Decir la verdad no es polarizar

Fernando Astudillo Becerra

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En la coyuntura política, y en el actual debate constitucional, la derecha política, parte de la Democracia Cristiana, sectores del socialismo democrático, los Amarillos por Chile y en general los grupos que se han definido por el rechazo a una nueva Constitución han entregado un mensaje que contiene un falso argumento: que los discursos que implican alguna forma de polarización hacen daño.

Este argumento no tiene en cuenta que muchas veces lo que se deslegitima como polarización corresponden a la simple y llana realidad, a los hechos. Se olvida muy rápidamente que la verdad siempre nos hace libres; y doy tres ejemplos para graficar lo anterior,

El primero lo ofrece la acción del Poder Judicial. Son miles y miles de chilenos y chilenas que fueron objeto de la desaparición, de ejecuciones sumarias, de la tortura, prisión política y el exilio. Ellos conocieron la ausencia de una judicatura que efectivamente protegiera a quienes eran parte de sistemáticos crímenes y violaciones de sus derechos, pues ésta se aliaba y rendía pleitesía al dictador. Estas actitudes también fueron crímenes de Estado por los que aún hoy hay responsables en la más absoluta impunidad. Esa conducta, tal vez atenuada, ha persistido hasta hoy.

Por esto, la propuesta de revisar y replantear el tipo de justicia que tenemos los chilenos hoy corresponde a una necesidad histórica, de un Poder Judicial que se ha hecho cómplice del horror.

Siguiendo la política de represión pinochetista, Piñera arremetió contra los participantes de la revuelta social de octubre de 2019 con nuevos crímenes de Estado: más de 400 personas perdieron la visión de uno de sus ojos, hay alrededor de 35 personas asesinadas, miles de chilenas y chilenos fueron heridos, torturados, arbitrariamente detenidos. Las responsabilidades siguen sin ser esclarecidas y la justicia sigue ausente.

Un segundo ejemplo lo constituye la acción de Carabineros de Chile, que sigue sin constituirse en un agente protector de las mayorías, no brinda "seguridad" a la población, los delitos cometidos por agentes del Estado en cumplimiento de las políticas de un gobierno, como el de Piñera, violador de los derechos humanos, siguen en la impunidad.

Muchos chilenos y chilenas teníamos la esperanza de que el gobierno del Presidente Gabriel Boric diera un cambio drástico a esta política represiva, pero a la luz de los acontecimientos, de las declaraciones de apoyo a esta institución y de las denuncias que se realizan día a día, nada de ello parece haber sucedido.

Por lo tanto, cuando en la nueva Constitución se plantea la necesidad de una nueva policía o un cambio estructural de Carabineros se está planteando un tema que es de especial relevancia para una mejor convivencia social y para un efectivo respeto de los derechos humanos de parte del Estado.

Y, para completar el panorama, un hecho de la coyuntura, recientemente el Presidente Boric volvió a militarizar la Región de la Araucanía, lo que sienta un peligroso precedente y esperamos que esto no se traduzca en nuevas muertes de personas en manos de agentes del Estado.

A mi entender, la solución a las reivindicaciones del pueblo mapuche, con toda la complejidad que éstas significan, comienza por que el Estado haga todos los esfuerzos políticos y jurídicos para cumplir con el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es parte de nuestra legislación, ya que se promulgó a través del decreto 236 del 2 de octubre de 2008, se publicó en el Diario Oficial el 14 de octubre de 2008 y entró en vigencia el 15 de septiembre de 2009. Ni más, ni menos, supone respetar nuestra propia legalidad, es allí donde está el germen de la solución de los problemas del Estado con los pueblos originarios y ahí están las bases del diálogo.

Más recursos para la compra de tierras de parte de Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) sigue la política de convertir a esta institución en un buen corredor de propiedades y no tiene que ver con la histórica reivindicación de los pueblos indígenas de su propiedad ancestral, desvirtúa las finalidades de esta institución y nubla el objetivo de recuperación de las tierras.

Tenemos que tomar en serio las demandas de los pueblos originarios y no pretender incumplir los compromisos con el derecho internacional a que el Estado se ha obligado, de otra modo un gobierno que trajo esperanza a nuestros pueblos caerá en el largo engaño histórico que estos han sufrido.

Por ello las bancadas del gobierno en el Congreso y el Ministerio del Interior deben cerrar filas en torno al cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Si decir esto es polarizar, se parte de una premisa absolutamente equivocada, que en muchos casos se convierte en connivencia con un modelo de dominación.

El primer responsable del respeto a los derechos humanos es el Estado, sus diversos regímenes y sus funcionarios ejecutantes.

En relación con la controversia, la gestión del Presidente Boric se medirá por los índices de una mejor vida y de mayor dignidad de los y las chilenas/os. Querer ir por el camino del "centro" es sencillamente oportunista y hasta cómplice de un modelo de organización social que ha fracasado en la construcción de paz y justicia social. Decir la verdad no es polarizar, es solo poner temas centrales de la vida de nuestro Chile en la discusión.