Discapacidad, Constitución y Ciudadanía

Muchas personas en momentos determinados de la vida se sienten como ciudadanos/as de segunda o tercera categoría. De hecho, un porcentaje alto enfrenta el día a día con este sentimiento durante toda su vida. Esto ocurre a la población con alguna discapacidad, la que no puede disfrutar de sus derechos de manera plena y efectiva, por diversas barreras existentes, entre las cuales predominan las de tipo cultural y de participación, generando su invisibilización constante.

La invisibilización es uno de los problemas más complejos que enfrentan quienes viven con alguna limitación puesto que ocurre de manera bastante frecuente. Un ejemplo es la nula mención que tuvo la discapacidad en la Cuenta Pública del pasado 31 de julio, en la que una vez más el Presidente de todos/as los/as chilenos/as no informó ni anunció ninguna medida en este ámbito.

Las barreras de participación inciden de manera directa y negativa en el ejercicio de los derechos, propiciando un status de inmovilidad que ata y amordaza a este grupo de personas que ya enfrentan distintas restricciones asociadas a su condición.

En este sentido, adquiere relevancia la intervención en el proceso constituyente, tanto en el abordaje de problemas sobre discapacidad como en la realización de un sufragio inclusivo y la colaboración en la redacción de una nueva Constitución si es que gana la opción apruebo.

Dicho aporte también tiene que estar presente en la reforma a la Carta Magna si vence el rechazo. Es una oportunidad histórica la de generar una reserva del 10% en las listas de candidatos/as de los partidos políticos y por lo mismo no debería dejarse pasar.

Por el lado de las barreras culturales son como muros insalvables e irrompibles, sobre todo, porque pareciera ser que el arduo trabajo de concientización realizado por los propios integrantes de este segmento de la población y las organizaciones de la sociedad civil no logran los resultados esperados.

Lo anterior no tiene que ver con la calidad del trabajo, sino más bien con lo arraigado que está en nuestra cultura y en las mentes de muchos individuos un sinnúmero de preconcepciones y actitudes de una alta connotación negativa hacia la discapacidad.

Una prueba de lo anterior es la insistencia del senador Guido Girardi (PPD) de emplear la condición del Trastorno del Espectro Autista (TEA) de una forma despectiva e irónica como cuando criticó durante una entrevista de televisión el actuar del gobierno en esta pandemia.

Lo peor de este asunto es que un legislador hace uso de su autoridad y su amplia exposición pública para dar una cátedra respecto de la cultura de segregación hacia las personas con discapacidad, que lamentablemente, aún prevalece en gran parte de las autoridades del país.

En la actualidad, hace falta un debate serio sobre el beneficio que podría o no podría traer una nueva Constitución para la inclusión de quienes están condicionadas a alguna limitación física, psíquica, sensorial o intelectual.

Lo anterior, teniendo en cuenta que gran parte de las normativas relacionadas con la temática aquí abordada no tienen pleno cumplimiento en nuestro país, y porque nadie puede asegurar que un catálogo de derechos definidos para las personas en situación de discapacidad en una Constitución de la República se transforme en la aurora de la inclusión.

Ya lo dijo Erik Sprohnle, un joven “autista” en medio de una manifestación verdaderamente pacífica de organizaciones por la inclusión que tuvo lugar pos 18/O en la Plaza de Armas de Curicó, “queremos ser escuchados sin tener que hacer mucho ruido”.

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Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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