Detenidos políticos, violencia de Estado y el indulto

Eduardo Vergara

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Se ha profundizado la preocupación respecto a personas que siguen en prisión preventiva tras ser detenidas en el marco del estallido social que se inició en octubre del 2019. Como resultado se abrió un debate respecto a si estos, o parte de estos, son presos políticos o no.

En paralelo, se presentó en el Senado un proyecto de ley para otorgar un indulto a los detenidos durante la revuelta. Ambos elementos relatan en parte la historia del periodo más duro que ha vivido el país tras el retorno de la democracia en lo que a violencia y violaciones a DD.HH. se refiere. Sin embargo, no son necesariamente apreciaciones estrictamente correctas.

Partamos por lo segundo. Un grupo de senadores de oposición ingresó un proyecto para indultar a las personas acusadas de cometer actos vandálicos en el marco del estallido. Su premisa central, se basa centralmente en la desproporcionalidad del trato y la privación preventiva de la libertad en plazos injustificados.

En esto, tienen toda la razón. Efectivamente parte de esas detenciones, sean mayoritarias o no, carecen de debidos procesos y alargar la prisión preventiva ha sido a todas luces una vulneración.

Sin embargo, presentar un indulto general para todos los detenidos es una medida irresponsable que al situarse en un extremo termina por ocultar los problemas de fondo. Esto porque una fracción de los detenidos cometió graves delitos de vandalismo o usaron la violencia. Ambas acciones son intolerables, deben ser sometidas a un juicio justo y de ser encontrados culpables deben ser castigados.

Con todo, la irresponsabilidad es también política, ya que es prácticamente imposible que un indulto de esas características se haga efectivo, al menos hasta ahora, no contaría siquiera con los votos en el Senado.

Un esfuerzo necesario, terminará como una derrota política transformada en victoria para el Gobierno.  

Ahora bien, el día de la presentación del proyecto el senador Latorre (RD), uno de sus autores, escribió "Libertad a lxs presxs políticos". Esta afirmación nos lleva al fondo del debate. ¿Es correcto señalar que en Chile hay presos políticos producto de este periodo?

El Fiscal Nacional Jorge Abbott señaló tener "la certeza total, que no existen personas actualmente en prisión preventiva producto de alguna convicción de carácter político", mientras que José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, declaró no creer "que existan en Chile presos políticos". Lo mismo han asegurado otros actores como el presidente de la CIDH.

Pero nuevamente caer en los extremos, tal como el proyecto de indulto, termina por ocultar una realidad de fondo. De acuerdo a la definición entregada por el mismo Vivanco, los presos políticos son esencialmente presos de conciencia; personas perseguidas por sus ideas, por sus opiniones, por tratar de promover una idea diferente de la oficial. Otras definiciones incluso los definen como resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y que pudiesen estar relacionado con motivos políticos de las autoridades. ¿No son algunas de estas características entonces pertinentes a la realidad de los detenidos durante la revuelta?

Efectivamente ha habido un trato desigual frente a quienes manifestaban su descontento con el gobierno dependiendo de si se trataba o no de adversarios políticos.

Mientras la protesta social era duramente reprimida usando incluso el recurso de abuso policial, centenares de camioneros se tomaron, en plena pandemia, las principales carreteras de Chile. Tras haber amenazada al Gobierno en el mismo Palacio de La Moneda, generaron no solo una clara amenaza sobre el orden público, sino que por sobre todo un desabastecimiento cuando el país más necesitaba conectividad.

Violaron toques de queda, distanciamiento físico y de forma grosera toda medida sanitaria posible.

Palos para los manifestantes y escoltas para los camioneros. Como si fuera poco, a medida que el plebiscito de octubre del 2020 se acercaba, las manifestaciones por el rechazo se caracterizaron por generar miedo, maltrato y agresiones a transeúntes y opositores.

Pero el trato de la policía fue nuevamente escoltarles. Casos como estos sobran y la evidencia es desbordante para demostrar que el Gobierno efectivamente usó a las policías para castigar con fuerza a los adversarios y hacerles valer la ley con todo el rigor, mientras daba un trato diferente e ignoraba la aplicación de la ley para sus amigos.

Es así como la acción policial que hemos observado ayuda como evidencia para ir fortaleciendo un argumento de que efectivamente, parte de quienes fueron detenidos en este tiempo, han sido víctimas de un trato pre determinado por razones políticas y en consecuencia terminaron detenidos.

La evidencia es tan abundante en lo que a la práctica policial se refiere y el rol del Gobierno, que mientras ya van cinco informes nacionales e internacionales que responsabilizan a Carabineros de graves abusos y violaciones a DD.HH. durante el Estallido Social, el Gobierno ha decidido seguir profundizando las posibilidades de abuso al ingresar un proyecto que busca eximir de responsabilidad penal a las policías que hagan uso de sus armas de fuego en defensa propia o de terceros e incluso frente a fugas o desobediencia.

El Gobierno no ha tenido pudor en intentar transformar al país en un campo de guerra donde las policías cuenten con impunidad total para matar a costa de proteger el orden político. Nuevamente, pareciera que hay aquí lo que se busca es profundizar un objetivo político haciendo que las víctimas sean parte de una lógica de persecución desmedida. 

Las acciones políticas que se centran en enviar un mensaje para lograr avances muchas veces terminan derrotadas al decantar en propuestas extremas.

Estas terminan por borrar las problemáticas de fondo. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Si la propuesta de indulto es derrotada junto con la concepción de la existencia de presos políticos, primará una visión anuladora de la realidad. Urge entonces que encontremos acciones y propuestas intermedias que den respuesta y hagan frente a un Gobierno que no ha dudo en tratar de forma desigual a las personas y usar incluso a las policías con fines políticos.

Las víctimas son las que pagan, y cientos de ellos siguen presos. Procesos justos y prontos son urgentes y para lograrlos, muchas veces es necesario dejar la obsesión por los titulares y hacer política silenciosa pero efectiva.