¿Cuenta anual o comparecencia ante el Parlamento?

Lo ocurrido el sábado pasado, con ocasión de la tradicional cuenta anual del estado político y administrativo de la Nación, que el Presidente de la República realiza ante el Congreso Nacional, demostró, una vez más, que la actual modalidad institucional está agotada. Más allá de la persona o coalición que detente el Poder Ejecutivo este rito se ha convertido en un monólogo que resulta repetido y carente de sustancia. Un festival de anuncios y auto halagos, más que un verdadero balance, respecto del cual los legisladores carecen de una instancia para formular apreciaciones.

Por ello, creo necesario promover una reforma constitucional con el objeto de reemplazar esta cuenta anual por una comparecencia del Jefe de Estado ante el Parlamento, de modo que tras su intervención los bloques de gobierno y oposición puedan expresar su opinión y replicar los dichos del Primer Mandatario.

¡Qué bueno hubiera sido poder hacer patente ante el país diferencias en torno a la matriz energética, advertir que el cambio en la metodología de cálculo es lo que motiva las abultadas cifras de empleo, señalar que los complacientes datos en torno a la reconstrucción se basan en la mera entrega de subsidios de papel o que no hubo mención alguna respecto de la crisis del gas en Magallanes, ciertamente el mayor conflicto social del último período!

Si bien estas comparecencias son propias del régimen de gobierno parlamentario, nuestra Constitución ya ha recogido instituciones de dicho sistema, como la interpelación a los Ministros, al tiempo que ha avanzado en aumentar significativamente los derechos y prerrogativas de la oposición, buscando equilibrar la desmesurada preeminencia del Ejecutivo, tanto del texto original de la Carta Fundamental de 1980, como de los anteriores.

El país necesita seguir perfeccionando el sistema democrático aumentando la participación de la ciudadanía y promoviendo una mayor responsabilidad política de los gobernantes, lo que ciertamente requiere de espacios institucionales en los que poder ejercer el legítimo derecho a disentir y formular observaciones respecto del rumbo del país.

No creo que una comparecencia del Presidente de la República ante el Parlamento pueda prestarse para incidentes o desórdenes. Por el contrario, la posibilidad de rebatir directamente al Primer Mandatario y generar un legítimo diálogo democrático sustituirá la necesidad de que los legisladores deban expresarse con carteles. Me parece, además, que para el país constituirá un gran ejercicio cívico y una muestra cabal que se puede discrepar con altura de miras y respeto.