De la Cuenta Pública que realizará el Presidente el próximo 1 de junio tengo diversas expectativas en áreas como transporte, ciudad, medioambiente y recursos hídricos. El año pasado hubo buenas noticias en transporte, como el fortalecimiento del desarrollo ferroviario y el mejoramiento de la infraestructura vial del transporte público en regiones, pero desafortunadamente insuficiente.
Las regiones han sido olvidadas históricamente en el transporte público, donde la mayor parte de las capitales regionales tienen sistemas muy precarios. Por lo mismo, el Mandatario tiene una oportunidad única para fortalecer el transporte público en regiones, a través de un plan de largo plazo que incorpore modos de alto estándar (buses eléctricos con estaciones o tranvías) y la integración tarifaria del sistema. Es evidente que esto no se va a poder implementar en un período, pero es fundamental que quede planificado y que comience su implementación en al menos una capital regional.
La ciudad debiera seguir siendo el centro de preocupación y acción del Gobierno, ya que la calidad de vida de todos tiene su principal devenir en este lugar. Se ha avanzado con emblemáticos espacios públicos en diferentes ciudades del país, pero se deben incorporar más y nuevos espacios públicos, integrando elementos naturales como humedales, quebradas y laderas con sus servicios ecosistémicos como medida central para dar mayor resiliencia a la ciudad. El alto déficit de viviendas debería abordarse como eje clave y parte del hacer ciudad. Para esto, el banco de suelos debe robustecerse hacia lograr más y mejores ubicaciones dentro de la ciudad, para lograr viviendas conectadas a las redes de oportunidades. Por otro lado, acelerar la construcción de viviendas con diferentes formatos y actores es una oportunidad y necesidad, que debe ir en sintonía con la consolidación de barrios con equipamiento, servicios y espacios públicos de calidad, para lograr ciudades más equilibradas y justas, con barrios seguros, amables y a escala humana.
En medioambiente, Chile ha asumido compromisos para alcanzar su carbono neutralidad a más tardar el año 2050. Si bien se ha reconocido la importancia de la electromovilidad y la transición energética para lograr esta meta, falta establecer acciones e incentivos concretos para estos primeros años de gobierno. En un contexto climático adverso, acelerar el proceso de descarbonización de la matriz energética es un paso urgente, de lo contario, los costos asociados a la mitigación de sus efectos podrían ser incluso mayores para nuestro país.
Finalmente, la ley 20.998 de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) plantea un gran desafío para los Comités de Agua Potable Rural (APR), ya que impone medidas y obligaciones en función de la transparencia, eficiencia y, sobre todo, sustentabilidad del recurso hídrico. Las brechas para su implementación son grandes y es un desafío país impulsar a los APR a adquirir las habilidades necesarias y aplicarlas, para convertirse en SSR.
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