula ideas generales y que no contempla dejar precisiones respecto a quienes son y como acceden los destinatarios a los subsidios, cómo se los identifica, cuáles son las coberturas, los montos reales a ser entregados a las familias, ni su progresión financiera en el tiempo.

En suma, la deliberada omisión de los derechos como fundamento de este proyecto, no sólo expresa la visión de la derecha gobernante sobre el tipo de sociedad que desea construir, sino que tiene, además, severas consecuencias normativas y financieras que son un retroceso respecto de avances conquistados.

Lo anterior se expresa concretamente a lo largo del articulado del proyecto de ley, en el que se identifican tres tipos de subsidios distintos según destinatarios y requisitos.

1) El primero de ellos, denominado subsidio de dignidad, es una transferencia monetaria para los hogares de extrema pobreza por el solo hecho de serlo. Es decir, sin ninguna condicionalidad pueden recibirlo familias indigentes o en pobreza extrema, en tanto ingresan voluntariamente a un programa.

Salvo la denominación nueva, este subsidio es comparable al Bono Chile Solidario que desde hace varios años han estado recibiendo las familias que quedan seleccionadas anualmente en dicho programa. Eso sí, hay que decirlo, este nuevo subsidio es de mayor valor que el Bono Chile Solidario.

Cabe preguntarse, entonces, por qué derechamente no se hizo una reforma a la ley del Chile Solidario para aumentar el valor del subsidio que se le entrega a las familias. Y la respuesta es evidente, porque por la vía de empezar con un nuevo subsidio, este gobierno iniciará progresivamente la desaparición del Chile Solidario y creará, con otro nombre de fantasía, un nuevo programa que será muy similar al anterior.

De haber existido voluntad política, este proyecto pudo haber hecho una verdadera innovación y no pirotecnia. Se pudo haber legislado una transferencia universal a todas las familias en extrema pobreza, en cualquier momento de sus vidas y mientras tengan dicha condición: haber procedido con los más desaventajados de nuestra sociedad como se hizo con la Pensión Básica Solidaria.

Con nuestro actual nivel de ingreso per cápita estamos en condiciones de transitar de programas selectivos hacia la extrema pobreza, como el Chile Solidario, a transferencias automáticas y universales a todos los hogares de mayor pobreza, garantizando así que ninguna familia en Chile esté por debajo de un ingreso básico de subsistencia, o ingreso básico solidario.

2) Un segundo tipo de subsidio propuesto en este proyecto, lo constituye otra transferencia monetaria -también destinada a los extremadamente pobres- pero esta vez condicionada al cumplimiento de algunos deberes de las familias.

Desconociendo que el recorrido en el país desde hace más de dos décadas ha permitido masificar accesos a prestaciones sociales, se anuncia como gran novedad proporcionarle a las familias más pobres subsidios asociados al cumplimiento de algunas condiciones, especialmente de asistencia escolar de los hijos y de controles en el sistema de salud.

La experiencia internacional comparada demuestra que el condicionamiento de subsidios ha sido exitoso en países que nada tienen que ver con nuestra realidad actual: países que al implementar un subsidio a las familias por la asistencia escolar de los hijos y sus controles de salud, han forzado a los gobiernos a realizar inversiones públicas y ampliar políticas sociales para atender a quienes quedaban fuera de las prestaciones educacionales y sanitarias.

Claramente, no es el caso chileno. Nuestro nivel de deserción escolar es cercano a los estándares de los países más desarrollados, así como los indicadores de salud materno- infantil son equivalentes a los mejores del mundo.

El problema, como ha sido visibilizado con las movilizaciones del 2011, está en la calidad de los servicios a los que acceden los más pobres. De modo que, más que ponerle condicionamientos a las familias, el ejecutivo debería generar condicionamientos al sector público y dotarse de recursos para asegurar calidades comparables de educación y salud a todos los chilenos, al margen de sus niveles socioeconómicos.

Cuando las familias más modestas vean que, en efecto, hay un horizonte de oportunidades de calidades comparables, entonces harán todo lo que esté a su alcance para que sus hijos se eduquen, sin requerir para ello de un modesto subsidio que no les ofrece esperanzas de futuro.

3) Y, finalmente, el proyecto contiene un tercer tipo de subsidio que los más pobres deben ganárselo con sus esfuerzos: una suerte de “premio” al logro. De todos los mencionados, este es el que más reparos levanta.

Con el supuesto de que los logros son el resultado del esfuerzo, el proyecto propone subsidios de “premio” a las familias pobres cuyos hijos obtengan los mejores rendimientos escolares. Y este supuesto tiene dos implicancias.

Por una parte, desconoce que existen capacidades desiguales y que los resultados de los esfuerzos que los niños puedan realizar están supeditados a la dotación de capacidades que no han elegido. Ello supone una evidente discriminación de origen entre los más y los menos dotados.

Pero, aún si desconsideráramos tal argumento, lo cierto es que con este proyecto se sanciona la desigualdad social chilena y se normaliza, por la vía de una ley, la distinción entre ciudadanos de primera y de segunda. Porque, ¿existe acaso un bono para trabajadores de mayores ingresos condicionado al rendimiento escolar de sus hijos?

Exigencias que no existen para los profesionales bien remunerados o para altos ejecutivos de empresas públicas y privadas, este proyecto de ley las propone para los trabajadores peor remunerados y para los hogares más pobres.

Sin hablar del mensaje valórico que se transmite y de lo que inculcamos a nuestros niños más pobres a lo largo de su proceso de escolarización.

Por un momento imaginemos a un cansado papá que llega tarde a su casa e interpela a sus hijos: A ver Pablito y Rosita ¿cómo andamos?, miren que este mes estoy jodido, no vaya ser que no me toque el bono en dinero porque los perlas me bajaron las notas.